El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con el voto en contra de Navarra Suma y a favor del resto de grupos, una moción de Podemos en la que se insta al Gobierno foral a acometer "los trabajos previos que sean necesarios para que el índice de sostenibilidad de alquileres (ISA) sea una realidad a la mayor brevedad, con fecha tope del 1 de enero del año 2022".

Propone así "primar y penalizar en la imposición directa (IRPF) el alquiler de las viviendas cuya renta esté por debajo o por encima de ISA; primar y penalizar el mantenimiento o incremento de rentas de los nuevos contratos con respecto a los contratos anteriores sobre la misma vivienda; y obligar a no arrendar por encima de ISA las viviendas que hayan recibido subvenciones por rehabilitación vía la comunidad de propietarios".

Además, según una enmienda de EH Bildu, se adhiere otro punto a la moción que dice que "el ISA es un elemento complementario a la necesidad de poner en uso la vivienda vacía y que no alivia ni sustituye la necesidad de concluir un censo de viviendas vacías en Navarra que permita desarrollar actuaciones eficaces para penalizar fiscalmente la vivienda sin uso y sacar el mercado de alquiler cientos de viviendas".

En defensa de la moción, el portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que "se está demostrando que el precio de los alquileres sigue creciendo en Navarra incluso a pesar de la pandemia".

"Navarra puede sacar pecho de su legislación en materia de vivienda desde el año 2013, cuando se planteó una proposición de ley de I-E y votada por una mayoría progresista", ha expuesto.

Ha comentado que "en 2016 avanzamos hacia una nueva ley que también supuso un hito" y ha reconocido también la ley de 2018. "La moción que presentamos es clara y recoge un pacto que implica que, además de beneficiar con deducciones u otro tipo de cuestiones para reconducir las conductas especulatorias, hacer frente a la necesaria penalización y poner límite que se traduzca en una rebaja efectiva de los precios de alquiler", ha dicho.

Buil ha manifestado que "se trata de establecer las zonas tensionadas y aplicar medidas contra la especulación". "Con esto damos un paso más contra la especulación, que puede ayudarnos a corregir tendencias", ha apuntado.

Desde EH Bildu se han presentado tres enmiendas a la moción, dos de ellas aceptadas por el grupo proponente, y el parlamentario Maiorga Ramirez ha manifestado que las Administraciones públicas "disponen de capacidad y tienen que diseñar instrumentos para garantizar que el precio de los alquileres sea asequible". "No puede ser que haya personas sin vivienda y viviendas vacías", ha opinado.

La socialista Arantza Biurrun ha señalado que apoyan la moción tras el acuerdo entre las cuatro fuerzas que sustentan el Gobierno y "estamos de acuerdo en garantizar una vivienda digna y asequible". "Tiene que haber una política transparente en materia de alquiler", ha comentado, para añadir que "también vemos importante, y habrá que valorar, si tiene que ser una oficina o un registro específico para esos contratos de alquiler para tener un control".

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha expuesto que "hay que poner en marcha muchos mecanismos y de todo orden" en materia de vivienda y ha defendido hacer "asequible" los alquileres.

"Aplaudimos que se sigan potenciando estas políticas por el Gobierno actual", ha afirmado, para agregar "la necesidad de vivienda asequible nos obliga a tomar medidas que incidan en el mercado del alquiler".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha señalado que "los problemas de acceso a la vivienda aumentan tras la crisis sanitaria" y ha manifestado que es "urgente" regular el precio del alquiler. "No me queda más que decir al Gobierno de Navarra que se haga", ha dicho.

En el turno en contra de la moción, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniain ha indicado que "esta moción no va a contener el precio del alquiler" y ha señalado que "para ello hay que hacer otras cosas". "Limitar mediante leyes el precio de los alquileres puede hacer más grande el fracaso en materia de vivienda", ha opinado, para agregar que "es una medida que genera litigiosidad e inseguridad jurídica y cuando hay inseguridad retiran sus viviendas del mercado".