La economía europea, aún convaleciente de los estragos causados por la pandemia, se recupera con mayor lentitud de la esperada y no alcanzará hasta 2023 el nivel previo a la emergencia sanitaria. Los sucesivos rebrotes del virus, con el consiguiente mantenimiento e incluso extensión de las ineludibles restricciones para controlarlo, constituyen un pesado lastre para impulsar la actividad. Tampoco ayuda a ello la lentitud en la vacunación, determinante para recobrar una cierta normalidad. En este contexto resulta preocupante el retraso acumulado por las ayudas de la UE, a las que los países más golpeados por el covid -España e Italia, sobre todo- fían en buena medida la reconstrucción de su tejido productivo y que siguen sin estar disponibles casi un año después de su aprobación. El Tribunal Constitucional alemán ha despejado el camino al rechazar un recurso contra el plan por supuesta vulneración de los tratados europeos. La principal potencia de la Eurozona tiene así vía libre para firmar su ratificación, lo que constituye todo un alivio. Pero, en un proceso que requiere la unanimidad de los Veintisiete, diez socios comunitarios siguen sin dar ese paso para que Bruselas pueda endeudarse a fin de sufragar los programas destinados a reparar la maltrecha economía. La Comisión prevé que su desembolso arranque por fin en julio. Agilizarlo al máximo es una necesidad objetiva. La situación no permite más demoras. Para superar esta crisis mayúscula, la UE precisa cuanto antes los 750.000 millones entre subvenciones a fondo perdido y créditos comprometidos para financiar proyectos que han de modernizar su industria y transformar su modelo de crecimiento. La obligada eficacia en la gestión de esos recursos pondrá a prueba a los gobiernos, que carecen de margen para el error en unas circunstancias tan excepcionales. Del éxito de estas ayudas depende el futuro de la Unión. Aunque la UE intervino en esta crisis con la diligencia y rapidez que se echaron en falta en la de 2008, todavía tiene mucho por hacer. Estados Unidos le ha tomado la delantera con un ambicioso plan de estímulos de 1,9 billones, una acelerada vacunación y unas más halagüeñas perspectivas de reactivación.