Aunque la aparición de nuevas ofertas electorales ha calmado la frustración con el sistema político español que acompañó en 2011 a la súbita toma de conciencia de la crisis económica, ha quedado el tópico hogareño de la crisis de representación política. Las instituciones representativas, con el Congreso de los Diputados como piedra angular, no se han terminado de recuperar de esa crisis. Son todavía habituales las columnas y los tuits que disparan contra el gasto de financiación de los partidos, de las campañas electorales o de la organización de elecciones. Destacan entre esas voces las que se centran en el gasto que suponen los parlamentos, tanto las Cortes Generales como los autonómicos, muchas veces azuzadas por la sospecha de que sobran diputados. ¿Hay realmente demasiados diputados en España? ¿Cómo se ha llegado a asociar la reducción del número de diputados, sobre todo en los Parlamentos Autonómicos, con la "regeneración democrática" que restañará las heridas del divorcio de 2011?

Los parlamentos son un blanco fácil de la ira regeneracionista. Son instituciones en general más transparentes que los ejecutivos y la información sobre su estructura y su presupuesto de funcionamiento suele ser fácilmente accesible. Paradójicamente, el mayor grado de aplicación de las obligaciones de transparencia en los órganos legislativos ha contribuido a debilitarlos frente a los otros brazos del Estado. También en la anterior legislatura, la mayoría absoluta del partido en el gobierno hizo que se desvirtuara el rol independiente del Congreso y que la ciudadanía lo identificara con el ejecutivo. Pero en el fondo del problema hay otra causa. La ciudadanía comprende con facilidad las atribuciones y la forma de actuar del ejecutivo y del judicial, pero suele tener muchos prejuicios sobre las funciones de los legislativos, que muchas veces asimila a los debates en el pleno y a la votación de leyes: ¿por qué está el Parlamento vacío en los debates de la tele? ¿Para qué hacen falta 60 diputados si todos los del mismo grupo votan lo mismo?

El culmen de este razonamiento llegó en 2014 con la reforma del estatuto de autonomía y la ley electoral de Castilla la Mancha. Por iniciativa del ejecutivo presidido por María Dolores de Cospedal (PP), el número de diputados autonómicos se redujo de 49 a 33. El PSOE de Castilla la Mancha recurrió la reforma ante el Tribunal Constitucional, que falló en contra del recurso, aduciendo que la Constitución no fija un número mínimo o máximo de parlamentarios autonómicos y que en el caso de esta reforma no se rebasa el límite que pusiera en peligro el principio de proporcionalidad. En general, fueron pocas las voces contra la reforma y el gobierno castellanomanchego la vendió como un sano ejercicio de contención del gasto de las instituciones y de "regeneración democrática".

Comparemos la situación de los parlamentos autonómicos en España. Como recordaba el Constitucional en su sentencia, no hay ninguna norma escrita, por lo que cada Comunidad Autónoma ha fijado en sus estatutos de autonomía el número de diputados de su cámara. El siguiente gráfico compara cada parlamento autonómico comparando su número de diputados (eje vertical) con la población de la comunidad (eje horizontal).

La relación entre número de diputados y población es bastante lineal, por lo que es evidente que ése ha sido uno de los criterios fundamentales para decidir el número en cada comunidad autónoma. Dos parlamentos destacan por abajo: Castilla la Mancha, debido a su brutal reforma de 2014, y Andalucía. Navarra, como se puede observar en la parte izquierda, está próxima al modelo, y su número de diputados es similar, con matices, al de otras comunidades pequeñas.

Otra forma de mirar al tema es comparar el número de habitantes por diputado, como resumen la siguiente tabla:

