Navarra ha abierto este martes en el Parlamento el camino hacia una moratoria integral y sin fecha para la instalación de plantas de biometano en su territorio. La comisión de Desarrollo Rural ha aprobado  con la única abstención del PSN una resolución por la que se insta al Gobierno foral a prolongar la paralización de los proyectos hasta que se cuente con normas garantistas para su despliegue ordenado. La propuesta, presentada vía moción por Contigo-Zurekin, contaba con los votos a favor de UPN, EH Bildu, PPN, Geroa Bai y el grupo proponente. 

Si la moratoria se aprueba, como apuntan las posturas defendidas este martes por las distintas siglas políticas, prolongaría  a la que el pleno del Parlamento de Navarra debatió y dio luz verde el 30 de octubre de 2025. UPN y PSN consensuaron entonces una suspensión de 12 meses que dejaba únicamente fuera tres plantas. Dos de la iniciativa privada en Arróniz y Sesma además de la que empresa pública Nilsa promueve en la depuradora de Tudela. La situación dio un nuevo giro el pasado abril al suspender cautelarmente el Gobierno la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con la que ya contaban tanto Sesma como Arróniz. Una decisión fuente de sorpresa y malestar en el sector.

La comisión de Desarrollo Rural sienta ahora las bases para otro cambio. Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) se ha referido en su exposición al hondo malestar y la gran controversia que está generando el despliegue de estos proyectos en Navarra,  principalmente en las zonas donde se plantean. Su grupo considera que no existe un calculo técnico acertado de qué cantidad de residuos agroganaderos se generan en la Comunidad foral y cree no se tiene por tanto la capacidad para decidir sobre el modelo de estas instalaciones.  "Ante esta situación de incertidumbre entendemos que urge una respuesta eficiente que dé confianza al conjunto de la ciudadanía mediante una moratoria integral hasta que contemos con ese ecosistema normativo y garantista", defiende la moción. A su juicio, debe apostarse por la autogestión de los residuos ligados a las propias explotaciones ganaderas sin transportar tonelajes de este material de una zona a otra de Navarra. 

La propuesta aboga e insta así al departamento de Desarrollo Rural a que ese "ecosistema normativo" esté participado por "el sector agropecuario, por la ciudadanía y por los municipios afectados". De forma -prosigue el texto- que "permita pautar un despliegue ordenado, sostenible y acorde con la situación de crisis climática, falta de diversidad y consumo excesivo de los recursos". 

LAS POSICIONES, COINCIDENCIAS Y DISCREPANCIAS

Carlos Mena (PSN), que ha comenzado el turno de intervenciones,  ha hecho hincapié en que  cualquier regulación futura  va a seguir generando controversia y no va a satisfacer ni a las plataformas ni a Sustrai. " Lo tengo claro al margen de las toneladas que se acuerden, regulen o voten porque creo que va mas allá de lo que piden. Somos conscientes de esa necesidad de moratoria para poder crear un sistema garantista y no nos vamos a oponer", subrayaba sobre la abstención de su grupo.

A juicio de Adolfo Araiz (EH Bildu), se trata de una "necesidad social a la que hay que proporcionar una respuesta que hasta ahora no ha sido satisfactoria".  Ha puesto sobre la mesa el contraste entre los datos que el departamento maneje procedentes  del censo ganadero (menos de un millón) y los casi 11 millones de toneladas de residuos de los que se ha hablado para estos proyectos. "Votaremos a favor de la moratoria integral aunque entendemos que habrá que dar algún otro paso más en ese sentido". 

En opinión de Javier Ollo (Geroa Bai), la moratoria que finalmente fue aprobada el año pasado es escasa, por lo que coinciden con la necesidad de ampliarla. Se ha mostrado de acuerdo en la oportunidad de la biometanización pero respondiendo un triple criterio  para una sostenibilidad ambiental, social y económica. Rompía una lanza por la labor realizada por el departamento, en manos de su grupo, al que "no le ha quedado otra que aplicar la normativa vigente". 

 Inés Royo (PPN)  ha explicado el voto a favor de su grupo sin ahorrar al mismo tiempo críticas al motivo por el que se ha llegado a esta situación reprochando al departamento de Desarrollo Rural  no haber hecho nada durante este tiempo, desde que se aprobó la moratoria de 12 meses. Ha valorado que la biometanización tiene su parte positiva porque ayuda a  gestionar estos residuos y supone energía renovable aunque no está exenta de costes. "Requiere un análisis que no se ha hecho a día de hoy a la vista de la cantidad de solicitudes y creemos que tiene que haber una regulación normativa antes de empezar a responder", ha sostenido. 

De Miguel Bujanda (UPN) han partido las principales críticas ante  "la irresponsabilidad de un Gobierno de Navarra que ha dejado tirados al los ayuntamientos, a la ciudadanía  y a su propio departamento". Todo ello supone -ha continuado-  "una enmienda a la totalidad de su propio gobierno".  En un inicio, los regionalistas pensaron en la abstención para finalmente optar por apoyar el planteamiento de moratoria integral ante "la irresponsabilidad y dejación de funciones del Ejecutivo" tras la que fue aprobada de forma temporal en 2025 en un intento de dar seguridad jurídica a estas iniciativas.  "Quien ha tramitado todos los expedientes ahora se borra de la inacción ,inactividad y errores. Se achaca que esa moratoria  dejaba algunos proyectos fuera. No,  los que los dejaron fuera fueron los que firmaron las autorizaciones integradas las tardes anteriores", ha cuestionado sobre los expedientes de Sesma y Arróniz.