El recrudecimiento de la violencia machista desde que decayó el estado de alarma confirma los temores ya expresados por expertos en el sentido de que las restricciones de movilidad y socialización constituían una suerte de paraíso para agresores, que podían así extremar el control absoluto sobre sus víctimas. Las cifras son escalofriantes, en el último mes han asesinado a una mujer cada tres días. Y ya son más de 1.100 desde que en 2003 se inició un registro que parece no tener fin. Desde el Ministerio de Igualdad reconocen que están intentando saber “en qué se está fallando”, y los integrantes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que están ministerios, Congreso, Senado y ONG, están realizando un informe de la situación para revisar y mejorar los protocolos. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, aseguró esta semana que uno de los ejes a abordar será el de reducir “la gran bolsa de violencia silenciada y que no se denuncia. Hay que avanzar en la detección”, dijo. En esa detección toda la sociedad ha de ser partícipe, porque cada vez que asesinan a una mujer hay que preguntarse qué pudo hacerse para evitarlo y qué se puede hacer para que no vuelva a ocurrir. Al maltratador hay que detectarlo y aislarlo. Porque, en una paradoja cruel, con la progresiva recuperación de la libertad, las mujeres vuelven a afrontar un peligro creciente en su seguridad. Y en la de sus hijos e hijas, como acaba de demostrar el atroz asesinato de Olivia y Anna a manos de su padre para infligir un daño indeleble a la madre de las pequeñas de uno y seis años. Casos como el de Tenerife provocan una conmoción ciudadana tan explosiva como por desgracia efímera. Y fuerzan a las instituciones a afanarse en encontrar los agujeros de un conglomerado de asistencia legal y social que los tiene, si atendemos a ese 80% de asesinadas que no había denunciado maltrato previo. O al vértigo burocrático y la indefensión que afrontan los huérfanos. La lucha contra estos crímenes mejorará en la medida en que se profundice en la prevención del riesgo, limite las lagunas que amparan al maltratador y cercene cualquier intento político de minimizar su trascendencia.