La tercera jornada de protestas de agricultores y ganaderos movilizados a través de las redes sociales puso este jueves sobre la mesa una tensión que empieza a ir más allá del bloqueo de algunas carreteras nacionales. Los incidentes violentos fueron muy aislados, pero el sentimiento de hartazgo empieza a calar ante la falta de contundencia del Gobierno que, de momento, solo se ha reunido con las tres asociaciones mayoritarias -COAG, Asaja y UPA- que iniciaron ayer su propio calendario de movilizaciones.

Es cierto que el Ejecutivo ha transmitido su “compromiso y apoyo” con todo el sector primario estos días. Y reconoce que muchas de las reivindicaciones son justas. Pero en la práctica no han anunciado ninguna medida concreta, más allá de que reforzará la ley de cadena alimentaria para evitar las ventas a pérdidas.

El primer movimiento del Ejecutivo, de hecho, se producirá el 13 de febrero, cuando la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se reúna con el sector para abordar el problema de la mano de obra”. Y es que el campo ha perdido más de 100.000 empleos en los últimos diez años, por no hablar del relevo generacional, con una media de edad actual de 61 años en el sector.

Al día siguiente, el 14 de febrero y más de una semana después del inicio de las protestas, se reunirá el Observatorio de la Cadena Alimentaria, clave en el análisis y seguimiento de la formación de precios desde que un producto sale del campo hasta que llega a la mesa del consumidor.

José Miguel Herrero, presidente del observatorio y director general de alimentación en el Ministerio de Agricultura, incluyó al consumidor en las soluciones de la crisis. Durante un foro organizado en Madrid, remarcó que “los agricultores demandan la atención de la Administración, pero también de los ciudadanos y la mejor forma de ayudarles es comprar producto español”. Pero el campo no se conforma con eso. Quieren que la ley de la cadena refuerce las inspecciones -el ministerio cifra en 600 las acometidas- y también las sanciones, hasta ahora muy limitadas. “En muchos casos no llegan ni a los 3.000 euros”, explican fuentes del sector. “Desde la Administración no se nos escucha”, advirtió Tomás Rojas, director financiero de Cooperativas Agroalimentarias, durante el mismo foro. Apunta a que la organización “lleva cinco años solicitando al Ministerio de Transición Ecológica que nos reciba”, en un momento en el que otra de las principales reivindicaciones es el elevado coste de la normativa medioambiental europea, así como otras regulaciones como la del bienestar animal.

En el mismo sentido se manifiestan desde Fedepesca, patronal de las pescaderías españolas. “Hemos perdido un tercio de pescaderías y el consumo de nuestro producto ha bajado más de un 35% en los últimos años... es imposible repercutir la subida de costes que hemos sufrido”. “Para colmo, no nos han quitado el IVA de los productos pesqueros. El comercio especializado también hay que protegerlo”, añaden.

CASI 5.000 DENUNCIAS

A pesar de la división entre las distintas organizaciones, las movilizaciones continuarán hasta que las promesas se vean en papel firmado. Tras el colapso vivido en Barcelona desde el miércoles, la plataforma 6F prevé que este viernes el foco de tensión se desplace a Zaragoza. Y la intención es que el sábado, cuando los transportistas se sumen a las protestas, los tractores entren en Madrid con la amenaza de llegar a Ferraz, hasta la sede del PSOE. .

La jornada de este jueves terminó con un guardia civil herido en Zafra (Badajoz) y ya hay 19 detenidos desde el inicio de las protestas, con 2.725 identificados para sanción y casi 5.000 denuncias, según datos de Interior.