Diario de Navarra

Desde los años 70 y en torno a conceptos como la emancipación, democratización de las instituciones y de la sociedad en general, asistimos en toda Europa a fenómenos sociales como el de los okupas, personas mayoritariamente de la escena de la izquierda radical que ocupan espacios, locales, viviendas sin tener en cuenta los marcos jurídicos de la propiedad privada y de la democracia representativa propia de los estados modernos, democráticos y sociales. Estos dos consensos (el de la propiedad privada y el de la democracia representativa) generalizados en las democracias modernas y aceptados por la mayoría, no son ni absolutos ni son siempre sinónimos de un equilibrio en favor del bien común. Estos dos principios chocan con otras dos dimensiones de las sociedades democráticas. 1. que la propiedad obliga (socialmente) 2. que la democracia es el gobierno del pueblo, no de los representantes, el soberano es el pueblo, no sus representantes. Estos son dos principios dinámicos y en relación dialéctica entre si dan origen a muchos o a algunos conflictos y de muy diversa índole. Las okupas de locales sin previo aviso en contra de la voluntad de los propietarios y de los representantes políticos, administradores de los bienes, no suyos, sino comunes ( de todos) es uno de esos conflictos.. En el caso concreto de los okupas podríamos decir que todas las partes implicadas en el conflicto tienen razón, pues cuando el propietario defiende su espacio, lo hace en nombre del derecho a la propiedad. Si el administrador es del ámbito público, se acoge a su derecho de administrar, en favor y en nombre de la mayoría, lo mejor que puede y sabe. Pero los okupas también tienen razón, pues habiendo necesidad de vivienda, reclaman la dimensión social de los bienes particulares en favor de familias necesitadas, grupos minoritarios, jóvenes etc. que con frecuencia son olvidados, no solo por los propietarios, sino también por las instancias políticas públicas, tendientes a mirar para otro lado para no enfrentarse a demandas silenciosas de la población. Grupos más sensibilizados o más necesitados suelen ser los que asumen la responsabilidad de que tanto la propiedad cumpla con su dimensión social, como que los políticos se preocupen también de las minorías, de las necesidades de grupos y colectivos diversos más vulnerables, más olvidados, menos pudientes, como parte del encargo democrático y social. En este sentido los okupas, como otros movimientos sociales, lo que hacen es loable: despiertan la conciencia colectiva, recuerdan principios democráticos y morales y valientemente asumen un riesgo personal y/o colectivo frente a los principios jurídicos de convivencia, de los que emana el tercer poder, el de la justicia. Pero también la justicia deberá tener en cuenta los principios del bien común, sobre todo de los más vulnerables, y de la propiedad en su dimensión social. Cuando el conflicto es virulento e irreductible aboca a la violencia de un lado o de otro o de los dos. Lo que vivimos con cierta frecuencia según propietarios, según orientaciones políticas y según la resistencia que ofrezcan los okupas, lo que depende de motivaciones, estados de ánimos, ideologías etc. En tales circunstanciases resulta difícil mantener un equilibrio entre las partes en conflicto para una solución negociada a través del dialogo, con lo que las solución no es para nada sencilla.. De ahí la importancia en los estados democráticos de una justicia independiente. Este fenómeno, el de los okupas, al igual que otros propios de los movimientos sociales se dan y tienen que darse necesariamente en sociedades complejas abiertas, democráticas y sociales. Este fenómeno lo conocemos en todas las sociedades democráticas europeas. El conflicto social es propio de las sociedades democráticas, que se apoyan en otros dos principios fundamentales, la libertad y la solidaridad y resulta a veces inevitable, y con frecuencia sirven para que la sociedad avance . Buen ejemplo de ello es el caso vivido de los desahucios. La vida social y la convivencia se alimentan de ciudadanos/as con un alto grado de tolerancia. La situación de conflicto siempre creará ambivalencia en la percepción entre los ciudadanos/as. No hay que asustarse, la claridad de los comportamientos sociales expectables y bien definidos, se dan sobre todo en sociedades cerradas o totalitarias. En sociedades democráticas, la diversidad, la pluralidad son su fundamento y por tanto fuente constante de conflictos. Arriesgado es cuando el poder público mantiene una cierta connivencia (no diálogo) con ciertos movimientos sociales, más o menos afines, o con los propietarios, más o menos próximos, inclinando la balanza en uno u otro sentido. Y ello, no solo por la pérdida de autoridad política que tal comportamiento supone, sino también por la inseguridad que genera entre la población ante la inmunidad de algunos (okupas o propietarios) ante la ruptura de normas fundamentales de convivencia social y democrática (la propiedad privada y su dimensión social). Jesús Hernández Aristu es profesor jubilado de Trabajo Social en la UPNA

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Okupas y democracia

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