La próxima reforma del sistema de pensiones

El futuro del sistema público de pensiones es un asunto de máxima actualidad que genera un debate que alcanza todas las esferas de la sociedad, desde organismos oficiales hasta los ciudadanos, actuales y futuros pensionistas. Los principales retos del sistema de pensiones actual son: el déficit endémico de la Seguridad Social, que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha augurado se situará este año en el 2% del PIB, y el importante reto demográfico, acrecentado por la próxima jubilación de la generación del baby boom; en definitiva de lo que se trata es de la viabilidad del sistema. El sistema de pensiones español es un sistema de reparto o de seguro solidario para la vejez, en el que las prestaciones de las clases pasivas se financian mediante las cotizaciones de los trabajadores en activo. Existen dos niveles: a) Nivel contributivo y profesional: abarca las prestaciones por Asistencia sanitaria, I.T, maternidad y paternidad, I. Permanente, jubilación, desempleo, viudedad, orfandad y en favor de familiares, y se financia fundamentalmente con cotizaciones sociales; y b) Nivel no contributivo o asistencial: abarca prestaciones (pensiones, subsidios, indemnizaciones, etc...), por asistencia sanitaria, jubilación e invalidez, desempleo, etc., para personas que no han cotizado nunca, o no lo suficiente para tener derecho a las prestaciones del nivel contributivo, y se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El ministro del ramo desea empezar el año 2021 con una nueva ley de pensiones en marcha, y por ello ha animado a la mesa del Pacto de Toledo a llegar lo antes posible a acuerdos que “garanticen la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones, con el consenso de mantener el poder adquisitivo, haciendo frente así a los desafíos del futuro”. La grave crisis provocada por el covid-19, que amenaza con duplicar el déficit estructural de la Seguridad Social hasta situarlo en cerca de 40.000 millones de euros en 2020, está obligando al Gobierno y a los partidos políticos a acelerar la reforma del sistema de pensiones. Sobre todo, tras el reciente y duro informe del Tribunal de Cuentas, que alerta de que no se podrán pagar las pensiones si no se realiza una reforma urgente del sistema. Las medidas principales son: la mayor penalización de la jubilación anticipada o prejubilación que supone el 16% sobre el total, el alargamiento del periodo de cálculo de la base reguladora más allá de los 25 años desde el año 2022, el posible adelanto del aumento de la edad real de jubilación (el retiro a los 67 años se implantará en el 2027) y especialmente el reajuste de los gastos impropios de la S.S., del nivel no contributivo, que benefician este año a unas 450.000 personas, con un costo de unos 23.000 millones, las cuales dejarán de considerarse pensiones y pasarán a integrarse en el futuro en el esquema del ingreso mínimo vital (IMV). Diferencias con los países de nuestro entorno. Algunas de ellas son que las pensiones no se revalorizan ni en base a los precios, ni en base a los salarios, y que la edad de jubilación media está por encima de países como Francia, Bélgica e Italia. También las cotizaciones están por encima de la media de países comparables. El número de años computables para el cálculo de la pensión de jubilación son los últimos 23 (últimos 25 desde el año 2022), mientras que la mayoría de dichos países consideran toda la vida laboral. La tasa de sustitución (relación entre pensión y último salario) es mucho más alta que la media de la OCDE (82% versus 55%). La edad efectiva de jubilación es de 64,6 años y la edad legal de 65,8 años, en línea con los países de nuestro entorno. España es el único país europeo que no revaloriza sus pensiones en función de los precios o de los salarios (IPC, SMI, etc.), aunque así lo haya hecho puntualmente. Pero, el Gobierno pretende cambiar el sistema, de manera que el objetivo principal de la reforma sea la vinculación de la revalorización de las pensiones al IPC, a partir de 2021. Sin embargo, el IPC se encuentra ahora mismo en una tasa negativa y podría cerrar el año en el 0%, por lo que es probable que el próximo año no haya subida para los pensionistas, si el IPC anual cierra el año en el 0% actual, pero obviamente, si no hay un incremento en los precios, los pensionistas conservarían el poder adquisitivo. Además de lo dicho, se ha puesto el foco en las prejubilaciones futuras dado que, en el año 2019, el 39,5% lo fueron antes de los 65 años. Los países con una edad de jubilación efectiva reducida, como el nuestro, tratarán de buscar fórmulas para prolongar la vida laboral y fomentar la jubilación activa. Una esperanza de vida en aumento y una natalidad en niveles muy bajos no invitan a pensar otra cosa. Francisco Javier Sagüés Sala, abogado

La crisis provocada por el covid-19 amenaza con duplicar el déficit estructural de la Seguridad Social hasta situarlo en cerca de 40.000 millones en 2020

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