Diario de Navarra

Navarra tiene como derecho histórico plasmado en su régimen foral, potestad para establecer, regular y mantener su propio régimen tributario, lo que llamamos autonomía fiscal, existiendo el Convenio Económico como acuerdo regulador entre la administración de la Comunidad Foral de Navarra y la central. En este convenio se establecen, tanto la aportación al sostenimiento de las cargas generales del Estado, como la armonización del régimen fiscal privativo navarro con el general de España. Esta autonomía fiscal ha sido siempre un elemento diferenciador con el resto del Estado, gozando siempre de cierta ventaja impositiva en casi todos los impuestos. Actualmente seguimos gozando de esa diferenciación pero en este caso de forma negativa porque ahora Navarra tiene el peor IRPF de toda España, como todos hemos podido comprobar en la última declaración de renta. Y esto no sería un problema si este mayor esfuerzo de todos nosotros, llevase aparejado una notable mejoría en los servicios públicos que recibimos, pero lamentablemente en mi opinión esto no es así. Además, nuestra tierra ha dejado de ser atractiva para nuevas inversiones y empresas, como lo demuestra el anuncio de la posible salida de la empresa Findus, o el hecho de que de las numerosas empresas que han abandonado Cataluña recientemente, ninguna haya establecido su domicilio fiscal en Navarra. A ello hay que sumar el efecto de deslocalización de algunos empresarios navarros que ante este panorama, han trasladado sus domicilios fiscales a otras comunidades, y a buen seguro estarán generando una merma de recaudación no solo en el Impuesto sobre el Patrimonio, sino también en el IRPF. Por todo esto, la nueva reforma fiscal anunciada, afectaría gravemente a la confianza de las empresas y ciudadanos, ya que en menos de tres años se habrían producido cuatro reformas fiscales que aumentando la presión fiscal, restan estabilidad, generan incertidumbre y desconfianza en el sistema económico regional. Sin entrar a valorar el uso que se le pretenden dar a los impuestos obtenidos, está por ver si realmente se producirá o no, un aumento de recaudación. Tal y como se desprenden de los datos de nuestra comunidad, no siempre una mayor presión fiscal es sinónimo de una mayor recaudación y solo tenemos garantía de mayor obtención de recursos, cuando se produce una notable mejoría de la economía. Además, los cambios legislativos de cara a incrementar la fiscalidad también tienen sus momentos. Actualmente el tejido empresarial se encuentra en una fase de transición después de más de 10 años de una brutal crisis económica, tratando de conseguir una estabilidad financiera y cierta continuidad en los pedidos, por lo que siguen necesitando más estímulos para conseguir su consolidación en el mercado. Una subida de impuestos podría suponer un nuevo freno al desarrollo económico de Navarra, en el que las empresas tendrían una importante pérdida de competitividad ya que les obligaría a incrementar los precios de sus productos y servicios, y supondría una contracción de las ventas interiores y una reducción de exportaciones. Además como ha ocurrido en otras ocasiones, se produciría un descenso en la inversión que podría afectar al tejido empresarial a medio y largo plazo, con el posible éxodo de empresas a otras comunidades. Y lo peor de todo, es que rápidamente volveríamos a notar una reducción de la generación de empleo y una mayor precariedad en el mismo. Como dice un gran maestro que he tenido la suerte de tener, para que salgan setas en el monte es necesario que haya “clima”, es decir, unas determinadas condiciones de temperatura y humedad. Lo mismo ocurre con las empresas, para conseguir el objetivo de incrementar el empleo y de que el mismo sea de calidad, las empresas deben gozar de esas condiciones favorables que les lleven a la contratación de personal. Pues bien, en estos momentos en el que el clima está siendo un poquito más suave, una nueva subida de impuestos no haría otra cosa que empeorarlo. Asimismo el ciudadano de a pie como siempre será el encargado de soportar las consecuencias de tan desacertada decisión, pues además de ver mermados sus salarios o incluso eliminados en el caso de perder el empleo, debería de pagar más dinero por los productos y servicios que ahora mismo consume. Javier Martón Pérez es economista

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No es momento para más impuestos

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