Diario de Navarra

Ya tenemos un gobierno legítimo. Así se ha calificado con aplomo por los partidos que lo han apoyado para protegerlo de las duras críticas políticas formuladas por quienes se han opuesto a su conformación. Legítimo es el gobierno y legítimos son los partidos de la oposición. Ni aquel carece de apoyo legal, ni éstos son casposos, retrógrados, fascistas o cavernarios. Ambos, oposición y gobierno, son lícitos, conformes a la ley y, por tanto, legítimos. Cabe preguntarse si podía haber sido de otra manera. ¿Es posible en una democracia plena y moderna, como la española, configurar un gobierno ilegítimo? ¿Es aceptable un gobierno contra la ley y al margen de la ley? La legitimidad es una condición necesaria para alcanzar democráticamente el poder, pero no es condición suficiente para que un gobierno sea cabal, ordenado al interés de los españoles. Hay otras condiciones que es preciso cumplir para disfrutar de los beneficios de legitimidad y alcanzar la autoridad, la que soporta la razón última por la que se debe obedecer sus decisiones. Unas están vinculadas con el ejercicio del poder, por eso se llama legitimidad de ejercicio. Las acciones de gobierno, además de democráticas, deben ser constitucionales, justas, equitativas, solidarias, respetuosas con el principio de igualdad de ciudadanos y territorios, defensoras del Estado social y democrático de derecho, respetuosas con los principios y valores sociales, con los derechos fundamentales, con las instituciones garantes de la convivencia ciudadana. No basta, a estos efectos, asegurar de modo gratuito que el gobierno es progresista. Ningún grupo parlamentario tiene la exclusividad sobre estos conceptos. Todos se demuestran por el resultado de la acción de gobierno. No se es progresista “a priori”, sino como consecuencia del resultado de las acciones ejecutadas. Se progresa porque se ha alcanzado una situación más ventajosa que la del comienzo. ¿Acaso es progresista el retroceder hasta un momento anterior a los pactos de concordia y convivencia política de 1978 que han traído a la sociedad española los años más fructíferos de su historia? ¿Es progresista la vuelta a los enfrentamientos políticos y sociales registrados en la transición e, incluso, como algunos pretenden, a la década, afortunadamente superada, de 1930? No resulta difícil poner ejemplos de gobiernos que han alcanzado el poder por la senda de la legitimidad y la han perdido en su ejercicio. El ejemplo más sorprendente es el de Adolf Hitler, que fue nombrado canciller en 1933 tras dos victorias por mayoría simple en elecciones democráticas. Poco después instauró el Tercer Reich, un régimen totalitario con apariencia de legalidad formal que suprimió las instituciones democráticas de la República de Weimar. Nadie le concederá legitimidad democrática a este gobierno nazi. Otras condiciones son previas a la llegada al poder. En este caso nos moveríamos en el ámbito de lo ético, de lo moral, de lo oportuno y de lo esperado por los electores. Estos no eligieron un gobierno progresista tal como se ha indicado, sino que esperaron un gobierno obligado por el interés común superior, no por el de una parte, vinculado a la utilidad pública, no a los deseos del que va a ostentar el poder. No todos los procedimientos son morales y éticos para alcanzar el poder, ni todos los caminos señalan la senda apropiada a un fin. El fin no justifica los medios, a pesar de lo señalado por Napoleón Bonaparte. ¿Cómo juzgar la actitud de un candidato a la presidencia de gobierno que no rechaza los apoyos de quienes pretenden destruir el orden constitucional, destrozar las máximas instituciones del estado, no quieren contribuir a la gobernabilidad y añoran volver a situaciones de enfrentamiento social felizmente superadas? El gobierno, por estas razones, ha nacido con mucho plomo en las alas, con demasiado lastre para volar alto y firme en pos de la gobernabilidad de España y el bienestar de los españoles. No obstante, porque estos deben ser sus objetivos, le deseo éxito en su gestión desde la lealtad constitucional. Javier Marcotegui Ros, exconsejero del Gobierno de Navarra

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Gobierno legítimo

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