Uno de los principales motivos de las movilizaciones agrarias es la queja de agricultores y ganaderos que se ven obligados en ocasiones a vender sus productos a precios que no cubren sus costes. Malvenderlos o dejarlos sin recoger en el campo. Una compleja tesitura que genera indefensión. Por eso, reclaman que se aplique “con contundencia” la Ley de la Cadena Alimentaria. Esta legislación alimentaria (nacida en 2013 pero reformada en 2021) pretende velar porque en la relación entre agricultores e intermediarios no se produzcan “desequilibrios”. En esencia, la norma prohíbe la venta a pérdidas.

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Aplicar la ley corresponde a las comunidades autónomas. Esta obligación en Navarra recae en el departamento de Desarrollo Rural. En los tres últimos ejercicios cerrados (2021, 2022 y 2023) ha controlado 47 establecimientos y, en ellos, ha analizado un total de 122 relaciones comerciales (contratos). El resultado de la labor inspectora ha derivado en 12 operadores sancionados que engloban 27 incumplimientos que suman multas por 602.000 euros.

En este periodo, los técnicos también han determinado que 32 operadores cumplían la ley, por lo que sus expedientes han quedado archivados. Otros dos expedientes todavía están en curso porque el proceso, desde que se inicia la investigación hasta que termina, dura varios meses (unos seis meses de media).

Por último, los informes de otros dos operadores se trasladaron a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), de carácter estatal, para que los concluyera. Esto ocurre cuando, por ejemplo, el operador controlado tiene su sede social fuera de Navarra o algún proveedor es de otra comunidad.

De los 12 operadores sancionados, 11 han sido por la administración navarra (la sanción la dictan los servicios jurídicos a propuesta del departamento de Desarrollo Rural) y uno por AICA.

LA SANCIÓN MEDIA RONDA LOS 9.000 euros

La sanciones de la Ley de la Cadena Alimentaria pueden ir desde 250 euros hasta un millón de euros en función de la gravedad de los incumplimientos. De los 27 incumplimientos recogidos en los 12 expedientes sancionados, 24 son graves. Entre los más habituales figuran no cumplir los plazos de pagos y no tener formalizado un contrato con el proveedor. Otros tres incumplimientos son leves, normalmente no incluir aspectos formales en el contrato.

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El expediente de mayor cuantía es uno de 500.000 euros a un operador del sector de conservas vegetales que se encuentra judicializado. Los 11 restantes oscilan entre 3.000 y 27.000 euros, con una media de unos 9.000 euros.

Por sectores se cuentan cuatro bodegas, cuatro firmas de conservas vegetales, tres de frutas y hortalizas y una dedicada al cereal y los forrajes.

El director general de Desarrollo Rural, Rubén Goñi, destaca la “decida apuesta” del Gobierno de Navarra por “potenciar” la aplicación de esta ley. “En 2024 habíamos previsto supervisar un centenar de contratos, pero en las movilizaciones nos comprometimos a controlar 200, lo que supone un salto importante”, detalla.

Rubén Goñi considera que la ley proporciona no solo “una protección a la parte más desfavorecida” de la cadena alimentaria, sino también al consumidor “porque se puede dar el caso de que se diga que es un producto de una gran calidad y, luego, comprobamos que no es así”.

SELECCIONAR OPERADORES TRAS CONSULTAR CON EL SECTOR

La inspección o control a un operador (quien realiza la primera compra del producto al agricultor o ganadero) arranca cuando un técnico se presenta en la empresa y solicita la relación de proveedores. “Seleccionamos una muestra de ellos, un número concreto de contratos que vamos a controlar. A partir de ahí, empezamos a pedir la documentación:  el contrato, las modificaciones de contrato, las entregas, las reducciones de precio, la calidad...Y, finalmente, los justificantes de pago de cada partida”, indica.

¿Quién decide a qué operador se controla? Desarrollo Rural es quien toma esa decisión, aunque para orientarse se consulta a las organizaciones agrarias. “Se les pregunta en qué sectores consideran más necesario realizar controles, pero nosotros tenemos la última palabra. Se decide de manera aleatoria, con pequeños, medianos y grandes operadores para que la muestra sea equilibrada”, expone.

Los agricultores y ganaderos también pueden presentar denuncias, pero según Rubén Goñi en estos tres años no ha llegado ninguna. Desde organizaciones agrarias como el sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGN) señalan que los productores se ven a veces “presionados” a firmar acuerdos “en los que se especifica por escrito que el precio cubre sus costes de producción cuando no es así”, lo que según esta organización agraria explica que no se produzcan denuncias particulares.

El director de Desarrollo Rural agrega que el minucioso trabajo de control encuentra, en la gran mayoría de los casos, la colaboración del operador. El tiempo que se invierte también depende de si los técnicos siguen el protocolo de control marcado por la agencia estatal AICA o bien inspeccionan conforme a lo que llaman “muestra foral”. “Es un control que hemos generado nosotros, con un planteamiento desde el conocimiento del terreno que pisamos y más dirigido a las situaciones en las que pensamos que hay incumplimiento. Además, nos permite ser más ágiles”.

PRECIO DEL CONTRATO CÓMO SABER SI ES CORRECTO 

¿Cómo los técnicos de Desarrollo Rural deciden si el precio abonado por un litro de leche o de un kilo de espárragos cubre el dinero que ha costado producirlo?

El directivo señala que trabajan con el concepto de “coste medio de producción”. Para llegar a esa cuantía manejan diversas herramientas como los estudios técnicos que elabora la sociedad pública INTIA a partir de las cuentas de distintas granjas o fincas agrarias. También usan una herramienta matemática (que servirá para el futuro Observatorio de la Cadena de Comercialización Agroalimentaria de Navarra) y también se informan, según de qué producto se trate, en diferentes observatorios nacionales y en entidades. “Por ejemplo si es leche se ven datos de Infolac. Al final, la propia ley tiene su racionalidad y, en ese sentido, vemos si los precios que figuran en un contrato están en el entorno del coste medio de producción que tenemos”.

Rubén Goñi afirma que se ha iniciado el camino para potenciar el cumplimiento de la ley, aunque reconoce que se deberá llegar hasta allí “dónde se apliquen márgenes amplios”. Otro aspecto que debe mejora es la colaboración con el Ministerio de Agricultura, algo que ya se ha solicitado. “Tiene que haber más coordinación porque si en Navarra somos muy estrictos en el cumplimiento de la ley y otras comunidades, no, podemos provocar que los operadores no compren productos navarros, con lo que hacemos flaco favor al sector”.