Diario de Navarra

La investidura de Pedro Sánchez ha adquirido un ritmo vertiginoso en este final de año. Una celeridad que va montada sobre cesiones a diestro y siniestro a independentistas y populistas de izquierdas. Uno de los últimos escollos que le quedaba a Sánchez quedó resuelto ayer al hacerse público el informe de la Abogacía del Estado sobre la sentencia de Luxemburgo respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras. En su escrito, la Abogacía sostiene una postura muy diferente a la mantenida por la Fiscalía, que entiende que no procede el excarcelamiento porque ya pesa sobre él una sentencia firme y lo que debe hacer el Supremo es ejecutar la pena de inhabilitación, y mucho más beneficiosa para Junqueras. La Abogacía del Estado pide que se permita a Junqueras salir de prisión para recoger el acta de eurodiputado y pueda ejercer como tal mientras tenga inmunidad. Entre tanto, los letrados piden al Tribunal Supremo que soliciten a la Eurocámara que levante su protección. Más allá de otras consideraciones, y a la espera de lo que dictamine el Supremo, lo que es una evidencia es que el informe de la Abogacía avala las tesis necesarias para que ERC apoye la investidura de Sánchez con su abstención. Flaco favor le ha hecho el presidente a la Abogacía, convirtiendo su dictamen en una clave política de la investidura y dejando a sus profesionales a los pies de los caballos de la crítica política. Con el informe hecho público, Sánchez e Iglesias se apresuraron a presentar las líneas maestras de su acuerdo de Gobierno. Ambos partidos han pactado subir el IRPF a rentas altas, derogar buena parte de la reforma laboral y regular los alquileres, entre otras cosas. Así mismo se comprometen a aprobar una ley que obligue a actualizar las pensiones con el IPC “de forma permanente”. Y falta por conocer mucha letra pequeña. El propio Sánchez admite que la gobernabilidad será compleja. El camino que ha emprendido para alcanzar el Gobierno y en los socios que ha decido apoyarse, en los nacionalistas e independentistas catalanes y en Podemos, así lo aseguran. Un Ejecutivo imposible, compactado sólo por el deseo de alcanzar el poder, y a costa de hacerlo con el extremismo ideológico e identitario. y... Sánchez entrega al PNV la baza de Navarra Un enorme despropósito político que, encima, no encuentra el rechazo que se merece desde el propio Gobierno de Navarra. Eso, y no otra cosa, es lo que constituye el hecho de que el PNV incluya en el pacto para acceder a la investidura de Pedro Sánchez el que Navarra tenga las transferencias de tráfico para la Policía foral en los próximos seis meses. Una cesión, otra más, del PSOE para con los nacionalistas con tal de obtener sus votos. Pero en este caso, con una patada a Navarra de por medio. Porque elegir al Partido Nacionalista Vasco, que propugna la desaparición de Navarra como Comunidad foral para integrarla en Euskadi, como el interlocutor al que darle la baza de un pacto sobre competencias supone toda una bofetada para la mayoría de los navarros. Da igual que ese concepto de las transferencias estuviera contenido en el pacto de Gobierno de Navarra. No es esa la discusión. La torpeza es permitir que el nacionalismo vasco, minoritario en Navarra como nos recuerdan todas las elecciones, sea el interlocutor político para hablar del futuro de la Comunidad foral en Madrid. No se podía elevar a más el papel del PNV ni dejar a las instituciones navarras en más baja posición. Es la constatación de que vivimos en un mundo de despropósitos donde el sentido común no existe. Donde los intereses partidistas priman por encima de la pura dignidad política.

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Cesiones para la investidura y Sánchez entrega al PNV la baza de Navarra

La investidura de Sánchez ha adquirido un ritmo endiablado a golpe de cesiones. Hacia ERC, con la Abogacía del Estado por medio, hacia el PNV y hacia Podemos. Genera una enorme desazón

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