Nuestro modelo fiscal

España arrastra asignaturas pendientes desde hace años que lastran nuestra capacidad de competir: un mercado laboral con una de las tasas de desempleo más elevadas de Europa, un desequilibrio en las cuentas públicas con una deuda que supera el 120% del PIB, y una fiscalidad con la que, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), estamos en clara desventaja respecto a otros países de nuestro entorno.

Ante la situación de crisis que atraviesa nuestra economía, otros países están apostando por una menor carga impositiva como camino hacia la recuperación, mientras que en España parece que se apunta en la dirección contraria. Esto podría retrasar la recuperación de la economía española en 2022, más si cabe teniendo en cuenta factores negativos como la imposición de nuevas restricciones ante nuevos rebrotes de la pandemia, el notable incremento de la inflación y los costes energéticos y los problemas de logística y suministro que llevan meses lastrando la recuperación de nuestras empresas.

Ante esta situación y la necesidad de elevar la recaudación para compensar el incremento del gasto derivado de la crisis, el informe del IEE propone el incremento de las bases imponibles como forma de aumentar la recaudación sin elevar la presión fiscal. Una forma de hacer esto es luchar contra la economía sumergida, estimada en el 22% de la economía, un lastre demasiado elevado que es necesario reducir. Por ello coincido con el informe en que, si se redujese la economía sumergida a los niveles de la UE (13% del PIB), la presión fiscal también podría ser similar a la de la UE.

Por otro lado, si nos centramos en la carga fiscal que soportan las empresas tanto desde el punto de la recaudación como normativo, ésta es claramente superior en España en comparación con los países de la UE y la OCDE y así lo refleja el índice de competitividad fiscal del año 2021, según el cual España perdió cuatro puestos con respecto a su posición en 2020 y se coloca en la posición 30ª de 37 de los países analizados.

La conclusión del informe no puede ser más desalentadora ya que, atendiendo a estos indicadores, sitúa a España entre los países con un modelo “más obstruccionista y entorpecedor del desarrollo y el progreso socioeconómico”.

Pero aquí desgraciadamente no acaban nuestros males ya que según su indicador de presión fiscal normativa la situación de España es un 12% peor que la de los países de la OCDE. Todo estos indicadores nos hacen menos competitivos respecto a países con los que luchamos por captar inversiones empresariales y, sobre todo, talento. Hoy los profesionales más demandados son los expertos en digitalización, big data, ciberseguridad o inteligencia artificial, para quienes no creo que sea atractivo un país donde la fiscalidad es claramente desfavorable en comparación a otros países del entorno. Esto es de vital importancia en estos momentos en los que empresas de sectores fundamentales para nuestra economía como la automoción están decidiendo dónde fabricar los nuevos modelos eléctricos, modelos que trasformarán el tejido empresarial e industrial de muchas regiones. Pero también lo es para atraer empresas de los sectores ligados a la digitalización o la sostenibilidad, fundamentales para nuestro futuro y que tienen que ser parte de nuestra transformación industrial.

Por ello, creo que este informe nos obliga a reflexionar sobre nuestro actual modelo fiscal analizando si, en la actual coyuntura, nos sirve para convertirnos en una tierra atractiva para la inversión, la tecnología o la investigación y, por encima de todo, si el modelo nos permitirá tanto atraer como conservar el talento que mueve y moverá el mundo.