Las expectativas generadas en torno a la futura Ley Foral de Industria y Fomento Empresarial eran muy altas y tras un largo proceso que arrancó en septiembre de 2023 con la convocatoria de la Mesa de Industria, el texto definitivo de la norma que este jueves se llevará al pleno del Parlamento para su debate y aprobación lejos de convencer preocupa, y mucho, a las principales organizaciones empresariales. CEN, Cámara Navarra y Adefan consideran que el texto no incorpora mejoras suficientes ni recoge cuestiones que consideran esenciales para las empresas y tampoco, dicen, va a beneficiar a la competitividad industrial. Así lo han expresado esta mañana sus presidentes, Manuel Piquer, Javier Taberna e Iñaki Ecay, durante una rueda de prensa que se ha celebrado en el salón de actos de CEN y donde han solicitado a los 50 parlamentarios "una lectura profunda, crítica y consciente" del texto definitivo antes de su aprobación para comprobar si realmente la ley mejora la situación actual de las empresas en Navarra e impulsa su actividad o las lastra y empeora su competitividad frente a otras regiones de España. Su conclusión es clara y la ha resumido el presidente de Cámara Navarra, Javier Taberna: "Mejor que no se apruebe".

Para Taberna el texto ni siquiera consigue "una simplificación administrativa efectiva" porque, aunque se recoge la creación de una ventanilla única empresarial, "en las seis páginas y ocho artículos en las que se habla de esta ventanilla no se establece cómo se va a hacer", ha expresado recordando que entre 1998 y 2012 el organismo que preside ya desarrolló una ventanilla única. Para el presidente de la Cámara Navarra la principal carencia de la ley es que no entra en el modelo fiscal que es, ha asegurado, lo que se necesita para "consolidar empresas y atraer empresas". "Estamos en el puesto 12 de 19 en el ranking de competitividad fiscal y aunque hemos ganado dos posiciones en el último año en 2017 ocupábamos el puesto número 7. Los primeros de la lista son Madrid y las tres provincias vascas". 

Para el presidente de CEN, Manuel Piquer, los avances que se recogen en esta materia no son suficientes y se debería apostar por el silencio administrativo positivo y la declaración responsable como herramientas de agilización administrativa algo, ha dicho, que ya se está aplicando "con muy buenos resultados" en La Rioja. "No se trata de aprobar más normas, sino de aprobar mejores normas", ha resumido.

En representación de las empresas familiares, Iñaki Ecay, ha agradecido el esfuerzo que se ha realizado a lo largo de estos tres años para sacar adelante una ley que en su opinión "no acoge los 360 grados que necesitan las empresas familiares y las pymes". "Las empresas ven la ley con miedo a la carga administrativa que desarrolla", ha dicho refiriéndose, en concreto, a la exigencia que se recoge en la norma para que las empresas desarrollen planes de descarbonización antes del 31 de diciembre de 2023. "La ley reconoce a las empresas familiares pero las empresas familiares no nos sentimos identificadas con las medidas que se van a aprobar", ha concluido.

Piquer ha puesto el foco en cinco aspectos de la futura norma que en opinión de las empresas atentan contra la competitividad industrial. En primer lugar, se ha referido al plazo de preaviso de nueve meses que se exige a las empresas para comunicar un proceso de reestructuración industrial cuando en el resto del territorio ese plazo es de seis meses.  En segundo lugar ha citado la inversión mínima de 50 millones de euros como referencia para la declaración de un proyecto empresarial estratégico al entender que "el carácter estratégico debería determinarse también por su impacto económico, territorial, tecnológico y laboral". Entiende que con este planteamiento se cercenan las posibilidades de las pymes. El tercer punto alude al insuficiente avance en la simplificación administrativa antes citado y el cuarto se refiere a la incorporación en la ley de materias donde el Gobierno foral no tiene competencias, como es el caso de la legislación laboral. "El texto alude a las 35 horas de jornada semana cuando ésta es una materia de ámbito nacional que debe abordarse desde el diálogo social y la negociación colectiva". En su intervención ha mencionado la deriva europea apuntada por el informe Draghi donde ya se advirtió que la acumulación de regulación, la complejidad de los procedimientos y las cargas administrativas dificultan que las empresas inviertan, innovan y crezcan. "La recomendación es clara: simplificar y evitar obligaciones que no aporten valor real". El quinto aspecto que ha apuntado como amenaza a la competitividad industrial ha sido la potestad que en la norma se otorga a las organizaciones empresariales para la implantación de una industria. "Entendemos que es una responsabilidad el Gobierno, no de los ayuntamientos".