Un grupo de unos siete agricultores y ganaderos de la asociación navarra Semilla y Belarra han viajado  este jueves 7 de mayo hasta Madrid para apoyar la protesta "de carácter indefinido" que varias asociaciones de distintas zonas de España están realizando ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La acampada, que comenzó el pasado martes día 5, ha sido organizada por APAG Extremadura Asaja bajo el lema 'Contra el atraco del Gobierno al campo'.

Esta acción responde a la "grave crisis estructural" que atraviesan la agricultura, la ganadería y la apicultura, una situación de la que el sector viene advirtiendo desde hace "años", y que le está llevando a una "crisis sin precedentes", con explotaciones que continúan "cerrándose día tras día".

La protesta denuncia el encarecimiento de insumos y vincula el deterioro de la renta agrícola con los acuerdos comerciales recientes y las importaciones que, según los agricultores, compiten en condiciones diferentes a las de la UE. Los representantes denuncian que la apertura sin garantías de reciprocidad está afectando a precios y volúmenes en origen, y piden reciprocidad real en los acuerdos comerciales, refuerzo de fronteras y garantía de preferencia comunitaria para productos españoles. Señalan como ejemplos de competencia desleal los accesos a mercado procedentes de terceros países que, a juicio del sector, no respetan los mismos estándares medioambientales, sanitarios o sociales.

Además, los convocantes reclaman instrumentos aduaneros y fiscales que equilibren costes cuando se importan productos por debajo de los costes de producción locales, y alertan del riesgo para la cadena de valor agroalimentaria si continúa la pérdida de explotaciones y de capacidad productiva interna. Para los agricultores, afrontar la competencia sin medidas de protección o de ajuste supone una deriva que pone en riesgo la soberanía alimentaria y la disponibilidad estable de producción nacional.

Los líderes de la movilización, que buscan forzar negociaciones, han expresado también su rechazo a determinadas políticas comunitarias sobre sostenibilidad que consideran mal enfocadas para la realidad productiva española.