Ante la manifestación de este lunes, 7 de enero, por las calles de Pamplona, convocada por LAB con el trasfondo de la huelga del 20% de los trabajadores de Huerta de Peralta, la empresa navarra quiso poner de manifiesto, mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, que rechazará cualquier acuerdo que suponga la readmisión de los cuatro trabajadores despedidos. “Lo que plantea LAB es un nuevo chantaje en el que se pretende como condición primera readmitir a los cuatro trabajadores despedidos entre febrero y agosto del año pasado por motivos disciplinarios. De ninguna manera se va a readmitir a personas violentas o que defrauden a la empresa y a la Seguridad Social”, señalaron desde la dirección de la firma. “A este tipo de personas no se les puede volver a readmitir. Tiene que quedar claro que a estos trabajadores se les ha despedido por motivos disciplinarios y que, tras la agresión de tres de ellos a sus compañeros, no han cumplido ni como ciudadanos ni como trabajadores”, recalcaron.

Por otra parte, ante las acusaciones por parte de LAB de “miseria y explotación laboral”, Huerta de Peralta se desmarcó  absolutamente: “Es injusto y falso. En esta empresa se cumplen todos los acuerdos y pactos del convenio agropecuario. Si están buscando condiciones indignas, en Huerta de Peralta no van a encontrar nada. Es injusto y falso decir que los trabajadores de nuestra empresa hayan encontrado miseria y explotación, muy al contrario, han encontrado estabilidad, ya que la mayor parte de la plantilla tiene contrato indefinido”. Además añadieron desde la empresa que no les corresponde a ellos modificar el convenio del agro navarro: “Son los sindicatos los que tienen que tratar de mejorarlo en el próximo convenio provincial si creen que el actual no es bueno para los trabajadores, pero la empresa no tiene poder de decisión”.

Por otro lado, Huerta de Peralta quiso dejar claro que es “absolutamente falso” que un juez haya dicho que la empresa deba 440.000 euros a sus trabajadores. Además, la empresa también dejó constancia de que “si recibe dinero público, es porque la ley se lo permite y lo ampara, no porque tenga un privilegio especial. Es un derecho que tienen todos los navarros, incluidos los sindicatos.”

Por último, la empresa no entiende el revuelo que se ha producido: “Nos sentimos utilizados y víctimas de una campaña electoralista. Es difícil entender las dimensiones mediáticas que ha tomado este conflicto a nivel autonómico”. La empresa entiende que el trasfondo es otro muy distinto del que puedan suscitar cuatro despidos en un periodo tan extendido como un año. Por ello, se ven como “cabeza de turco de otros intereses” que escapan a su responsabilidad.

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