La confirmación por parte de un ministro marroquí de que la afluencia de miles de migrantes hacia Ceuta fue promovida por el régimen de Mohamed VI, con la reivindicación de la soberanía sobre el Sáhara Occidental de trasfondo, hace temer que la crisis dure tiempo porque se vuelva recurrente para Rabat. Se trata de un pulso desigual, dado que España no podría aplicar medidas análogas de presión sin dejar de ser un país democrático y solidario. Pero la fortaleza de nuestro país frente al chantaje de Marruecos y para demostrar que Ceuta, Melilla, la costa andaluza o la canaria forman parte de la frontera sur de la UE depende sustancialmente de la unidad interna. Pedro Sánchez y Pablo Casado no estuvieron ayer a la altura de su responsabilidad. Se dejaron llevar por la inquina mutua en el Parlamento al exacerbar diferencias frente a la defensa común de la integridad territorial y la denuncia conjunta de la ominosa utilización de personas vulnerables en el tablero geopolítico. Nunca antes una crisis diplomática que también es migratoria -aunque lo negase el presidente- había sido retransmitida minuto a minuto con la salvedad de sus primeras horas. Ello ha permitido constatar las escaramuzas de entrada en grupo en Ceuta, la angustia y la fatiga en muchos de los rescatados del mar y la decisión en jóvenes dispuestos a seguir intentándolo. Las imágenes revelan la entrega de submarinistas de la Guardia Civil en la salvaguarda de vidas, el temple de la Policía Nacional ante las avalanchas y el gesto acogedor con que miembros del Ejército reciben y atienden a los migrantes. Pero a pesar de la magnitud de la avalancha de marroquíes que buscan un futuro mejor, se hace necesario un trato humanitario acorde con la democracia española, protegiendo los derechos que asisten a quienes consiguen rebasar la línea fronteriza. El Gobierno está procediendo al cuenteo de los migrantes que han sido retornados o lo han hecho por propia voluntad, y a partir de este momento es urgente la acogida de los menores y mujeres embarazadas o con hijos y el reparto entre todas las comunidades autónomas.