Diario de Navarra

El jueves día 19, se hizo pública la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) 1505/2018, de 16 de octubre, dictada por la Sección Segunda de la Sala 3ª, presidida por Nicolás Maurandi. La sentencia estimaba el recurso de casación contencioso-administrativo interpuesto por la “Empresa municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid”, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, de 19 de junio de 2017. Anulaba así, la liquidación girada por importe de 22.566,47€, correspondiente al impuesto sobre actos jurídicos documentados (ITP y AJD), de una escritura de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, de varias viviendas. Junto a la estimación subjetiva del recurso de casación, la Sección Segunda “anulaba” el art. 68.2 del Reglamento estatal sobre el ITP y AJD, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo, por cuanto que la expresión que contiene “cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía objetiva se considerará adquirente al prestatario”, es contraria a la ley del Impuesto. Ello significa lisa y llanamente que, a partir de dicha sentencia, el impuesto lo paga el acreedor, es decir, el banco o entidad crediticia que otorgó el préstamo hipotecario. La reacción a la noticia no se hizo esperar; la bolsa castigó a la baja los valores bursátiles de los bancos, que conscientes del impacto en su cuenta de resultados, pusieron sus gabinetes de prensa a trabajar y difundieron cifras multimillonarias sobre los efectos económicos de la Sentencia. Entre cuatro a seis mil millones de euros se cifró el coste de la sentencia, lo que generó gran inquietud entre los bancos y el Ministerio de Hacienda conscientes de lo que se les venía encima; una nueva “puya” como el de las “cláusulas-suelo”, en versión, tributaria. Se comprende que la tensión en el TS y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió ser grande. La reacción del presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala 3ª), Díez Picazo, no se dejó esperar. De manera insólita difundió una nota por la que ante la repercusión económica y social del cambio jurisprudencial, dejaba sin efecto los señalamientos ya previstos sobre los recursos presentados por otros recurrentes sobre misma materia y elevaba al Pleno de la Sala (constituida por treinta y tres magistrados; un “mini” parlamento judicial) a fin de si dicho giro jurisprudencial debería ser confirmado. Todo atípico y singular. En el trasfondo, las relaciones entre el Poder y los jueces. En momentos de baja estima de la banca por sus abusos sobre sus clientes y los sueldos escandalosos de sus directivos, incluso con resultados mediocres, no es de extrañar que toda medida beneficiosa para los consumidores, incluso en forma de sentencia, sea saludada con plácemes y alharacas. Pero no debe confundirse la realidad con la ficción, y menos con interpretaciones técnicas discutibles, que corren el riesgo de ser revertidas por poco meditadas, como seguramente va a ocurrir con la sentencia comentada; lo que no sabemos es a qué coste principalmente para la credibilidad de la Sección segunda de Sala Tercera (impuestos) que acusa, seguramente, las recientes jubilaciones de magistrados eminentes como sus anteriores presidentes, Fernández Montalvo y Manuel Garzón, entre otros. Detrás de ello, el CGPJ con su política de nombramientos de afines. Vivimos tiempos de confusión indiscutible, en parte porque la vida pública y política forma parte de la confusión. No es aceptable que tal confusión contamine al Tribunal Supremo, puesto que frente a la veleidad política actual, la gente normal (la “ciudadanía, a la que tanto se apela, de forma hiperbólica); necesita confiar en sus jueces como un poder intachable ajeno a cualquier afán de notoriedad o de hacer justicia, mediante atajos. El Gobierno de Sánchez tiene desde los tiempos de Rajoy en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de reforma mercado hipotecario, tras los “palos” que la Justicia europea (TJUE) dio las autoridades judiciales (incluido el Tribunal Constitucional (TC) por la vulneración del derecho de los consumidores con sus prácticas abusivas y nada transparentes sobre las cláusulas suelo y desahucios. Hacienda debe tomar cartas sobre el asunto, y clarificar de forma “justa” el mercado hipotecario, salvaguardando la solvencia bancaria y los derechos de los consumidores, aunque todos sabemos que la debilidad gubernamental hace que cualquier medida sensata sea puesta en solfa por populistas, lobbies y adláteres de cualquier condición. ¡La ciudadanía puesta en pie debería poner remedio a esta situación! Y que Dios bendiga a España como dicen de Estados Unidos de América sus presidentes (“God save America”) y nos libre de políticos tan incompetentes y de jueces activistas. ¡País! Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho Constitucional

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Confusión en el Tribunal Supremo

El autor habla del desconcierto creado con el impuesto de las hipotecas y afirma que la confusión de la vida pública y política ha contaminado al Tribunal Supremo

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