Diario de Navarra

La década de los ochenta del S. XX fue pródiga en ilusiones, incluso para un joven veinteañero que iniciaba su andadura profesional en el Parlamento de Navarra. Se trataba de construir un nuevo Estado social y democrático de Derecho sobre la vieja y conflictiva nación española, que con todos los peros que se quiera es nuestra nación, al menos en el sentir de muchos, y como todo lo propio aunque no nos gusten muchas cosas, hay que esforzarse en su mejora. En la construcción del nuevo Estado (sin reminiscencia alguna con aquel “nuevo estado” franquista) se habían introducido instituciones que deberían preservar el equilibrio de un Estado descentralizado de la mano del llamado Estado de las Autonomías. Una de esas instituciones era el Tribunal Constitucional, pues es sabido que una de las principales funciones de la Justicia constitucional, es resolver los conflictos territoriales entre el Estado y las nuevas regiones y nacionalidades que preveía el artículo 2 de la Constitución. He oído de nuestros mayores que cuando se le propuso al presidente Suárez la necesidad de incorporar a nuestro texto constitucional de 1978 un órgano de justicia constitucional no se opuso, aunque seguramente desconocía el alcance de incorporar un órgano de tal naturaleza, pese al precedente republicano del Tribunal de Garantías constitucionales de no grata memoria, pero que la generación de la Constitución desconocía en sus detalles, puesto que el franquismo borró de la memoria histórica de aquella gente, todo lo relacionado con el periodo republicano y con su obra legislativa, lo que posibilitó cierta imagen idealizada de la Constitución del 31 y de la II República, ajena a la realidad histórica. Aprobada la Constitución Española de 1978 y celebradas las elecciones de 1 de marzo de 1979, que ganó el presidente Suárez, se encomendó al entonces ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez Llorca, la puesta en pie del órgano constitucional que requería la aprobación de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, prevista en el artículo 165 de la Constitución. Tras su promulgación como Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre (LOTC), sobre un texto elaborado por los profesores García de Enterría, García Pelayo y Rubio Llorente y el magistrado del Tribunal Supremo, Jerónimo Arozamena, que fue debatido y enmendado por las Cortes, y donde lucieron sus mejores galas parlamentarias algunos senadores navarros, en especial José Gabriel Sarasa, que incorporó a la LOTC el texto de la disposición transitoria quinta (que equiparaba Navarra a las Comunidades Autónomas como fundamento de su legitimación para interponer recursos y formular conflictos de competencia), se puso en marcha el Tribunal Constitucional. El TC, tal como establece el artículo 159.1 de la Constitución está compuesto por doce miembros nombrados por el Rey, pero elegidos cuatro por el Congreso, otros cuatro por el Senado y los cuatro restantes entre el Gobierno (2) y el Consejo General del Poder Judicial (2). Sin embargo, aunque las Cortes y el Gobierno fueron muy diligentes para nombrar a los diez magistrados que les correspondían, faltaban los dos del CGPJ, por la sencilla razón de que el CGPJ era un órgano previsto en el artículo 122 de la Constitución, no estaba constituido, lo que hizo necesario aprobar a toda velocidad la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial en 1980 (Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero), sin esperar a la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por dicha razón los diez magistrados electos (Colegio de magistrados) se reunían en la sede del Centro de Estudios Constitucionales (Palacio de Godoy) en labores preparatorias de su organización y funcionamiento hasta que fueron nombrados los dos magistrados por el turno del CGPJ. El Tribunal Constitucional se constituyó en julio de 1980, siendo elegido presidente Manuel García Pelayo, frente al candidato del presidente Suárez, el profesor Aurelio Menéndez (fundador del reputado despacho Uría-Menéndez), como muestra de independencia del órgano guardián de la Constitución frente al poder constituido que representaba el Gobierno, dictando su primera sentencia el 26 de enero de 1981. Han transcurrido cuarenta años desde entonces y el TC es un órgano insustituible en nuestro sistema constitucional. Es cierto que la institución, como obra de humanos, no es perfecta y el TC ha brillado y en ocasiones no tanto, como casi todos los órganos de justicia constitucional, en particular cuando han pretendido bajar a lo que los constitucionalistas americanos llaman la “political arena”. Hoy que se pretende “desjudicializar la política”, según el pacto del presidente Sánchez con los independentistas de ERC y nacionalistas del PNV, debe quedar bien claro que todo acuerdo político, por importante que sea, no puede traspasar el marco de la Constitución Española, salvo que se reforme. El TC debe brillar, entonces, como custodio de la obra del constituyente, preservando el edificio constitucional, pues para ello fue creado. Manuel Pulido Quecedo, doctor en Derecho Constitucional

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Cuarenta años del Tribunal Constitucional

Debe quedar bien claro que todo acuerdo político, por importante que sea, no puede traspasar el marco de la Constitución Española, salvo que se reforme

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