Diario de Navarra

La posibilidad de que se produzca un parón económico por la ausencia de Gobierno ya está empezando a preocupar a los diferentes sectores económicos, sobre todo porque no se vislumbra una salida fácil de este laberinto en el que se han metido nuestros representantes políticos. La incapacidad de los grandes partidos para alcanzar acuerdos empieza a adquirir tintes dramáticos, lo que, de perpetuarse, nos condenaría a encadenar largos periodos de ingobernabilidad en espera de que las urnas arrojen de nuevo mayorías absolutas. Aunque no aparezcan claros los síntomas de un deterioro en la evolución de la economía porque a nivel macroeconómico persiste el viento a favor generado por una serie de factores externos que llevan tiempo influyendo positivamente en el crecimiento económico del país, y porque el precio del crudo sigue por debajo de los 50 dólares, los efectos negativos de la ausencia de un nuevo Gobierno se están acumulando soterradamente y van a acabar emergiendo como un fantasma emborronando un horizonte de crecimiento y estabilidad. Son demasiados meses los que llevamos con un Gobierno provisional cuya única labor ha sido la de mantener el rumbo actual, pero sin ninguna capacidad para tomar decisiones de calado. La consecuencia más clara de este período de interinidad es la indefinición del rumbo político de España. El actual Gobierno de Rajoy se sigue reuniendo en Consejo de Ministros pero sólo aprueba cuestiones urgentes y rutinarias sin llegar a tomar medidas de calado ni en materia económica, ni en la lucha para reducir el desempleo, ni en asuntos como la sanidad, la educación o las pensiones. En un escenario en el que la incipiente recuperación de la economía es todavía débil, uno de los miedos de muchos responsables políticos, pero también de agentes económicos y empresarios, era que la incertidumbre y el retraso en la formación del nuevo Gobierno preocupara a los inversores internacionales y provocara un encarecimiento de la deuda pública y un repunte de la prima de riesgo. Sin embargo, la subida ha sido muy ligera y provocada sobre todo por la caída del bono alemán, ya que la primera de riesgo es el diferencial entre la deuda soberana española y la de Alemania. Por tanto, se podría pensar que España no está sufriendo un castigo en los mercados por si situación política. Pero que la incertidumbre política no se haya reflejado todavía en la prima de riesgo no significa que no esté teniendo consecuencias en la economía. Los dos últimos resultados electorales, que dejaron un parlamento fragmentado y con difíciles opciones de pactos para gobernar, han puesto en alerta a muchos inversores. Muchos bancos, empresas y fondos han congelado sus planes para invertir en España y poner en marcha nuevos proyectos en los que comprometerían muchos millones de euros a la espera de que se aclare el panorama político. Si bien algunos temen un gobierno de izquierdas que pueda tomar medidas contra las grandes entidades y operaciones financieras, la precaución general se debe a que prefieren esperar a saber los planes concretos del nuevo Gobierno, para no verse atrapados por cambios legales y regulatorios. Esta paralización ya se ha concretado en el sector bancario. En agosto pasado, los presidentes de los grandes bancos (Santander, BBVA y Caixabank) pactaron con Luis de Guindos esperar a después de las elecciones antes de acometer la reestructuración financiera con las últimas fusiones y absorciones de entidades medianas. Los focos de tensión siguen creciendo con el paso del tiempo y en el plano institucional hay algunos muy evidentes, como que unas nuevas elecciones provocarían la ausencia de presupuestos para el año 2017, algo que Bruselas no vería con buenos ojos, ya que el incumplimiento de los objetivos de déficit sitúa al país bajo vigilancia. España debería presentar unos nuevos presupuestos con medidas concretas que garanticen el cumplimiento futuro de los objetivos de déficit, y esto ahora mismo no puede realizarse. No solo Bruselas espera con inquietud los presupuestos de 2017, las administraciones públicas españolas también necesitan conocer en qué escenario económico tendrán que gobernar a sus ciudadanos. Comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones dependientes de los presupuestos generales del Estado se encuentran en una situación de bloqueo económico que pone en riesgo su propio funcionamiento. Muchas administraciones son incapaces de concretar sus planes de gasto e inversión sin saber de cuánto dinero dispondrán, lo cual afecta a un gran número de empresas y empresarios que trabajan para las Administraciones Públicas. En estos últimos meses no se han aprobado nuevas reformas, ni se ha profundizado en las ya existentes. De cara al año 2017 no se podrán aplicar cambios o mejoras en el IRPF y en otros impuestos. Los presupuestos de gasto e inversión están bloqueados, por lo que muchas empresas no tienen la visibilidad suficiente como para aprobar sus propios planes de inversión y desarrollo. Patxi Aranguren Martiarena es economista de la Universidad Pública de Navarra

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