El Departamento de Derechos Sociales ha reforzado su apoyo empresas de inserción sociolaboral (EIS) de Navarra y ha ampliado de 75.000 a 200.000 euros las ayudas a inversiones, para facilitar su adaptación a los requerimientos de la pandemia y a mejorar su competitividad.

Esta cuantía se suma al presupuesto de 3 millones destinado a apoyar la contratación de personas en riesgo de exclusión y de personal técnico, ha informado el Ejecutivo foral.

Este incremento, publicado en el BON de este pasado jueves, ha coincidido con la visita que la consejera Carmen Maeztu y la directora gerente del SNE-NL, Mirian Martón, han realizado recientemente a “Mamá nos da de comer”, una empresa que se ha reconvertido legalmente a empresa de inserción social.

La consejera ha subrayado el compromiso del Ejecutivo foral con este sector y en particular con su recuperación económica, sector que basa el núcleo de su actividad, ha recordado, en la introducción al mercado laboral de personas con dificultades de tipo social o personal.

Por ese motivo, el Departamento, a través del SNE-NL reforzará presupuestariamente a estas empresas y también a los centros especiales de empleo.

Este apoyo se ha materializado este año en la creación de dos nuevas EIS, que pasan de 9 a 11: “Mamá nos da de comer” y Muriba.

La ampliación de este recurso, objetivo estratégico para el Departamento, ha sido posible gracias a que el Gobierno de Navarra realizó a finales de 2019 una modificación legal que flexibilizaba los requisitos para convertirse en empresa de inclusión social, con idea de incentivar la creación de nuevos proyectos y de expandir su implantación por más zonas de Navarra.

Hasta ese momento, la normativa exigía un mínimo de dos años de actividad como empresa ordinaria antes de poder acceder a las ayudas del Gobierno de Navarra y establecía un máximo de tres técnicos o técnicas contratadas, profesionales que realizan el acompañamiento de las personas que inician su itinerario laboral.

2020 se presentaba como un año clave para el impulso a estas empresas, pero la crisis provocada por la pandemia ha retrasado la cristalización de otros proyectos en preparación y ha dificultado el funcionamiento de las ya existentes.

Tras la flexibilización legal, el Departamento de Derechos sociales a través del SNE-NL aumentó su esfuerzo presupuestario pasando de 2,1 millones en 2019 a los 3 millones de este ejercicio, con los que se sostienen los salarios de las personas en inclusión (el coste de la cuota a la Seguridad Social, más el 75 % del importe del salario mínimo) y el de profesionales que realizan las asistencias técnicas.

En este último caso, la modificación legal aumentaba de un mínimo de 18.000 a 24.000 euros la dotación anual para cada técnica o técnico contratado.