El caso Cerdán no ha provocado la renuncia del grupo chino Qinghai Salt Lake a financiar el proyecto Muga, promovido por Geoalcali. Es una de las ideas que defendió la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, este miércoles en el Parlamento. Lo hizo con tanta contundencia como al afirmar, aunque parezca contradictorio, que es imposible saber las razones del inversor para abandonar el millonario proyecto. Chivite compareció en comisión parlamentaria ante la solicitud de UPN para explicar las diferentes reuniones mantenidas para apoyar el proyecto de Mina Muga y para dilucidar si la retirada del último posible inversor chino había tenido que ver con la vinculación de este proyecto minero con Santos Cerdán, Koldo García y Antxon Alonso.

Sobre esto último respondió que no y fundamentó su negativa en que el ‘deseado’ socio chino también había renunciado a su proyecto en Canadá. “Y no creo que en Canadá anden muy preocupados por las filtraciones del caso Koldo”, apuntó Ainhoa Unzu, portavoz del PSN, en apoyo de su presidenta. Pero lo que no recordaron es que el proyecto de Canadá iba unido al de Geoalcali, ambos promovidos por el grupo australiano Highfield Resources (que cotiza en la Bolsa australiana). En ambos iban a invertir un total de 300 millones de dólares. Pero el argumento de Canadá sirvió a las socialistas para contrarrestar la rotunda acusación que lanzó Javier Esparza, portavoz de UPN: “El daño hecho por Cerdán en la reputación de este proyecto es enorme”. Y aseguró que el abandono del posible inversor se ha debido a la desconfianza en este Gobierno y al daño reputacional ocasionado por Santos Cerdán. “Usted está especulando sobre las razones del abandono cuando ni el mismo inversor chino se ha pronunciado sobre ello”, contrarrestó Unzu en un arisco debate entre parlamentarios. En la misma línea, Chivite defendió que vincular la retirada del inversor en Mina Muga con los presuntos casos de corrupción es, “cuando menos, aventurado”.

Enredo judicial

María Chivite, quien acusó a UPN de hacer una oposición “destructiva” y defendió la honradez del Gobierno foral, apuntó al enredo judicial del proceso como causa de la marcha del inversor chino. Y, aunque hubiera mencionado con anterioridad que no se podían saber las razones de esta decisión, defendió que el retraso de los recursos de casación interpuesto por las tres administraciones (Navarra, Aragón y nacional) es “la razón del retraso” de un proceso que se remonta a hace 14 años.

Estos recursos son la respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) del 30 de septiembre de 2024. Esta resolución, que respondía a la denuncia de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza, suponía la paralización del proyecto cuando pocos días antes la empresa había anunciado la inversión de otros socios asiáticos. La sentencia caía como un jarro de agua fría a un proyecto que había comenzado en 2011 y que, como recordó la presidenta para defender la legalidad de todo el proceso, ha acumulado durante 14 años más de 180 consultas y más de 80 informes, todos ellos favorables.

El proyecto minero protagonista de la comparecencia de este miércoles busca obtener potasa en los términos municipales de Sangüesa y Javier (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón). En la mina se han invertido ya más de 150 millones de euros y requiere 700 millones de euros adicionales. Por eso, la intención de esos tres primeros socios asiáticos de invertir en el proyecto 220 millones de euros se presentó a la opinión pública como el gran espaldarazo a la mina.

Pero esos tres socios (los dos chinos Yankuang Energy y Beijing Energy, así como el de Singapur Taizhong), ante la sentencia del TSJN pusieron ‘en cuarentena’ su inversión. Tanto que fijaron una fecha límite para que pudiera solucionarse el conflicto judicial antes de comprometerse definitivamente. La fecha llegó sin que se hubiera resuelto la incógnita judicial.

Chivite, en su intervención parlamentaria de este miércoles, insistió en la tesis que ha mantenido la empresa, que la sentencia hacía referencia a un problema de forma (“un defecto de procedimiento”, dijo) y no de fondo. Aunque sea así, el defecto de forma no ha bastado para evitar la paralización. Tal como explicó la presidenta, se habían solicitado tres concesiones mineras separadas en 2014, que correspondían a los gobiernos central, navarro y aragonés. “El TSJN consideró que, desde el punto de vista procedimental, se debería haber concedido una única concesión”, dijo Chivite.

Una concesión que no llega

En un principio parecía que la concesión única del Ministerio de Transición Ecológica podría resolver el caso. Pero esta autorización no ha llegado y Chivite este miércoles no dio ninguna explicación a esta ausencia, y eso que la presidenta se había reunido con la ministra Sara Aagesen, cita en la que también estuvo presente, según confirmó, Cerdán, “como diputado navarro” que era.

En lugar de explicar Chivite, como le pidió Esparza, por qué no llega la autorización, echó la culpa a los gobiernos que en 2014 “asesoraron” a la empresa para que pidiera los permisos por separado. “Ninguno de los gobiernos actuales de España, Navarra y Aragón son los mismos que entonces”, se excusó, en referencia al PP y UPN.

Paralelamente a la espera de una autorización que ya ni se menciona, los gobiernos de España, Navarra y Aragón presentaron después de la sentencia del TSJN un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “Y es este recurso la causa del retraso de todo el calendario”, según dijo Chivite.

Después de que llegara la fecha límite por los tres socios asiáticos sin que se hubiera movido ficha, la llegada de otro posible, inversor, el chino Qinghai renovó las esperanzas en el proyecto. Fue anunciado el 22 de mayo de 2025. Un mes más tarde se difundía el informe de la UCO con el que saltaba el caso Cerdán. Mientras, judicialmente, el proyecto continuaba sin desenmarañar. Días después, en agosto, el último inversor chino abandonaba el barco.

Sola. La presidenta, María Chivite, estuvo sola en su comparecencia sobre Geoalcali. No tuvo el apoyo, por supuesto, de UPN ni del PP, pero tampoco de sus socios (Geroa, Bildu y Contigo). Aunque cada uno lo hiciera por razones diferentes. Esparza afirmó que apoya el proyecto minero, pero se quedó insatisfecho con las no respuestas a las preguntas sobre las diferentes reuniones que ha mantenido Chivite sobre Mina Muga. Laura Aznal (EH Bildu) habló de “tal vez, un caso de compra de voluntades ante algunas administraciones”, en un caso “lleno de inseguridades jurídicas”, que comparó con el cuento de la lechera. Pablo Azcona (Geroa Bai) también reconoció la inseguridad jurídica del proceso y Carlos Guzmán (Contigo) reiteró su rechazo a un proyecto situado “en las antípodas de un gobierno progresista”. El tenso debate finalizó con un enfrentamiento en el que Chivite acusó a Esparza de machista por decir que Navarra está gobernada por el socialismos de Cerdán y por Otegi. A lo que Esparza le respondió llamando mentirosa a la presidenta.