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Renta de mínimos, ¿qué modelo de política social queremos?

Fernando Remiro

Fernando Remiro

06/12/2017 a las 21:00
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El Congreso está debatiendo una proposición de ley de renta mínima que podría tener hasta 2.000.000 de beneficiarios en toda España. La propuesta, que puede cambiar radicalmente las políticas sociales del Estado, ha generado muchas dudas sobre su financiación, pero se ha hablado poco de su compatibilidad con otras prestaciones autonómicas y sobre el modelo de protección social que queremos tener. ¿Cómo se relaciona esta propuesta con la renta de garantía de ingresos vigente en Navarra? ¿Es un paso definitivo hacia un sistema de protección social más progresivo?

Los sindicatos UGT y CCOO abrieron la agenda social de la legislatura con la presentación de una iniciativa legislativa popular, avalada por más de 700.000 firmas, que propone la creación del derecho a recibir en torno a 400 euros mensuales para todos aquellos demandantes de empleo que no reciben ninguna otra prestación. La propuesta entra dentro de la categoría de rentas mínimas, ayudas sociales con algún grado de condicionalidad que buscan incidir en la parte más vulnerable de la sociedad: personas sin recursos, expulsadas crónicamente del mercado laboral y en situación de pobreza. Según cálculos de los proponentes y de entidades independientes, unos 2.000.000 de personas podrían ser receptores de esta renta, cuya percepción sólo terminaría si los beneficiarios alcanzaran el umbral de ingresos que da derecho a la prestación.

El pasado septiembre la propuesta superó su principal escollo legislativo, al ser derrotada una enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular y apoyada por Ciudadanos y UPN. La tramitación en la Comisión de Empleo continúa su curso con el apoyo de la izquierda, aunque el texto sufrirá seguramente importantes modificaciones y no tiene garantizado el apoyo final de los grupos nacionalistas. Las principales críticas del PP y Ciudadanos han sido por el elevado coste de la medida (entre 7.000 y 15.000 millones anuales, según cálculos independientes) y contra un modelo asistencial de lucha contra la pobreza frente a otras medidas que fomenten la creación de empleo. Se suelen mencionar también como crítica que este tipo de ayudas pueden generar efectos llamada y que suelen ir asociadas a altos niveles de fraude, aunque ambos argumentos han sido desacreditados por profusa evidencia empírica en los lugares donde ya se aplican estas rentas. Sin embargo se ha hablado menos de la relación que tendría esta renta mínima con las rentas de inserción y de garantía de ingresos que ya existen, con distintos grados de protección y cobertura, en todas las Comunidades Autónomas, incluida Navarra, que tiene uno de los sistemas más generosos.

En el caso de Navarra, la propuesta de renta mínima apenas tendría efectos en las personas en situación de pobreza porque todas las que podrían percibirla (las personas con ingresos por debajo de 566 € mensuales, un 75% del salario mínimo interprofesional, aplicando baremos sucesivos a las unidades familiares con más miembros) ya tienen derecho a la renta de garantía de ingresos navarra, que además es superior en cuantía (600 €, con complementos según el tamaño de la unidad familiar y otras circunstancias). En otras comunidades con sistemas de rentas de inserción menos garantistas, la medida sí que tendría gran incidencia en la lucha contra la pobreza, y serviría para igualar el derecho entre las Comunidades Autónomas, entre las que existe una gran disparidad de instrumentos de protección social.

A parte de la cuantía y de los posibles beneficiarios, el debate sobre si este tipo de ayudas deben ser de carácter estatal o autonómico es de mayor calado. Según la propuesta de UGT y CCOO, la renta mínima sería una prestación no contributiva y financiada por los presupuestos generales del Estado, pero adscrita al sistema de Seguridad Social. Las rentas de garantías de ingresos como la navarra, sin embargo, están en el ámbito de las competencias autonómicas en materia de asistencia social, políticas de activación del empleo y lucha contra la pobreza. ¿Cuál es el ámbito territorial correcto en el que desarrollar este nuevo derecho? Por un lado, las comunidades autónomas tienen mayor capacidad de gestión integral de la ayuda, poniéndola en relación con otro tipo de prestaciones y actuaciones sociales, acompañando de forma más cercana a los beneficiarios. Por otro, ya son las comunidades autónomas las que han tomado la iniciativa y establecido sistemas de rentas de garantías de ingresos. Introducir una ayuda estatal en este punto de desarrollo cada vez más avanzado de estos sistemas autónomicos puede ser perjudicial y puede contribuir a desmontar algunos de los sistemas más débiles implantados en algunas comunidades, que perderían el incentivo de seguir desarrollando su propio sistema. Si las rentas de inserción autonómicas han funcionado con gran éxito de gestión y resultados en País Vasco o Navarra, ¿por qué plantear algo similar de ámbito estatal, pasando por encima de la experiencia acumulada a nivel autonómico?

Más allá del debate sobre el ámbito competencial, esta propuesta de renta mínima invita también a reflexionar sobre el modelo de políticas sociales que tenemos y hacia el que queremos ir. En principio, la medida va en la dirección correcta de corregir los sesgos de un sistema de protección social regresivo, basado en elementos contributivos (prestaciones por desempleo, pensiones) que dan más a quien más a aportado al sistema y que se han relevado ineficaces en combatir la pobreza y la desigualdad. España es uno de los países de la OCDE con más pobreza infantil, con mayor paro juvenil, con más desempleados de larga duración y con mayores desigualdades de renta entre generaciones. No hay suficientes instrumentos de redistribución de renta a través del gasto social y una renta mínima como la que proponen los sindicatos incide de lleno en este fallo estructural del sistema. Podría ser el primer paso de una política verdaderamente ambiciosa para acabar con la pobreza en España.

Pero la renta mínima no es suficiente. Después de la crisis y la gran recesión, el sistema de bienestar social en España ha quedado gravemente herido y deslegitimado, no sólo por los recortes y las crecientes dudas sobre su sostenibilidad, sino porque ha dejado en la cuneta a millones de personas (niños, jóvenes, mujeres, parados de larga duración, inmigrantes) que han visto que el sistema estaba diseñado contra ellos. Para recuperar la legitimidad perdida, el Estado de bienestar debe corregir sus fallos, reorientar el gasto y hacerlo más redistributivo. El Estado debe encontrar de nuevo su rol en la economía de post-crisis y esta renta de mínimos puede ser un instrumento más para combatir la pobreza, el desempleo y la desigualdad, dentro de todo un paquete renovado y rediseñado de instrumentos de política social. Sólo así se podrán empezar a sellar las graves grietas que ha dejado la crisis y reeditar el pacto social sobre bases más sólidas e inclusivas.

 

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