Diario de Navarra

Hablar de política es referirnos al Estado, a esa organización de poderes públicos al servicio de la sociedad. Hoy muchas voces reclaman una nueva Constitución, considerando que el sistema de la transición está agotado. Sin embargo, una nueva Constitución, que sustituya a la del 78, no puede improvisarse. Exige un amplio consenso de las fuerzas políticas, un clima de paz social y una decidida voluntad de la nación. Pero si en las actuales circunstancias no es conveniente emprender la reforma de la vigente, sí parece urgente reflexionar sobre la misma y hacerlo sin condicionamiento alguno de lo “políticamente correcto”. Analizaremos, muy en síntesis, las materias más básicas de toda norma fundamental: la forma del Estado, la tabla de derechos, el conjunto institucional y el procedimiento de reforma. Una Constitución debe ser clara, breve y flexible, lo que sería un primer motivo para reformar la nuestra. Centrándonos en las referidas cuestiones básicas, el artículo 1.3 de la vigente Constitución dice que “la forma política del Estado español es la Monarquía”, que califica de “parlamentaria”. El adjetivo viene a significar algo así como que no tiene legitimidad propia, derivada de una tradición secular, sino otorgada por la voluntad popular y sin funciones públicas exclusivas. El contenido del Título II, sobre la Corona, no articula una verdadera forma monárquica del Estado. Basta pensar que “el arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones”, que el artículo 56.1 atribuye al Rey, carece de efectos jurídicos. Las palabras del Rey en los recientes sucesos de Cataluña se las llevó el viento. Y el resto de las funciones, salvo los nombramientos civiles y militares de la Casa Real, tienen que ser refrendadas. Sin entrar ahora en el tema, la institución monárquica no se puede entender sin considerar que arbitrar y moderar con efectos reales exige órganos arbitrales y moderadores adscritos a la Corona. La tabla de derechos fundamentales presenta importantes defectos. Hace una separación arbitraria de lo que considera derechos fundamentales especialmente protegidos (Capítulo II, Sección 1ª), respecto de los que califica de simples derechos y deberes ciudadanos, sin tal protección (Sección 2ª). Deja fuera derechos indiscutiblemente fundamentales, como el derecho a contraer matrimonio entre un hombre y una mujer, el derecho al trabajo, el de propiedad y el de libertad de empresa. Además, incluye en el primer grupo el derecho de huelga, que no es un derecho fundamental sino derivado, y resultan superfluas las declaraciones programáticas del Capítulo III, que carecen de virtualidad alguna. La organización territorial española está necesitada de profundos cambios. Es urgente la comarcalización del ámbito local, para que los ayuntamientos de nueva planta sean operativos y puedan dar respuesta a los fuertes retos de los tiempos, pasando los antiguos a constituirse en concejos menores, aunque con representación en las comarcas. El espacio del municipio comarcal sería, al mismo tiempo, partido judicial y unidad electoral básica. En cuanto a las autonomías regionales, no es defendible una vuelta al Estado centralista, que no corresponde a nuestra tradición histórica. El de Franco fue un régimen de excepción. Además, la democracia es ante todo un sistema de limitación de los poderes públicos, que no tienen solamente como límites las libertades y derechos fundamentales, sino también las autonomías políticas, tanto regionales como locales. Que se trata de autonomías de carácter político nos parece indudable, pero ello no comporta la atribución de potestades legislativas a las regiones, pues carecen de soberanía y resulta obvio que la legislación es atributo exclusivo de la nación, única portadora de la soberanía. El caso de Navarra requiere una explicación aparte. En el ámbito nacional, una sola cámara es suficiente para la representación popular, que puede ser de composición mixta, formada por representantes regionales y representantes generales. Y el punto decisivo de un futuro sistema político radica en la indispensable apertura de la representación popular a toda la ciudadanía, con el consiguiente fin del monopolio de los partidos políticos y el rechazo al Estado de partidos. Resulta evidente que sobre la única base de unos partidos radicalmente enfrentados -sin entrar ahora en el problema de la corrupción- no se puede construir un Estado. Finalmente, en cuanto a la rigidez del procedimiento de reforma establecido, los padres de la Constitución de 1978 se excedieron en sus atribuciones. Lo que resulta claro es que las decisiones democráticas se adoptan por mayoría, en algunos casos, absoluta, y las generaciones pasadas no pueden condicionar a las futuras en tan importante asunto, como es la reforma de nuestra Constitución. José Luis Bértolo Rodríguez, exsecretario general de la Delegación del Gobierno en Navarra

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Tradición y renovación políticas

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