El año pasado se matricularon en Navarra 1.664 coches 100% eléctricos nuevos, pero solo se tramitaron 29 solicitudes de certificado de ahorro energético. Estos certificados permiten beneficiarse de un ingreso extra de entre 600 y 800 euros cuando se ha sustituido un viejo coche de combustión por uno de baterías.

Se trata de una cantidad muy atractiva que es compatible con el resto de ayudas directas y beneficios fiscales, por lo que resulta llamativo el escaso eco que han tenido hasta la fecha.

Pero, ¿qué es un certificado de ahorro energético (CAE)? Se trata de un documento que acredita un cambio que mejora la eficiencia energética. En este caso, es la sustitución de un coche de combustión usado, que también puede ser un híbrido e incluso un híbrido enchufable, por un eléctrico puro.

Ese ahorro de energía se mide en kilovatios hora y, cuanto más alto sea, mayor será la cantidad de dinero que se podrá obtener. En los casos más extremos, como vehículos de gran porte tipo monovolumen, SUV o todoterreno, se pueden llegar a obtener con un CAE más de 1.000 euros.

Llama por tanto la atención el exiguo número de solicitudes de CAE en Navarra. Esta aparente falta de interés puede tener más que ver con el desconocimiento de que existe este procedimiento para obtener ese ingreso extra. Existen muchos tipos de CAE, pero el que beneficia a los compradores de coches 100% eléctricos se activó en 2023.

Según los datos del servicio de transición energética del Gobierno de Navarra, no se solicitó en aquel ejercicio ningún certificado de ahorro energético por sustituir un vehículo de combustión. Tampoco constan en 2024.

Las peticiones no comenzaron hasta dos años más tarde. El departamento de Industria tramitó 23 solicitudes en 2025, de las cuales 18 acabaron con resolución favorable. A lo largo de este año se han gestionado hasta la fecha 29 peticiones de las que 20 han sido favorables y las otras 9 siguen siendo estudiadas. Son números muy bajos para el gran volumen de vehículos eléctricos vendidos en Navarra.

Este desfase resulta aún más llamativo cuando el procedimiento para solicitar el CAE contempla un amplio margen de tres años desde la adquisición del nuevo coche eléctrico. Con este calendario en la mano, quienes hayan comprado sus coches a partir del verano de 2023 todavía estarían a tiempo de activar un CAE.

En conjunto, se han tramitado o se están tramitando actualmente 52 solicitudes en Navarra correspondientes a 2025 y 2026, que han derivado en 38 peticiones aprobadas con las que se han certificado un ahorro energético de 268 MWh/año. Ello equivale, en palabras de los técnicos del servicio de transición energética del Gobierno de Navarra, “al consumo eléctrico de 77 viviendas” durante un año.

Este mismo servicio cree que la falta de peticiones hasta la fecha puede deberse a que el CAE es “un instrumento reciente” y que “no se hace uso de él por desconocimiento”. “Se aprobó su regulación y entró en vigor desde enero de 2023 y la ciudadanía no lo conoce”, añaden.

CÓMO SE SOLICITA

Contrariamente a lo que sucede con otros trámites administrativos, no son los compradores del coche eléctrico quienes solicitan los CAE. Los encargados de hacerlo son, según define el servicio de transición energética, “los sujetos delegados u obligados”, que corresponden a grandes compañías eléctricas, petroleras y gasistas o entidades en representación de estas.

La normativa europea establece que dichas megacorporaciones deben reducir sus emisiones y estas, cuando no consiguen estos objetivos, se ven obligadas a comprar derechos de emisión a terceros, en este caso a quienes han cambiado un coche de combustión por uno eléctrico.

El trámite completo exige entregar varios documentos del coche antiguo y del adquirido, algo que suele alargarse entre dos y seis meses, ya que intervienen varios actores. Primero, un intermediario recopila y verifica la documentación aportada por quien ha comprado el vehículo eléctrico. Después, una empresa independiente acreditada revisa que todo el papeleo esté en orden.

Finalmente, la Administración Foral emite el certificado por el que acaba pagando la gran compañía y el dinero resultante llega a la cuenta del comprador del coche eléctrico.

Una simple búsqueda por internet con la expresión “CAE coche eléctrico” ofrece como resultado un aluvión de compañías dispuestas a realizar los trámites y abonar el beneficio resultante. Desde el servicio de transición energética del Gobierno de Navarra señalan que “son principalmente los concesionarios quien están ofreciendo este servicio tras la adquisición de un vehículo eléctrico puro, siempre que se achatarre otro de combustión y siempre y cuando se cumplan las fechas entre la compra y achatarramiento”.

Lo cierto es que no todo el mundo cumple los requisitos necesarios para beneficiarse de los CAE. Según estipula la normativa, el titular del coche antiguo y del adquirido debe ser la misma persona. Además, la baja del vehículo de combustión debe realizarse hasta tres meses antes o hasta seis meses después de comprar el eléctrico.

Por otra parte, el coche de combustión retirado tiene que haber estado a nombre del interesado al menos un año antes del cambio y el intercambio debe producirse entre vehículos de la misma categoría, es decir, de turismo a turismo o de furgoneta a furgoneta.

El servicio de transición energética recuerda que los vehículos compatibles con los CAE son los destinados al transporte de personas (M), los de transporte de mercancías (N) y las motocicletas, ciclomotores y cuadriciclos (L).

Al margen de las barreras burocráticas, también puede haber dudas éticas a la hora de beneficiarse de un CAE. Lo cierto es que el uso de un coche 100% eléctrico se traduce en muchas menos emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, pero este beneficio desaparece al monetizar el CAE.

Al hacerlo, un tercero acabará contaminando en una cantidad equivalente a lo ahorrado. Bien es cierto que el cómputo global de emisiones debería ceñirse a los límites establecidos y, por tanto, representar una reducción total de gases de efecto invernadero. La decisión queda en manos de los potenciales beneficiarios.