Los crecientes rumores de las últimas semanas hacían presagiar cambios en el equipo de Gobierno. Pedro Sánchez no ha querido demorar por más tiempo una remodelación que venía exigida por una acumulación de desacuerdos internos y evidencias claras de desgaste. Un desgaste que se ha reflejado en las encuestas y que apunta a la consolidación de una alternativa de centro-derecha liderada por el PP. Los cambios resultan del complicado manejo de un considerable número de condicionantes. El primero, que ejerce una prerrogativa exclusiva pero no lidera un Gabinete de un único partido, sino de coalición. El alcance de algunos relevos en carteras socialistas contrasta con la condición casi de espectadores que disfrutan los cinco ministros de Unidas Podemos, después de que Yolanda Díaz hiciera valer que una disminución en el peso de la formación morada habría exigido revisar el acuerdo por el que llegaron a La Moncloa. Al dejar intacto al grupo de ministros de Podemos, Sánchez endosa la responsabilidad de la crisis a su partido y además concede alguna victoria a la formación morada, como en el caso de Carmen Calvo, que se opuso tajantemente a la “ley trans”. Llamativa es la salida de Iván Redondo, al que ha sentenciado el resultado del PSOE en Madrid. La mutua necesidad entre PSOE y Podemos asciende a la ministra de Trabajo a la vicepresidencia segunda y salva además de la destitución a titulares de gestiones disfuncionales o sencillamente desconocidas, que superan la crisis con mayor fortuna que algunos de los que dejan el Gabinete. Pedro Duque, José Manuel Rodríguez Uribes, Juan Carlos Campo o Isabel Celaá acreditan el obligado sacrificio, de mayor nivel en el caso de Carmen Calvo o José Luis Ábalos.

Ni Calvo ni Ábalos, escuderos de Sánchez en su trabajoso ascenso al liderazgo del PSOE y en la llegada al poder, se ajustaban ya al perfil que el presidente necesita imprimir a la gestión de su partido y a la tarea del Gobierno. Con el mensaje de “más mujeres y más jóvenes” ha argumentado Sánchez la irrupción de ministras jóvenes, procedentes de la política municipal y de territorios estratégicos como Cataluña, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Los problemas a los que tiene que hacer frente España están necesitados de perfiles que demuestren su valía, más allá de declaraciones cosméticas del presidente. Los principales partidos de la oposición han reiterado que el problema del Ejecutivo no son sus ministros, sino el líder del Ejecutivo. Los dos años que le restan de mandato exigen a Sánchez cerrar frentes de desgaste por sus malas decisiones como el que reabrió la crisis con Marruecos por la acogida al líder saharaui Brahim Ghali y que ahora deberá reconducir al frente de Exteriores José Manuel Albares, además de trabajar por que España recupere el protagonismo internacional perdido. La marcha de Arancha González Laya, junto a las de Celaá y el jefe de Gabinete, Iván Redondo, dejan bajo mínimos la ‘cuota vasca’ del Ejecutivo, para desasosiego de un PNV que pierde en Política Territorial la figura amable de Iceta y ve cómo la necesidad de preservar el diálogo social salva de la quema a José Luis Escrivá.

Para afrontar su hora de la verdad y relanzar la agenda de recuperación hacia una economía más competitiva, en vísperas de que comience a llegar el flujo de fondos de la Unión Europea, Sánchez se encomienda a las credenciales ante Bruselas de su ahora vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y a una mejora en la coordinación interna y con sus socios en el Parlamento que deberán mimar el titular de Presidencia, Félix Bolaños, y el nuevo jefe de Gabinete, Óscar López. Pero encauzar la recuperación va a requerir mucho más que un cambio de carteras ministeriales.