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Opinión
ANÁLISIS

Gerontofobia y estado de bienestar

Fernando Remiro

Fernando Remiro

Actualizada 12/10/2016 a las 11:54
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Desde la consolidación electoral de dos nuevos partidos de ámbito estatal, Podemos y Ciudadanos, es frecuente oír argumentos estereotipados en contra de los votantes que prefieren seguir dando su apoyo a los dos viejos partidos. De entre todos los grupos sociodemográficos, las personas de más de 65 años suelen ser el objetivo preferido de este discurso: la gente mayor siempre vota lo mismo, es inmune al cambio, es conservadora; la gente mayor, en definitiva, vota mal. Esta reacción de los votantes más jóvenes y de los más simpáticos a los cambios que ha sufrido el sistema de partidos español en los dos últimos años nace en parte de las tensiones de un conflicto generacional legítimo, acentuado por la crisis económica, pero también por un tipo de prejuicio discriminatorio poco visible pero cada vez más pujante: la gerontofobia (también traducida al español “edaísmo” o “viejismo”, del inglés “ageism”).

No faltan argumentos para subrayar la relevancia política del choque de intereses entre generaciones en la España de la gran recesión. El desempleo juvenil ha alcanzado en España cifras inéditas en los países de la OCDE, ahogando las posibilidades de incorporación laboral de una buena parte de toda una generación, que verá por ello reducida su renta el resto de sus vidas. Las altas tasas de paro y de precariedad laboral de los menores de 30 años son consecuencia de un mercado laboral dual, que durante las décadas de crecimiento económico blindó los derechos laborales de la generación que accedió al mercado laboral en los 60, 70 y 80, condenando a los más jóvenes a la temporalidad y a la exclusión de facto de un sistema de protección y seguridad al que la crisis de 2008 ha dado su puntilla. Además, los recortes del gasto público en educación, que han asfixiado un sistema que ya tenía antes de la crisis problemas de adaptación a las nuevas necesidades del mercado laboral, castigan a los jóvenes y limitan sus oportunidades futuras.

El problema de fondo es una estructura del gasto público con un fuerte sesgo generacional, en la que los programas específicamente enfocados a los jóvenes son marginales y donde las pensiones son, con mucho, la principal partida de gasto social. Ello ha contribuido a consolidar un relato cada vez más extendido en el que los jóvenes son, no sólo los grandes perdedores de la crisis frente a las generaciones anteriores que tenían más colchones ante la mala coyuntura (viviendas en propiedad, indemnizaciones por despido), sino también el grupo que menos se beneficia de un estado de bienestar incapaz de adaptarse a los nuevos retos.

Esta guerra se ha trasladado a la arena política y a las elecciones. Con el envejecimiento de la población también envejece el electorado. Además, las altas tasas de abstención de los votantes más jóvenes hacen que el peso político de los jóvenes no para de disminuir. El electorado más mayor es además más fiel en su voto a los partidos tradicionales. La aparición de nuevos partidos, con un mayor porcentaje de voto joven (en edades donde el voto es más volátil porque la cultura política está todavía en formación), entendidos a veces erróneamente como vanguardia política, ha dibujado un rechazo cada vez más nítido a las preferencias electorales de las personas mayores.

Sin embargo, este debate, legítimo en muchos de sus argumentos, a veces se tiñe de prejuicios y de gerontofobia. En los años 60, Robert Butler acuñó el término “ageism”, entendido como un tipo más de discriminación, como el machismo, el racismo o la homofobia, que se alimentan de la vulnerabilidad. El miedo a envejecer, a la decadencia física, la enfermad y la muerte genera una relación perversa con las personas mayores, testimonio viviente del miedo a nuestro yo futuro. Incluso las bienintencionadas ideas de envejecer activamente, de envejecer “bien” y seguir siendo productivo y activo, evitan una comprensión más profunda y equilibrada del envejecimiento: aprender a vivir con más limitaciones, aceptar la decadencia física y mental. No sólo no hemos conseguido como sociedad integrar el envejecimiento en el relato cotidiano sino que lo hemos invisibilizado, contribuyendo a crear un nuevo tipo de discriminación basada en estereotipos. En un libro reciente (“Un manifiesto contra el viejismo”), Ashton Applewhite desmonta muchos de estos prejuicios y demuestra con datos cómo la mayor parte de las personas mayores son autónomas y no viven limitadas por la enfermedad.

