Los planes de la firma Andía para levantar uno o dos bloques de entre 84 y 90 pisos en el solar comercial de la plaza Soto de Mendillorri han topado con una férrea oposición de los residentes en esta zona enmarcada por las calles Ramón Aguinaga (al sur); Carretera de Sarriguren (norte) y Arnalt de Larrasoaña (este). El arquitecto José María Arcos, al que la constructora encargó redactar cuatro alternativas de distribución de los pisos sobre el solar comercial de la plaza, se enfrentó a una tensa reunión en la primera cita de la participación ciudadana.

Alrededor de cien personas acudieron al encuentro convocado a las seis y media de la tarde en los locales de la parroquia Padre Nuestro. Vecinos que actuaron como un muro compacto contra las propuestas. La única alternativa para ellos es bloquear la iniciativa, por lo que la reunión terminó con otra improvisada para crear un grupo de los que ya se consideran afectados por una de las “mayores aberraciones urbanísticas” de Pamplona. El motivo es que los bloques proyectados, de baja más seis o baja más ocho y ático, discurren en paralelo a los seis portales de baja más cuatro con 50 viviendas que dan a la calle Arnalt de Larrasoaña con una separación que en alguna de las alternativas es de apenas 13 metros y les priva del sol y panorámica. Pero, argumentaron el resto, también dará sombra y quitará visión a su inmueble que discurre en paralelo a Carretera de Sarriguren.

A la plaza se asoman dos torres de baja más ocho. Una excepción en un barrio de baja más cuatro para, argumentaron, hacer un cerramiento del área. “Y ahora, se utilizan como excusa para poder subir la nueva edificación a esta altura”. Cuando, remarcaron en varias ocasiones, el solar continúa siendo comercial y sujeto a las “estrictas condiciones” que se aprobaron en la modificación del Plan Municipal de Pamplona en 2003.

Dos asistentes las recordaron: no se podía construir más de dos alturas y en todo caso que nunca superaran el alero del inmueble junto a Arnalt de Larrasoaña. “Había entonces mucha más sensibilidad para garantizar a los vecinos la luz y las vistas. De hecho, en una de las partes de ese edificio comercial se obligaba a que fuera acristalado para garantizar que pasaran los rayos del sol”.

La ley obliga a estas reuniones de participación ciudadana cuando una futura construcción implica un Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU), como ocurre en la plaza, entre otras cosas porque habrá que modificar la calificación de la parcela de comercial a urbana. “Pero estamos en un proceso muy incipiente, donde no hay nada decidido”, advirtió en varias ocasiones el arquitecto. También explicó que la decisión final no corresponderá ni a la constructora ni a los vecinos, sino al Ayuntamiento, que podría modificar sustancialmente el proyecto.

Sus palabras no tranquilizaron ni un ápice a los asistentes, que aplaudieron la intervención de un residente que criticó la motivación para la iniciativa. “Se habla del Plan municipal de Viviendas Asequibles del Ayuntamiento, del que muchos de los presentes estamos de acuerdo. Pero tiene que aterrizar en una realidad preexistente en la plaza y ahora no nos pueden decir que nos olvidemos de esas restricciones de 2003”. “En Yamaguchi no lo harían. Vienen al extrarradio y a un barrio de clase trabajadora”, se quejó otro

En varias ocasiones se criticó la ausencia de algún representante del equipo de gobierno que conforman EH Bilbu -en la alcaldía- Geroa Bai y Contigo Zurekin. “Estaban invitados pero no obligados a venir porque se trata de una promoción privada”, dijo el arquitecto a una nada convencida audiencia. “Seguro que ya está todo hecho”, se escuchó a alguien entre el murmullo de desaprobación de los asistentes. Porque sólo el Ayuntamiento podía haber respondido a algunas preguntas lanzadas desde los vecinos. “¿De quién es la propiedad?”, fue la más repetida. Hace dos años pertenecía al grupo Mondragón, aseguraron. “Hubo que pedirles permiso para entrar en la parcela para actuar en los trasteros”, aseguró una vecina. “Pero Andía no se mete en esto si no fuera el propietario”, se inquirió al arquitecto. “Lo desconozco. A mí se me ha encargado un trabajo y no sé nada más”, contestó José María Arco

“Aquí se planteaba una oportunidad muy buena para quitar este erial tras más de veinte años vacíos para que el Ayuntamiento hubiera llegado a un acuerdo con Andía y trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otra parcela municipal”, planteó otro residente, dando así a entender que la constructora ya era la titular de los terrenos.

Una cuestión, la propiedad, de la que el arquitecto sólo pudo decir que existía la posibilidad de que si una cesión para un tema concreto -en este caso comercial- no se llevaba a cabo, los terrenos podían revertir al Ayuntamiento. Pero lo comentó no como una pista de lo que pudiera haber pasado, sino como explicación a una pregunta lanzada desde el público de si era posible que el consistorio pamplonés fuera el dueño.

“Pero, ¿el Ayuntamiento tiene algún compromiso con Andía?”, insistió otro vecino. “Lo desconozco, yo sólo soy arquitecto urbanista”.