Una persona cobra la prestación por desempleo o la ayuda de la renta garantizada y, al mismo tiempo, trabaja para una empresa pero sin cotizar a la Seguridad Social. Es uno de los fraudes con los que se topa la Inspección de Trabajo en materia de economía irregular. El año pasado, en Navarra descubrió a 1.498 personas que trabajaban en diferentes empresas, pero que no cotizaban a la Seguridad Social. O si lo hacían, estaban mal encuadrados. Por ejemplo, detectó 31 falsos autónomos, personas que cotizaban en el régimen especial de autónomos, pero que según la Inspección debían ser trabajadores por cuenta ajena y cotizar, por tanto, en el régimen general.

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La cifra de personas sin cotizar es algo más baja que la de un año antes cuando la Inspección ‘afloró’ en Navarra a 1.906 trabajadores sin pagar a la Seguridad Social lo debido, aunque mucho mayor que la de 2022 cuando fueron 963 trabajadores.

Las llamadas “faltas de alta” a la Seguridad Social se mantienen en cifras más o menos estables. “La mayoría son faltas de cotizar absolutas, personas que trabajan sin estar dados de alta. En este ámbito, sí que detectamos que va aumentando poco a poco, el número de trabajadores que no cuentan con la autorización correspondiente o permiso para trabajar. Normalmente, son personas inmigrantes que trabajan en sectores más precarios, al aire libre, en horas nocturnas...”, comenta el delegado territorial de la Seguridad Social, Carlos Vivanco.

La multa a la que se arriesga una empresa o autónomo por contratar a una persona y no darle de alta es de 3.750 euros. Si son dos trabajadores, la cantidad se duplica y, además, se le suma un 20% más. Es decir, 9.000 euros. “El importe aumenta y se agrava con un porcentaje adicional conforme aumenta el número de trabajadores”, apunta el delegado.

Por estas faltas de cotización, la Inspección impuso sanciones por 1,12 millones de euros el año pasado. Es una cifra algo más baja que en 2023, cuando las sanciones impuestas en economía irregular alcanzaron los 1,7 millones.

A demás de las sanciones, la Inspección insta a las empresas a ponerse al día en el pago de cuotas a la Seguridad Social. Tras estudiar el caso, determina cuántos días o semanas se ha cometido fraude. El año pasado, la delegación de la Inspección en Navarra reclamó 13,3 millones de euros para cumplir con las cuotas no abonadas.

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La actividad de la delegación provincial de la Inspección de Trabajo se ha saldado con 16.000 temas o asuntos investigados en distintas áreas (relaciones laborales, economía irregular, seguridad...). Es un número ligeramente inferior al de 2023 (16.800 asuntos). La gran mayoría de ellos se enmarcan en el campo de la seguridad y salud laboral (6.800 temas) y en Seguridad Social (6.500). No todos los asuntos que se investigan son posteriormente penalizados con un acta de infracción, una multa. En 2024 hubo 1.042 actas de infracción (40 más que en 2023). El importe de las sanciones impuestas a lo largo del año pasado sumó 4,2 millones de euros, una cifra similar a la de 2023 (4,36 millones). La sanción media a la empresa suele rondar los 4.500 euros, aunque esta cifrase eleva en caso de economía irregular.

Luego, todas sanciones que la Inspección de Trabajo impone en materia de seguridad y salud laboral y relaciones laborales (casi 1,6 millones) van a parar a las arcas del Gobierno foral.