El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la empresa minera Geoalcali contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anuló y dejó sin efecto uno de los permisos de explotación que obtuvo del Gobierno de Navarra para el proyecto de Mina Muga, en Sangüesa, según ha informado la empresa matriz, Highfield Resources. El Alto Tribunal deberá aclarar si Geoalcali debió solicitar un único permiso de explotación al Estado en lugar de hacer tres solicitudes distintas a las administraciones de Navarra y Aragón y al Estado.

El proyecto de Mina Muga se extiende por cuadrículas mineras que están íntegramente en Navarra y en Aragón, mientras que otras cuadrículas ocupan suelo de ambas comunidades autónomas.

Geoalcali señala que las tres administraciones le indicaron que debía pedir permisos distintos. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) dio la razón al recurso presentado por Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza, y apoyado por la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón, contra el procedimiento ejercido por el Gobierno de Navarra y Geoalcali al entender que desde el punto de vista procedimental debería haberse emitido una única concesión unificada.

La empresa destaca en todo caso que "la resolución del TSJN no cuestionó la viabilidad técnica  del proyecto ni los estudios medioambientales que lo respalda y, tampoco, los derechos mineros subyacentes. Según señala Geoalcali en una nota, la resolución del Supremo "abre ahora una revisión judicial completa sobre el procedimiento administrativo seguido en el otorgamiento de la concesión y supone un paso relevante para reforzar la seguridad jurídica aplicable a proyectos industriales y mineros que se desarrollan en varias comunidades autónomas".

De hecho, según la compañía, el proyecto mantiene plenamente vigentes autorizaciones y permisos técnicos y ambientales necesarios para su desarrollo, incluida su Declaración de Impacto Ambiental favorable única.

"Según diversas estadísticas judiciales, únicamente una minoría de los recursos de casación contencioso-administrativos son admitidos a trámite por el Tribunal Supremo, por lo que la decisión conocida ahora pone de manifiesto la existencia de cuestiones jurídicas relevantes que merecen ser analizadas por el Alto Tribunal", ha afirmado la compañía.

En este sentido, Geoalcali ha defendido que actuó "en todo momento siguiendo el criterio previamente trasladado por la Abogacía del Estado, que consideró adecuada la tramitación mediante tres concesiones mineras coordinadas -Goyo, Muga y Fronterizo- respetando tanto el marco competencial autonómico como la naturaleza suprarregional del proyecto aunque ello suponía una mayor complejidad en su tramitación".

Asimismo, el Tribunal Supremo ha identificado en la admisión de los recursos cuestiones jurídicas de interés relacionadas con el alcance competencial y la legitimación de organizaciones ambientales para recurrir actuaciones administrativas ajenas a la normativa estrictamente ambiental.

El CEO de Geoalcali, Carles Alemán, ha valorado la decisión del Supremo como "un paso muy relevante para un proyecto que acumula más de 15 años de tramitación rigurosa y exhaustiva". Según ha afirmado, "durante todo este tiempo, Mina Muga ha cumplido de forma escrupulosa todos los requerimientos técnicos, ambientales y administrativos exigidos por las distintas administraciones", por lo que, a su juicio, "la admisión de los recursos refuerza la solidez de un proyecto sostenible y estratégico tanto para España como para Europa".

Para Geoalcali, la revisión del caso por parte del Tribunal Supremo representa "la vía más sólida y garantista para alcanzar una solución estable y definitiva para Mina Muga, un proyecto considerado estratégico para Europa por su contribución a la autonomía en el suministro de materias primas esenciales y a la reducción de la dependencia exterior de países como Rusia y Bielorrusia en potasa".

No obstante, Alemán ha añadido que "el tiempo transcurrido y la complejidad del contexto regulatorio hacen necesario analizar con rigor el impacto de este nuevo retraso".

El proyecto prevé la creación de aproximadamente 800 empleos directos y hasta 7.000 empleos directos e indirectos, además de generar más de 1.200 millones de euros en ingresos fiscales durante su vida útil. Geoalcali ha señalado que continuará "trabajando de forma coordinada con las administraciones de Navarra, Aragón y el Gobierno de España para avanzar en el desarrollo del proyecto Mina Muga" y seguirá informando sobre la evolución del procedimiento judicial.