Alarma ante el vacío legal

El presidente Pedro Sánchez deslizó en su comparecencia del martes su intención de prescindir del estado de alarma del 9 de mayo en adelante, anunciando un vacío legal que inquieta a los gobiernos autonómicos, sobre los que recaerá tanto la carga operativa como la normativa. En la Comunidad foral, la presidenta Chivite, anunció que pediría la prórroga del estado de alarma si fuera necesario, y que incluso sin esta figura se podría acordar el cierre perimetral de Navarra, lo cual no está tan claro. También el martes, el presidente hizo público un calendario de vacunación ambicioso y esperanzador. Al día siguiente el Consejo Interterritorial de Sanidad acordó suspender la vacunación con AstraZeneca a personas de menos de 60 años. Con lo que los anuncios vacunales de Sánchez pierden sentido. Tras un año de pandemia, solo la práctica desaparición de la incidencia epidémica en el conjunto del territorio nacional -pongamos que una tasa inferior a 10- permitiría prescindir de la figura constitucional del estado de alarma, a falta de una legislación específica alternativa. Es posible que el presidente piense lo mismo, pero haya optado por dejar que sean las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios quienes soliciten prolongarlo. Prevalece la convicción de que la gestión de la pandemia y de sus efectos no es rentable políticamente. Nadie quiere hacerse cargo de más restricciones. Pero nadie se atreve tampoco a inaugurar un nuevo tiempo. Por otra parte, en el terreno de las vacunas se instauró el principio de que la centralización de la compra de vacunas en la Comisión Europea era lo mejor que podían hacer los Veintisiete, y se ha renunciado a evaluar críticamente las gestiones de Bruselas. Y corresponde al Gobierno Sánchez requerir que se despeje el horizonte vacunal a nivel europeo, tanto a la hora de restablecer la autoridad de la EMA, como en cuanto a la administración unitaria de compras de productos previamente validados. Y sobre todo corresponde al Gobierno Sánchez atender a la unánime disposición de la sociedad española a vacunarse, evitando decisiones que susciten inseguridad.