La Rioja: 9.473 habitantes/diputado

Navarra: 12.740 habitantes/diputado

Cantabria: 16.645 habitantes/diputado

Extremadura: 16.695 habitantes/diputado

Baleares: 19.231 habitantes/diputado

Aragón: 19.670 habitantes/diputado

Asturias: 23.126 habitantes/diputado

País Vasco: 28.835 habitantes/diputado

Castilla y León: 29.225 habitantes/diputado

Murcia: 32.561 habitantes/diputado

Canarias: 35.561 habitantes/diputado

Galicia: 36.276 habitantes/diputado

Comunidad Valenciana: 49.827 habitantes/diputado

Madrid: 49.870 habitantes/diputado

Cataluña: 54.844 habitantes/diputado

Castilla La Mancha: 62.116 habitantes/diputado

Andalucía: 77.080 habitantes/diputado

En general las comunidades más pequeñas “tocan” a menos personas por diputado y las más grandes a menos, con la excepción de nuevo de Castilla la Mancha. No existe una proporción mágica entre población y representantes. Algunos modelos han apuntado a la regla de la raíz cúbica (la cifra mágica de diputados debe ser la raíz cúbica de la población), pero no se cumple en la mayoría de los casos y no tiene base normativa ninguna. Como curiosidad, el Congreso de los Diputados cumpliría esa regla casi a la perfección, pero casi todas las cámaras autonómicas tienen menos diputados de los que esa norma les asignaría.

Pero la población no es el único criterio para decidir el número de diputados. Un territorio extenso puede ser un buen argumento para justificar un número alto de diputados, que puedan cubrir las necesidades de toda la geografía. También, si la ley electoral divide el territorio en circunscripciones, un número bajo de diputados en un territorio con muchas circunscripciones puede generar resultados muy desproporcionales.

Sin embargo, hay que ir un paso más allá en el debate sobre el número de diputados y pensar en cuáles son las funciones de los diputados y cómo funciona internamente un parlamento autonómico, en este caso. Los parlamentos no sólo se reúnen en pleno y votan los textos finales de las leyes. La mayor parte del trabajo de un diputado es en las comisiones parlamentarias temáticas en las que se divide la cámara. Y, por supuesto, en el despacho. Durante la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley que llega del ejecutivo, los grupos parlamentarios modelan el texto e introducen las demandas que corresponden a su programa electoral o a los grupos de presión y ciudadanos individuales que les contactan. La tramitación parlamentaria en muchas ocasiones mejora el proyecto de ley y lo hace más plural.

Se critica muchas veces el impacto de los lobbies en la fase de tramitación parlamentaria de una ley. Pero se pone el foco en esa fase, no porque sea la más relevante, sino porque es la más pública, ya que los parlamentos suelen tener reglas de publicación de reuniones y registros de grupos de presión más estrictas que los ejecutivos. Cuando pensamos en los lobbies y en su influencia en las leyes, deberíamos hacernos la pregunta: ¿preferimos que los grupos de presión actúen en la fase de redacción de un borrador de proyecto de ley en el ejecutivo, que es más opaca y de la que tenemos menos información, o que lo hagan en la fase parlamentaria, cuando el control y la pluralidad de actores son mayores?

Los parlamentos, además, cumplen una función esencial de control al ejecutivo. No sólo son órganos legislativos, sino que actúan como un contrapoder de unos ejecutivos que, en un sistema parlamentario como el nuestro, nunca rinden cuentas de forma directa ante el electorado. Quitar recursos a los parlamentos es debilitar ese contrapoder.

Por todo ello, debe haber un número mínimo de diputados que garantice que todos los proyectos de ley son examinados con atención. Se debe garantizar que los grupos políticos (al menos el gobierno y la oposición en su conjunto) tengan el tamaño suficiente para que pueda haber una especialización temática de los diputados, cuya experiencia pueda aportar al contenido de las leyes. Es sorprendente en este sentido que en época de crisis económica y política, una de las primeras instituciones en ser atacada sea precisamente la única que responde directamente ante el electorado. Mientras apenas se cuestiona el tamaño o el coste de los ejecutivos (el debate sobre los cargos de confianza daría para otro artículo), se insiste en quitar recursos al nexo más directo entre ciudadanía y gobierno. Esta crítica hay que entenderla en el contexto de la crisis generalizada de los sistemas representativos en Europa. Pero no podemos olvidar que un parlamento con menos diputados será, por lo general, menos proporcional en su representación de los votos de los ciudadanos; podrá controlar al gobierno menos eficazmente; y, con toda seguridad, producirá leyes mucho más cercanas a la voluntad del ejecutivo que las propuso. ¿Suena eso a regeneración democrática?