Diario de Navarra

La comunidad educativa exige un pacto entre los partidos ya. Ya, sin esperar al nuevo calvario de elecciones en junio, constitución de Cortes en julio, más negociaciones de gobierno, investidura y aterrizaje de ministros cuando Dios quiera. “No podemos entrar en agosto sin saber qué decir en las escuelas el uno de septiembre”, afirmaba Pilar de los Ríos, presidenta de los directores de centros escolares. Con ella, José Antonio Marina, entre otros, sentados frente a representantes del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, pedía que, antes de meterse en campaña electoral, aprueben al menos una ¨hoja de ruta¨ para una nueva ley que sustituya la LOMCE del ministro José Ignacio Wert, basada esta vez en un pacto de Estado. A la convocatoria de Sociedad Civil por el Debate, partidos y expertos en Educación acudieron con buena disposición. “Un pacto para una ley que no dure solo cinco años, que es la media de vida de las seis leyes de educación que hemos tenido en democracia ¨, dijo la escritora Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos. Pero ahora la situación es tan crítica que hasta la representante de Podemos, Cecilia Salazar, admitía que no puede suspenderse la LOMCE sin más, porque el desbarajuste sería máximo. Vicente Álvarez Areces, del PSOE y Juan Soler del PP coincidieron. Todos de acuerdo aparentemente, pero de nuevo el miedo planea sobre la comunidad educativa. ¿Y sus jefes, lo van a aceptar? Por eso el siguiente paso es reunir con el papel de José Antonio Marina sobre la mesa a los máximos representantes políticos antes de la campaña. ¨Pero ¿cómo se van a poner de acuerdo en esto, si ni siquiera han acordado recortar gastos en la nueva campaña electoral?¨, clamaba indignada en el micrófono de RNE la periodista Pepa Fernández. Este episodio de desesperanza ciudadana, relacionado con una cuestión crucial como la Educación, valdría también decirlo para la Justicia, la Sanidad, la Ciencia o la industria. Parece claro que por un lado va la liturgia electoral, con partidos que discuten sobre cómo alcanzar el poder y repartirlo, y, por otro, un movimiento cada vez más amplio de entidades ciudadanas y profesionales hartos de que no se resuelvan sus problemas. Ese movimiento, expresado a través de adhesiones en www.sociedadcivil.com alcanzó esta misma semana a las Cámaras de Comercio de España, que se suman a los abogados, médicos, ingenieros, autónomos y otras organizaciones que piden acuerdos, generosidad y pactos para salir de la parálisis. Habrá que ver si toda esta ebullición ciudadana aflora en la campaña. Una fiesta electoral innecesaria por el módico precio de 130 millones de euros. Por fortuna, hay candidatos que aportan elementos no contemplados en el debate. Es lo que le escuchamos, por ejemplo, a Isabel Rodríguez, del PSOE, que plantea “el temor cada vez más extendido entre las mujeres treintañeras a quedarse embarazadas porque, además de los estragos de la crisis -paro y precariedad- no sienten que la protección social del Estado pueda amparar, en el futuro próximo, a esos hijos que tanto se necesitan, emocionalmente y también como país”. Hay en esas declaraciones mucho contacto con la realidad y un atisbo de esperanza porque significa llevar a debate alguno de los problemas vitales de este país, como la desajustada pirámide de edad que amenaza el futuro de las pensiones, enfocado desde el plano personal. No todo está perdido.

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La educación no aguanta hasta las elecciones

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