España intentó ser pionera en la aplicación de la denominada 'tasa Google', el impuesto que tendrán que pagar las multinacionales tecnológicas por prestar sus servicios. El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro fue el primero en hablar de esta medida, que retomó después María Jesús Montero en su plan de Presupuestos para 2019, que finalmente no vieron la luz. La nueva tasa no se tramitó en el Congreso y su plan de recaudar 1.200 millones solo con este impuesto este año se ha quedado en nada.

A pesar de este optimista plan recaudador, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó la capacidad de recaudación del impuesto sobre determinados servicios digitales a una horquilla de entre 546 y 968 millones. El Consejo de Ministros aprobó los impuestos a las tecnológicas y a las transacciones financieras ('tasa Tobin') el 18 de enero, pero la tramitación parlamentaria les suponía la entrada en vigor, como mínimo, en mayo. La convocatoria de elecciones paralizó el proceso y ahora el nuevo Gobierno tendrá que retomar la medida desde el principio.

Uno de los argumentos de los detractores del impuesto es que la imposición del mismo en cada país puede generar diferencias competitivas para que estas grandes empresas desarrollen su actividad en unos en vez de en otros. El profesor de Innovación y Data Sciences en ESADE, Xavier Busquets, asegura que uno de los inconvenientes de aplicar este impuesto a nivel comunitario es la menor competitividad de la UE con EE UU y China en este terreno ya que "las medidas impositivas suelen no tener efectos positivos en la promoción de iniciativas emprendedoras".

Por eso, la UE iba a aprobar un impuesto propio, pero finalmente dejó que la decisión se adoptara en el seno de la OCDE, organización que integra a 34 países. Y a finales de mayo aprobaron un documento con el objetivo fijado de acordar una solución fiscal común para gravar a los servicios tecnológicos antes de que acabe 2020. Este documento fue presentado esta semana por el secretario general Angel Gurría en la reunión de los ministros de Finanzas del G20 que se celebra en Japón.

Y lo respaldaron. La iniciativa "justa, sostenible y moderna", que pretende acabar con la clásica tributación de las empresas en función de dónde tengan su sede física y evitar la "competencia fiscal" entre países, estará lista en 2020. Así, los representantes de los veinte países más industrializados, entre los que se encontraba la ministra española Nadia Calviño, se marcaron el objetivo de definir una reforma fiscal común para el año que viene.

El principio aplicado desde hace más de un siglo está obsoleto en la era digital, ya que supone que los gigantes de internet puedan elegir como sede fiscal territorios con baja carga impositiva pese a que operen mayoritariamente en otros. Por tanto, el acuerdo aprobado por el G20 incide en que la presión fiscal se decida según la "presencia económica significativa" de las empresas en cada país, el volumen de datos o el número de usuarios.

SIN TIPO IMPOSITIVO CONCRETO 

Lo que no se ha establecido es el tipo por el que tributarán estas empresas. En España, el plan era gravar con un 3% los servicios de publicidad online y la venta de datos. Las compañías afectadas eran aquellas que facturaran 750 millones de euros a nivel global y 3 millones en territorio nacional. Este punto es por lo que Marta Becerra, responsable de Asuntos Públicos de Adigital (Asociación Española de la Economía Digital), critica la decisión "unilateral" de España y defiende el consenso entre países para que la medida sea "largoplacista". En su opinión, es complicado cambiar demasiado rápido un sistema tributario que ha permanecido "casi inalterable los últimos siglos".

Tras la decisión de España de presentar el nuevo impuesto por su cuenta, la asociación encargó un informe a PwC que concluyó que las empresas españolas usuarias de los servicios digitales verían reducidos sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros. El estudio 'Impacto de un Impuesto sobre los servicios digitales' revela además que por este impacto en las empresas, la repercusión sobre el PIB nacional podría llegar a los 662 millones de euros. Incluso los consumidores se verían afectados hasta en 665 millones por la subida de precios.

Los demás países están a la espera de la llegada del impuesto a nivel internacional. Aunque Francia y Reino Unido ya aplican políticas fiscales de este tipo, tienen previsto retirarlas cuando se acuerde un marco multinacional. La idea de la Comisión Europea de crear una tasa comunitaria no llegó a buen puerto por la oposición de Irlanda y Luxemburgo, dos países que actualmente se benefician por ser las sedes en la UE de Amazon y Facebook. En este sentido, Busquets explica que esta medida puede ser una "señal global de control de los Estados en forma de alianza a una infraestructura planetaria como son estas plataformas".

Un sistema para transparentar más de 47 millones de cuentas Más de 90 países participan en una iniciativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para la transparencia de las cuentas a nivel global. Es el denominado Estándar de Información Común (CRS, por sus siglas en inglés), que desde el año pasado ha intercambiado información sobre más de 47 millones de cuentas en el extranjero con un valor total aproximado de 4,9 billones de euros, según los datos ofrecidos por el secretario general del organismo, Angel Gurría, la semana pasada en Japón ante los ministros de Finanzas del G20.

"Los esfuerzos internacionales para mejorar la transparencia con el intercambio automático de información está mejorando el cumplimiento tributario y entregando resultados concretos para gobiernos de todo el mundo", aseguran desde la OCDE.

Y es que la iniciativa activada a través de 4.500 relaciones bilaterales marca el "mayor intercambio de información tributaria en la historia", así como la culminación de más de dos décadas de "esfuerzos internacionales" para contrarrestar la evasión fiscal. Esta información dará "resultados concretos" para los ingresos y servicios de los diferentes gobiernos en los próximos años, explicó Gurría.

La presentación voluntaria de cuentas en el extranjero, activos financieros e ingresos en el periodo previo a la implementación total del sistema CRS generó más de 95.000 millones de euros en ingresos adicionales (impuestos, intereses y multas) para los países de la OCDE de 2009 a 2019. Esta cantidad ha aumentado en 2.000 millones desde el último informe de la organización en noviembre.