El Departamento de Derechos Sociales ha llegado este miércoles a un preacuerdo con los sindicatos UGT y LAB, y la asociación empresarial del sector ANEIS, para la firma del I Convenio de Intervención Social de Navarra.

Así lo ha indicado el Gobierno foral, cuya consejera Carmen Maeztu ha mostrado su satisfacción por “una buena noticia ya que es el primer convenio de intervención social en Navarra. Este convenio supone un reconocimiento a los y las profesionales del sector, mejorando sus condiciones laborales y salariales, lo que sin duda repercutirá en la calidad de los servicios que se prestan a distintos colectivos”.

El Gobierno de Navarra destinará a la financiación del convenio tres millones de euros para el segundo semestre del año 2021, lo que implica una consolidación para el año 2022 de seis millones de euros.

Se calcula que en torno a 1.600 profesionales trabajan en los sectores que abarca este convenio, y que atienden a personas y colectivos en exclusión o desprotección, o en riesgo de estarlo, sobre los que es necesario promover su inclusión y participación social.

Entre ellos se encuentran personas excluidas por cuestiones económicas, menores en dificultad y conflicto social, reforma juvenil, personas sin hogar, personas con trastornos por dependencia o cualquier tipo de adicción, personas migrantes, desempleadas, reclusas, mujeres víctimas de violencia de género y trabajadores sexuales.

Para el cumplimiento del acuerdo, la ANADP (Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas) resolverá anticipadamente todos los contratos o modificará los conciertos sociales en vigor que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del convenio, para aprobar, en su caso, su licitación o modificación, respectivamente, durante el primer semestre de 2021, aplicando las mejoras salariales acordadas.

Tras llegarse al acuerdo, LAB ha subrayado como "histórico" el preacuerdo para establecer el primer convenio navarro del sector, "que sin duda alguna dignificará la condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras".

LAB destaca "la lucha, ganas, empoderamiento y determinación de trabajadores y trabajadoras de Intervención Social, que mediante infinidad de iniciativas y movilizaciones -que incluyeron los primeros paros y la primera huelga del sector- no han cejado hasta conseguir el objetivo histórico de lograr el primer convenio del sector en Navarra".

Advierten de que las alrededor de 2.000 trabajadoras de los servicios de Intervención Social llevaban más de 10 años sin ver actualizados sus sueldos, "ya de por sí precarios", pese a la subida del 12 % en este tiempo y la congelación salarial padecida, que han hecho perder a cada trabajadora más de 15.000 euros en poder adquisitivo.

El sindicato LAB, que ostenta el 70 % de la representación sindical del sector, recuerda que en 2016 comenzó "el camino para conseguir un convenio navarro, que crease un marco propio de relaciones laborales, mucho más acorde a la realidad de la Comunidad Foral que el que recoge el convenio estatal por el que se regía".

"No ha sido fácil activar y unir en una misma lucha a tantos trabajadores tan diseminados y de puestos de trabajo tan diversos. No ha sido fácil la definición y concreción del sector. No ha sido fácil que la patronal asumiese las obligaciones que como patronal le corresponde. No ha sido fácil la creación y puesta en marcha de la mesa de negociación".

Tampoco ha sido fácil, dicen, conseguir la financiación del Gobierno ni el acuerdo de la patronal, "pero al final se ha conseguido".

El otro sindicato firmante, UGT, ha valorado el "reconocimiento institucional" que el mismo significa del "papel esencial que tiene este colectivo y dignifica las condiciones salariales y laborales de sus trabajadoras y trabajadores".

Este Preacuerdo recoge un incremento salarial progresivo para los próximos años, junto a otras mejoras "importantes" como la reducción efectiva de jornada, las mejoras en licencias, permisos y vacaciones o en una mayor protección para las bajas laborales, entre otras cuestiones, dice el sindicato.

Además, "clarifica y ordena" las categorías profesionales y las condiciones salariales o laborales correspondientes a cada puesto y para todo el sector. De esta manera, por ejemplo, una educadora, sería contratada en las mismas condiciones, independientemente de la empresa del sector en que realice su trabajo.

También, este preacuerdo consolida el compromiso mostrado por las Administraciones Públicas y obliga a éstas a licitar estos servicios respetando las nuevas condiciones pactadas por la Ley de Contratos Públicos.

Por ello, la UGT valora que el convenio va a suponer "una mejora real en las condiciones laborales de las plantillas de este sector, que engloba en torno a 1.600 personas, y que será un punto de inflexión, porque se trata del primero que se firma en Navarra y porque su consecución ha exigido un trabajo sindical muy intenso".

El preacuerdo no es, sin embargo, de apoyo unánime, de forma que ELA ha lamentado que el Convenio de Intervención Social excluya de su ámbito de aplicación a diferentes colectivos, como son las 400 personas (alrededor del 20 % de los trabajadores en el sector) pertenecientes a los colectivos de inserción social y socio laboral y los colectivos dedicados a cooperación y ayuda al desarrollo, o atención a la drogodependencia.

ELA considera necesario "dignificar las condiciones laborales de ese sector y para poder hacerlo consideramos que sería un paso muy importante negociar y acordar un convenio sectorial con contenidos para todo el sector en Navarra", y por ello cree "muy grave" que se dote de 10 millones a un convenio que excluye de su aplicación al 20 % del los trabajadores.