Diario de Navarra

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los bancos - y no a los clientes- a liquidar a Hacienda el impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuando se firman hipotecas, ha causado tal alarma en los medios económicos y financieros que, en una insólita reacción, el propio tribunal, se ha visto obligado a ”estudiar” la sentencia para, previsiblemente, dar marcha atrás. Cuesta creer que profesionales de las más altas instancias de la judicatura cambien de criterio, en apenas seis meses, invalidando la sentencia dictada en febrero pasado que establecía justo lo contrario. Es inconcebible que un juez recule en función de la repercusión social que provocan sus sentencias. Se supone que un buen profesional mide y evalúa convenientemente las consecuencias de sus actos, pero ya vemos que no es así. Sin embargo y aunque se vuelva atrás, el daño ya está hecho. A cortísimo plazo, los más perjudicados fueron los accionistas del sector bancario español que vieron cómo sus acciones se desplomaban más de un 10% en apenas dos sesiones. También sufrieron caídas significativas en el valor liquidativo los numerosos fondos de inversión que tenían en cartera títulos bancarios. Igualmente, los inversores de productos más complejos (estructurados, derivados, etc.) padecieron fuertes retrocesos en su patrimonio. Sin embargo, con ser esto importante y doloroso, creo que el principal quebranto ha sido el infringido a la reputación de un país que, una vez más, da muestras de inseguridad jurídica alarmante. ¿Cómo es posible que un empresario o inversor pueda estar sometido a padecer las consecuencias de estos cambios de criterio legales con efecto retroactivo? Aunque en Navarra ya tenemos experiencia -sino que se lo pregunten a los miles de inversores en placas solares-, el que cambien las leyes en pleno partido y, en algunos casos, con efecto retroactivo es injustificable. Por la misma regla de tres imagínense, por ejemplo, que un tribunal falla que todos los impuestos pagados por los clientes al comprar un coche recayeran de repente en el concesionario vendedor… serían pocos los que quedasen en pie. Con este panorama no nos deben sorprender los recelos por parte del capital extranjero a la hora de invertir en un país que, si ya de por sí es complicado (con 17 autonomías, leyes y regímenes distintos), además debemos añadir esta inseguridad jurídica. Tengamos en cuenta que hoy en día con la tecnología y la globalización, las posibilidades de inversión son casi infinitas y el capital se dirigirá a los proyectos y oportunidades de negocio radicados en países con sistemas judiciales serios y estables. Una prueba clara de lo referido anteriormente, lo tenemos patente en nuestro país, donde la crisis empresarial en Cataluña indica bien a las claras -con la huida de 4.000 empresas- hasta dónde es capaz de ir el capital con tal de tener seguridad jurídica. Además, en la sentencia que nos ocupa, el principal argumento esgrimido por el juez se basa en que ”es el banco el principal interesado en registrar la hipoteca y por ello debe hacerse cargo él del impuesto”. A este respecto convendría señalar que también es el cliente el interesado en el registro ya que, de lo contrario, obviamente, el banco no procedería al préstamo. En este sentido, e incluso pecando de ingenuo, creo que la mayoría de las personas a las que se les concede un préstamo para la compra de un inmueble dan por buenas las condiciones y valoran muy positivamente la relación con su entidad financiera. Al fin y al cabo, debemos reconocer que, si es no es por la banca, la mayoría de propietarios de vivienda no podían haber accedido a ella, tal vez nunca en su vida. Así las cosas, tenemos por una parte al sector financiero muy firme en su decisión de no hacerse cargo de dicho impuesto aduciendo, con razón, que lo único que ha hecho ha sido cumplir la ley vigente en cada momento; y por otra, los clientes moviéndose rápidamente -los despachos de reclamaciones bancarias están creciendo como las setas- confiando recuperar unos gastos que, seguramente, estaban más que olvidados. Pero ¡ojo! el reclamante debe saber que el camino va a ser más largo y sinuoso que otros contenciosos habidos en los últimos años como las cláusulas suelo. En caso de que el alto tribunal ratifique la sentencia de la semana pasada, entra en juego un complicado procedimiento en el que el primer paso lo debe dar el hipotecado reclamando a Hacienda la devolución por ingreso indebido. Posteriormente será el organismo público quien lo deberá reclamar a la entidad financiera lo que, a juicio de muchos juristas, será muy difícil que se produzca. De esta manera, Hacienda se encuentra contra las cuerdas porque intuye que, de prosperar el último criterio del tribunal, va a tener que soltar miles de millones que posteriormente va a tener muy difícil recuperar. Sea como fuere, en estos días saldremos de dudas y conoceremos finalmente el criterio del Alto Tribunal, con la sensación de que los españoles, no sólo merecemos más nivel y categoría en nuestros dirigentes políticos, sino también en la cúpula judicial. Juan Pablo Montes Fuentes es director de Renta 4 Banco

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Sentencias y alarma social

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