A lo largo de más de 30 años he tenido la oportunidad, y la fortuna, de tener responsabilidades directivas en grandes empresas para, en una etapa posterior, dedicarme a lo que realmente considero mi oficio, que no es otro que el ejercicio de la abogacía, siempre circunscrita a la disciplina del Derecho del Trabajo.

Desde esa perspectiva y experiencia, quiero compartir con algunas reflexiones aún a riesgo de resultar excesivamente simplista:

UNO. La supervivencia y búsqueda del mayor bienestar del ser humano, desde sus más tierna infancia histórica -al menos civilizada-, ha tenido su base en el trabajo. Resulta, en este sentido, una verdad incuestionable que el binomio empresa/trabajador o conceptos como capital, mercado, economía productiva, derechos de las personas, empleo, etc. no han surgido, precisamente, antes de ayer.

DOS. Cíclicamente, y hasta se podría decir que regularmente, el ser humano manifiesta su parte animal, ausente de todo atisbo de inteligencia, en el momento en el que percibe que, aún existiendo normas, éstas no se cumplen o no se cumplen de igual manera para todos. Es la propia Justicia, de la que emana el Derecho, la que hace posible reducir a mínimos esa parte animal y permitir la convivencia entre todos.

TRES. En nuestra Era Moderna resulta indiscutible, quiero entender que hasta para el más acérrimo defensor de “lo público”, que el empleo se genera en el marco de una estructura de mercado que encuentra su razón de ser en las propias necesidades humanas, sean básicas o de bienestar, y que, a ese fin, se crean y existen empresas que fabrican o manufacturan y venden a cambio de un precio. Precio que las personas consiguen pagar gracias al dinero que obtienen del trabajo que dan aquellas empresas cual círculo natural (aunque para algunos resulte vicioso).

CUATRO. La otra parte de la mencionada supervivencia y bienestar lo representa la necesidad de servicios públicos que, por cierto, también se pagan por los ciudadanos. ¿Cómo? Pues a través de los impuestos que recaudan las Administraciones Públicas que ofrecen el servicio y lo “venden” a cambio de dichos impuestos.

CINCO. La realidad es que, si no se trabaja, no se obtiene dinero con el que pagar las necesidades básicas ni, mucho menos, las que producen mayor bienestar. O los servicios públicos, que tampoco se ofrecen si uno no abona puntualmente sus impuestos.

SEIS. Si un paternal Estado pretende cubrir las necesidades básicas y de mínimo bienestar de los ciudadanos de un país con su recaudación impositiva, no habrá dinero suficiente en la Caja Pública para sostenerlas. Se exprimirá a las empresas y a los ciudadanos que trabajan para cubrir a los que no trabajan, hasta que el nivel de pobreza y descontento sea tan generalizado que, tal y como enseña la propia Historia, se acabe retrocediendo al punto de partida tras un período de, digamos, fuerte inestabilidad social. No tienen más que leer la historia de Roma, por ser moderno.

SIETE. Partiendo, pues, de la idea y necesidad de mantener un sistema de economía de mercado lo más “engrasado” y saludable posible basado, por tanto, en empresas fuertes que aporten el mayor -y mejor- empleo posible, resulta razonable, conveniente y hasta obligado encontrar los necesarios equilibrios entre intereses diferentes y posiciones económicas diversas.

Y para ello se requiere, a mi juicio, de la existencia de dos condiciones básicas: por un lado, un margen de libertad empresarial y sindical suficientemente amplio y flexible para que los componentes realmente protagonistas del mundo del trabajo sepan confrontarse primero, para, sin solución de continuidad y a través de la obtención de la mutua confianza, entenderse después.

Y, por otro lado, un marco regulatorio estable, claro, justo y sin ambiciones o tentaciones intervencionistas. Tras mi experiencia, ratifico como verdad irrefutable las palabras de mi querido profesor José Mª de la Cuesta Rute (sirvan estas líneas como emocionado recuerdo y homenaje a tan gran maestro): El Derecho está creado para regular las distintas realidades materiales que se dan en la vida de las personas, y, aplicado al ámbito mercantil, infiere que un marco institucional y normativo estable y reconocible resulta capital para el mercado y sus operaciones.

Por todo ello creo que, ahora más que nunca, debemos mantener y aplicar un marco normativo que aporte seguridad jurídica, tanto a empresarios como a trabajadores (sean privados o públicos) como a los propios operadores jurídicos, huyendo de fiebres reformistas permanentes.

Y creo, también, que empresas y trabajadores deben obtener un marco de trabajo basado en la confianza y el beneficio de todos que mate, de una vez por todas, el vicioso -este sí- círculo de la contratación y la extinción de contratos como único método de adaptación a los vaivenes de la vida económica y apostar, seria y definitivamente, por hacer de la empresa un objetivo común y, asimismo, estable.

Todos a una, en las duras y en las maduras.

Víctor M. Fernández Díaz. Abogado.