La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha informado este martes 16 de junio en el Parlamento foral de que el Ejecutivo ha revocado la autorización de funcionamiento del centro de acogida Vida Nueva, ubicado en Ciriza, y lo ha excluido del registro de centros de servicios sociales por incumplimientos relacionados con el decreto foral por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales y el régimen de autorizaciones. 

La revocación de la autorización de funcionamiento supone dar de baja al centro en el registro de servicios sociales. Esta decisión no supone un cese de actividad, sino la baja en el registro, según han explicado desde el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

En respuesta a una pregunta de EH Bildu en comisión parlamentaria, Maeztu ha señalado que se trata de un centro que, según recientes informaciones periodísticas, está siendo investigado por un Juzgado de Pamplona tras las denuncias presentadas por tres mujeres que fueron internas del centro. Según informó Newtral, los responsables del centro están siendo investigados por diez presuntos delitos, como detención ilegal, coacciones o torturas por razones discriminatorias.

La consejera ha precisado que el Gobierno de Navarra no ha recibido ninguna denuncia de personas usuarias, pero ha explicado que su departamento ha realizado en el centro seis inspecciones desde 2016, la última de ellas en diciembre de 2025.

"En estas inspecciones nunca se ha detectado ningún ilícito penal, pero fruto de estas inspecciones, en 2022 sí que se detectó el incumplimiento de un aspecto de la normativa, que tenía que ver con el decreto foral 92/2020, de 2 de diciembre, en relación al número de plazas que tenían las habitaciones. Desde el Departamento de Derechos Sociales se instó al centro a que realizara las modificaciones necesarias para adaptarse a esta normativa, que establece que las habitaciones tienen que tener como máximo dos plazas y les dábamos un plazo de cumplimiento hasta marzo del 2025", ha indicado la consejera.

Maeztu ha explicado que "se realizaron además en estas inspecciones otros requerimientos en cuanto a cuestiones que tenían que ver con la modificación de la normativa de ingreso y la no solicitud de determinados datos e informes médicos que se pedían a las personas que ingresaban en este centro de acogida".

El pasado 16 de diciembre, "al constatar que no se habían hecho las adaptaciones necesarias, la inspección del Departamento comenzó el procedimiento para revocar la autorización de funcionamiento y excluir al centro Vida Nueva del registro de centros de servicios sociales por incumplimiento de la normativa". "El 8 de abril, y tras la tramitación del consiguiente expediente que incluye la audiencia a la interesada, se acordó revocar la autorización de funcionamiento del Servicio de Centro Residencial de Inclusión Social, que es como estaba autorizado", ha explicado.

Carmen Maeztu ha precisado que se trata de "un centro de iniciativa privada y que no tiene plazas concertadas, nunca las ha tenido y no existe desde luego en el Departamento de Derechos Sociales ni en el de Salud ningún protocolo consensuado de derivación a este recurso".

La consejera ha precisado que "si en vía judicial se determina cualquier cuestión, el Gobierno de Navarra lógicamente actuará en consecuencia y conforme a lo que establezca, en este caso, la autoridad judicial". "Nosotros, como Administración, hemos hecho cumplir la norma que tenemos en este caso, que es el decreto de autorizaciones", ha subrayado.

El portavoz de EH Bildu, Jabier Arza, ha explicado que el Departamento de Salud señaló que no existe relación contractual ni ningún tipo de derivación desde los servicios de salud mental, pero "en el acta de la última inspección se recoge que el contacto con el centro se hace a iniciativa de las personas usuarias o mediante derivación de los servicios sociales, hospitales o centros de salud". Por ello, se ha interesado acerca de si desde el Departamento de Derechos Sociales o desde Salud se ha comunicado la "conveniencia de no orientar a ninguna persona hacia ese centro".

La consejera ha respondido que "debemos actuar como departamento con arreglo a la normativa que está en vigor y no tenemos un protocolo de derivación a los servicios sociales, por tanto, no hemos enviado ninguna instrucción, porque no hay un protocolo de derivación ni por parte del Departamento de Salud ni por parte del Departamento de Derechos Sociales".