Un total de 106 de los 339 trabajadores que fueron despedidos en Sunsundegui, cuando a mitad de abril se decretó su liquidación, están ya ocupados. La novedad fue desvelada este martes 24 de junio por el Gobierno de Navarra, al tiempo que daba cuenta de su participación en un grupo de trabajo de revitalización de Sakana junto a la mancomunidad, la agencia Sakana Garapen Agentzia y la Asociación de Empresas de Sakana (AES).

En el ERE de la empresa de Alsasua, del conjunto de trabajadores afectados, “61 personas residen fuera de Navarra”. Por otro lado, y según destaca el Ejecutivo foral, la Agencia de Empleo de Alsasua ha atendido “a 100 personas de cuales 63 han manifestado interés por participar en el plan de recolocación y ya se ha iniciado la primera fase con acciones de orientación laboral”.

El plan de recolocación incluye un proceso de orientación individualizado y formación, entre otras líneas de actuación, según desveló la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu. Los detalles trascendieron tras un encuentro, al que acudió también el consejero de Industria, Mikel Irujo. El grupo de trabajo formado se centra en analizar posibilidades de desarrollo de infraestructuras industriales.

COMPTOS EN EL PARLAMENTO

Mientras, el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, advirtió en el Parlamento que el órgano que dirige fue “crítico” con la última inyección económica del Gobierno de Navarra a Sunsundegui, aprobada en mayo de 2024 por un importe de 6 millones de euros. Fue otorgada conforme a un acuerdo del Parlamento cuando la carrocera de Alsasua se encontraba ya en “una situación muy delicada”, como subrayó el presidente del órgano fiscalizador y pusieron de manifiesto distintos documentos del propio Ejecutivo foral. “Lo que decimos en nuestro informe es que desde el punto de vista técnico, esos 6 millones no se debían haber dado”, aclaró en referencia a la auditoría elaborada con las ayudas de Sodena a la empresa desde 2009. El cierre acabó materializándose con el despido de sus 336 trabajadores.

Tal y como indicó Cabeza, la carrocera “no pudo afrontar los acuerdos de Volvo. Esas circunstancias no se tuvieron en cuenta para la ayuda de mayo de 2024, cuando la situación era muy delicada”. Por lo que señaló en una comparecencia en comisión de Industria solicitada por el PP, en ese momento precisaba de una ayuda equivalente a “10 o 12 millones”.

A preguntas de Maribel García Malo (PP), Ignacio Cabeza aclaró que, según la información de que dispone Comptos, Sunsundegui y Volvo mantenían “acuerdos”, que la carrocera alsasuarra no pudo cumplir. “No había compromiso de compra en los acuerdos, pero sí de aportar chasis y tecnología por parte de Volvo y de la necesidad de alcanzar una capacidad de producción de 2,5 coches por día”, dijo. En sus respectivas intervenciones, PP y UPN fueron críticos con el Gobierno foral. Pidieron una explicación por las razones que condujeron a la creación de “expectativas” a los trabajadores, con la última concesión de 6 millones y a la solicitud de concurso de acreedores en noviembre de 2024. “¿Qué valoración hacen de esto?”, en referencia al Ejecutivo navarro, se preguntó Javier Esparza (UPN). “¿Qué ha ocurrido para que en seis meses se haya pasado de tener un proyecto histórico, de oportunidades de futuro, a un concurso de acreedores, y un cierre de empresa. ¿En qué se ha equivocado el Gobierno? ¡Alguna responsabilidad tendrá!”, opinó.

Comptos recordó que en total fueron 49 los millones concedidos a Sunsundegui desde su primera situación inestable en 2009. Cuatro años después, con UPN en el gobierno fue vendida a cinco directivos y 133 trabajadores, se traspasó con una ayuda equivalente a 35 millones, en concepto de cancelación de deudas y préstamos participativos.

Este martes, EH Bildu y Contigo Zurekin coincidieron en subrayar que el problema “ha sido no intervenir antes”, en clara alusión al cambio que se produjo a principios de 2024 en el consejo de administración de la empresa, en el que, como expuso el parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, “entró un exetarra con una dieta de 15.000 euros”. Comptos recomienda: “Comunicar a la Comisión Europea de manera previa la concesión de las ayudas que puedan considerarse de Estado. Pedir que los accionistas de empresas que reciban ayudas también se comprometan financieramente”.