Las pensiones han vuelto a llenar de contenido una agenda política distraída por la crisis constitucional de Cataluña y adormecida por un Congreso en mínimos históricos de producción legislativa. La subida de un exiguo 0,25% de las pensiones contributivas en 2018 enfureció a decenas de miles de pensionistas que han tomado las calles en marzo para exigir una mayor revalorización y proteger el sistema público de pensiones ante lo que muchos ven como una amenazante estrategia privatizadora. Los jubilados están desmintiendo a todas esas voces que durante años les han considerado un electorado pasivo y rehén de los partidos tradicionales. Su irrupción en el debate público es un elocuente recordatorio de que toda reforma social debe ser intergeneracional, además de una fresca reacción a un debate sesgado hacia la sostenibilidad. Sin embargo, la cuestión se ha enfocado demasiado en la revalorización de la cuantía de todas las pensiones, sin tener en cuenta uno de los grandes defectos del actual sistema público de pensiones: la desigualdad y la brecha de género.

Al ser un sistema contributivo (quien más aporta durante la vida laboral, más recibe en la jubilación), las desigualdades de renta durante la vida activa se reproducen en la vejez. Y eso a pesar de que hay un tope de cotización y por lo tanto una pensión máxima, que evita que la desigualdad sea aún mayor. El único elemento redistributivo del sistema se limita por tanto al impuesto sobre la renta, tanto en la vida laboral como el IRPF de la propia pensión, lo que ayuda a corregir una parte de la contributividad. A pesar de ello, las desigualdades que se consolidan en la jubilación son excesivas para un sistema público cuyos principios son la justicia y la equidad.

El 42% de las pensiones contributivas de jubilación están por debajo del salario mínimo. Mientras que más de 1 millón de pensiones contributivas están en torno al mínimo de 600 € mensuales, un 13% de las pensiones (casi 800.000) superan los 2.000 € mensuales. Además, hay 256.690 pensionistas que reciben una prestación no contributiva de 368 € mensuales (en algunos casos complementada por ayudas a vivienda), por no haber llegado al mínimo de cotización. Esta diferencia entre pensiones altas y bajas sólo se refiere la desigualdad de renta. Hay que tener en cuenta que es muy probable que quien tiene pensiones altas también tiene posesiones (activos financieros y empresariales, bienes inmuebles en propiedad) que aumentan la desigualdad de riqueza.

Según el indicador AROPE el riesgo de pobreza entre los mayores de 65 años es el menor de todas las franjas de edad y se ha reducido del 26% en 2008 al 14% actual. Esta mejora desde el inicio de la crisis se ha producido porque el AROPE es un indicador relativo, que tiene en cuenta el conjunto de la sociedad. Como las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto han empeorado desde el inicio de la crisis y los jubilados han mantenido su principal fuente de ingresos, su situación relativa ha mejorado pero las condiciones materiales de los jubilados más pobres siguen estancadas. Deberíamos empezar a preguntarnos si es justo y sostenible tener un sistema de pensiones que a pesar de ser público y dedicar el 40% de los recursos del Estado mantiene a cientos de miles de personas en la pobreza.

Pero el principal elemento de desigualdad del sistema de pensiones es su extraordinaria brecha de género. El siguiente gráfico muestra la distribución de las pensiones contributivas por franjas de cuantía mensual (de 100 € en 100 €, desde menos de 300 € a los 2.580 € de la pensión máxima). Cada barra muestra el número total de pensiones que hay en cada franja (no de pensionistas, ya que un pensionista puede recibir una pensión contributiva y otra de viudedad o incapacidad a la vez) y distingue en dos colores el número de pensiones de hombres y de mujeres.

La mayoría de las pensiones concedidas a mujeres se encuentra en las franjas más bajas de renta mientras que las pensiones más altas son predominantemente de jubilados hombres. Mientras que el 69% de las pensiones contributivas de las mujeres está por debajo del salario mínimo, sólo el 25% de las de los hombres baja de esa cantidad. Aún más espectacular es la brecha por arriba: sólo el 20% de las pensiones de más de 1.000 € pertenecen a jubiladas mujeres. Esta brecha es la inercia de una época en la que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral era menor y en la que la brecha salarial era aún mayor que la actual. Es cierto que muchas mujeres que reciben una pensión contributiva la complementan con una pensión de viudedad: 2.175.553 mujeres reciben una pensión de viudedad frente a 181.424 hombres, pero más de la mitad de esas pensiones son inferiores a 650 € mensuales (éste es el motivo por el que en el gráfico hay muchas mujeres por debajo de la pensión mínima y sin derecho al complemento de mínimos porque ya completan su pensión con una de viudedad). Pero es evidente que la pensión de viudedad no puede servir de única corrección de género a un sistema estructuralmente desigual y que prolonga en la jubilación la dependencia económica respecto al marido.

Además, 3 de cada 4 jubilados que reciben pensiones no contributivas son mujeres. La introducción en los 90 de las pensiones no contributivas fue un avance que completó la universalidad del sistema, al integrar a las mujeres que no habían cotizado el mínimo. Pero lo que entonces fue una conquista social hoy es un reflejo más de cómo un sistema público contribuye a prolongar en la vejez historias de desigualdad, exclusión laboral y discriminación económica.

¿Qué se puede hacer para corregir las desigualdades del sistema? Toda propuesta de reforma sobre el futuro de las pensiones debe incluir medidas que cierren la brecha de género y el abismo entre pensiones bajas y altas, con el fin de construir un sistema más justo y más equitativo. En el ámbito de la desigualdad de género, se podrían buscar fórmulas para computar en el cálculo de las pensiones la maternidad, el trabajo doméstico no remunerado y los cuidados familiares. En una reforma de 2016, el gobierno introdujo un complemento a las pensiones de las mujeres que hubieran tenido hijos, para compensar los efectos que la maternidad tiene en la carrera profesional de las mujeres. Aunque insuficiente (de momento se han beneficiado poco más de 200.000 jubiladas), la medida va en la buena dirección. El manifiesto de la Huelga Feminista del pasado 8M ponía el foco en la pobreza en la vejez y exigía "la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado, o que hemos desarrollado en el campo, sea reconocido en el cálculo de las pensiones al igual que el trabajo laboral y luchamos por la ratificación del convenio 189 de la OIT que regula el trabajo doméstico”. Un sistema público de pensiones no puede resignarse a reproducir las desigualdades extremas del pasado sino que debe emplear su capacidad redistributiva para corregirlas y eliminarlas en la jubilación.

En cuanto a la desigualdad de renta, se debe encontrar un mejor equilibrio entre la contributividad del sistema y su justicia social. Un sistema demasiado redistributivo podría perder el apoyo político de las rentas medias y altas, necesarias para su sostenimiento, que ven la contribución a la Seguridad Social como una forma de ahorro que retorna en la jubilación. Pero hay mucho margen de mejora sin cuestionar la base contributiva del sistema. Pedir la misma subida para todas las pensiones puede concitar apoyos sociales más amplios, pero no hace sino reforzar la distribución desigual. Las subidas deben centrarse en las pensiones más bajas y en las no contributivas, para luchar contra la pobreza en la vejez y reducir la brecha con las pensiones más altas.

Las recientes movilizaciones han demostrado que los jubilados tienen voz propia y capacidad de influir en la agenda política. Su lucha ganaría más legitimidad y ampliaría sus horizontes políticos si además de defender la revalorización de las pensiones se enfocara en reducir las desigualdades del sistema.