Esta visión ayuda a enfocar el debate sobre la guerra generacional en España y a matizar algunos de los argumentos que normalmente se dan por buenos. En primer lugar, una buena parte del tercio más joven de los baby boomers (las personas que hoy tienen entre 55 y 65 años) han sufrido con la crisis discriminación laboral e incluso exclusión del mercado laboral. Estos perdedores de la crisis son prácticamente invisibles en el debate público y en los programas de los partidos, pero se enfrentan a una situación laboral en la que no pueden competir con generaciones de trabajadores jóvenes más baratas y mejor equipadas para las nuevas necesidades del mercado, y en la que el desempleo crónico en sus últimos años de cotización les condena a pensiones mínimas y una reducción, en algunos casos severa, de su nivel de vida (además de a frustración personal y depresión).

La crisis también ha vaciado de financiación los programas de ayuda a la dependencia, que supusieron un gran paso adelante en el diseño del estado de bienestar español. La ayuda a los cuidados intergeneracionales, la consideración de las personas dependientes, entre ellas las personas mayores con capacidades limitadas, como una responsabilidad común de toda la sociedad que debe ser apoyada por el Estado fue sin duda una conquista que no ha terminado de consolidarse por la irrupción de la crisis y que ha afectado a muchas personas mayores y a sus familias.

Finalmente, aunque la tasa de pobreza entre las personas mayores de 65 años es menor que en cualquier otra franja de edad en España, la estructura del sistema de pensiones dificulta la lucha contra la pobreza en personas jubiladas y alimenta los estereotipos sobre los mayores y su nivel de renta: por un lado, el sistema de descuentos para mayores de 65 años, anacrónica herencia del pasado, contribuye al estereotipo de que las personas mayores son más pobres porque no pueden trabajar y necesitan ayudas; por otro lado, el hecho de que el sistema de pensiones sea contributivo y dé más a quien más ha cotizado, hace que el debate se enfoque muchas veces en las pensiones más altas, de hasta 2.000 € al mes, pagadas por un sistema público, sostenido por los trabajadores de hoy, en su mayoría precarizados y de renta baja. El sistema genera desigualdades que hacen que sea percibido como injusto pero además es incapaz de garantizar un ingreso mínimo digno para muchos jubilados en riesgo de pobreza. Tal vez sería el momento de abrir el debate sobre la necesidad de basar los sistemas públicos de pensiones verdaderamente en un enfoque de derechos y no de prestaciones contributivas, al estilo de las rentas básicas. Lo que está claro es que el modelo actual, con sus injusticias no distributivas y el miedo constante sobre su sostenibilidad, alimentan esta guerra generacional artificial.

El problema, por tanto, no es, como plantean los argumentos de guerra generacional, que nos gastamos más en los mayores que en los jóvenes, sino que nos gastamos más en quien más tiene, porque el diseño de nuestro estado de bienestar (también el estado de bienestar oculto) es principalmente contributivo y muy poco redistributivo.

En un artículo posterior analizaré cómo votan realmente los mayores y cómo influye eso en su capacidad de influencia en las decisiones políticas. Es comprensible que muchos jóvenes se sientan encerrados en un sistema dominado por los votantes más mayores, pero los problemas del sistema no deben ser diagnosticados a través de prejuicios que favorecen una creciente y preocupante discriminación por edad. La gerontofobia cada vez más presente en en análisis de la situación económica y política actual no sólo atenta contra la dignidad de las personas mayores, sino que es injusta y enmascara los verdaderos problemas de nuestro sistema. Cualquier solución debe pasar por una mayor integración del envejecimiento en el relato cotidiano y en un verdadero pacto intergeneracional.

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