Diario de Navarra

En el pleno del pasado jueves, María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, me retaba de forma airada a acudir a los tribunales de justicia si cuestionaba su legitimidad como presidenta. Se equivoca. La legitimidad en política no debe confundirse con la estricta legalidad. La legalidad es algo objetivo y en principio poco cuestionable. La legalidad de su Gobierno y de su presidencia nadie las cuestiona. De lo contrario, efectivamente, ya hubiera acudido a los tribunales, que no lo dude. Otra cosa es su legitimidad para pactar un Gobierno con Geroa Bai, Podemos, I-E y el cada vez más explícito apoyo de Bildu. Esa legitimidad es algo subjetivo y cuestionable, que sale de la esfera de lo estrictamente normativo para adentrarse en el terreno de los valores morales y éticos de la conducta política. Y son muchos los motivos que justifican su ilegitimidad. Para empezar, desde los propios resultados electorales. El PSN, en las elecciones forales de mayo de 2019, obtuvo 11 de los 50 parlamentarios electos. Pero esos 11 son casi la mitad de los 20 obtenidos por Navarra Suma, coalición que tenía la legitimidad para haber intentado la conformación de un Gobierno. No es posible afirmar, como se repite a sí misma la presidenta, que el pueblo navarro le dio su confianza para formar un Ejecutivo. No es en absoluto legítima esa interpretación. Si no ganas las elecciones y obtienes 11 de 50 parlamentarios, no tienes el mandato del pueblo para formar Gobierno. Aunque lo repita una y otra vez. Aunque la sociedad navarra es muy mayoritariamente constitucionalista, como se refrendó por enésima vez en la convocatoria electoral de mayo, el PSN-PSOE ha preferido dejar atrás los valores de la Carta Magna, lo que también le quita legitimidad. Pactar con aquellos que se manifiestan claramente en contra de nuestra Constitución, y que juran su cargo público prometiendo respetarla no por convencimiento sino por imperativo legal, deslegitima el acuerdo alcanzado por María Chivite, y traiciona su itinerario de más de 40 años defendiendo el constitucionalismo. La presidenta Chivite ha traicionado, incluso a sus propias siglas, lo que le quita legitimidad con sus propios afiliados. El PSN-PSOE, desde que se constituyó como federación propia e independiente del Partido Socialista de Euskadi en 1982, ha defendido con claridad la posición de Navarra en la España constitucional como una Comunidad Foral diferenciada de la CAV. Pactar el Gobierno de Navarra con los representantes del nacionalismo vasco en Navarra, que tienen como objetivo la incorporación de Navarra al País Vasco con la pérdida de su diferencia y singularidad, es otra incongruencia política que deslegitima al PSN y a la presidenta. Pero, más aún, María Chivite ha llevado esta deslegitimación hasta sus propias palabras. Tras el peor resultado de su historia, y durante toda la presidencia de Uxue Barkos, el PSN y María Chivite como portavoz y secretaria general de su formación mantuvieron su oposición clara a las líneas políticas fundamentales del cuatripartito como las identitarias, el uso de la fiscalidad o el desprecio a las instituciones constitucionales. Su programa para las elecciones de 2019 se basaba en acabar con el nacionalismo en el Gobierno. Sin embargo, para obtener la presidencia no han dudado en apuntalar un cuatripartito al que la ciudadanía navarra le había echado del poder quitándole 7 de los 26 diputados que lo conformaban. Y para asegurarse su apoyo van a aceptar, ya lo han empezado a hacer, muchas de las políticas que criticaron y a las que se oponían en campaña. Eso deslegitima su mensaje, su acción política y es un fraude para sus votantes. Por si no era suficiente, también el propio PSOE, como federación nacional, se ha encargado de deslegitimar a María Chivite a raíz del acuerdo firmado con el PNV el pasado 30 de diciembre. Siendo ella la presidenta del Gobierno de Navarra, el PSOE, no ha dudado en pactar con la formación nacionalista y su dirección vasca cuestiones que compete negociar en exclusiva al Gobierno de Navarra y a su presidenta. Si ya es grave este ninguneo de su propio partido a la presidenta legal de todos los navarros, su silencio cobarde ante esa humillación pública, que implica sumisión y aceptación de semejante imposición, es la suprema condición de la falta de legitimidad para el cargo que ostenta, aunque no lo ejerza. Más allá de la imposición de una competencia en el tiempo y forma que interesa al Gobierno Vasco y su partido mayoritario, no debe olvidarse que ese mismo partido y ese Gobierno exigen al PSOE un reconocimiento de su identidad territorial negociando un nuevo estatuto con Navarra dentro, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia. Da igual que el 80% de los navarros no los tenga con respecto a su pertenencia a la CAV. Por desgracia, esta falta de dignidad, de coherencia y de ética política, en definitiva, de legitimidad, no se puede exigir en los juzgados, aunque la presidenta legal no lo sepa. Esa legitimidad estuvo, está y estará en los 20 parlamentarios que se sientan enfrente. Carlos Pérez Nievas. Portavoz adjunto de Navarra Suma y miembro de Ciudadanos.

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La ilegitimidad de la presidenta Chivite

El PSN ha preferido pactar con aquellos que se manifiestan claramente en contra de nuestra Constitución

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