La Guardia Civil ha detectado múltiples contrataciones irregulares e incumplimientos de la ley realizados, presuntamente, por el alcalde de Corella, Gorka García Izal (Alternativa Corellana Independiente -ACI-), durante los ejercicios 2023 y 2024. En concreto, la Benemérita ha analizado los pagos realizados a más de 20 empresas, por un valor superior a los 2 millones de euros.

Así se recoge en un informe elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en el marco de la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 2 de Tudela.

Un juzgado que, como se recordará, hace ahora un año admitió a trámite una querella presentada por UPN contra el alcalde acusándole de delitos como prevaricación administrativa, malversación, y administración desleal.

UPN, que solicitó entonces la dimisión del alcalde, basó su denuncia en las irregularidades detectadas por la Cámara de Comptos en su informe sobre el ejercicio del año 2022.

Por su parte, ACI respaldó a García y mostró su convencimiento de que “no ha cometido ningún delito y, por lo tanto, este mal sueño pasará y la justicia pondrá a cada uno en su sitio”.

FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS

Con lo que ahora cuenta la justicia es con el citado el informe elaborado por la Guardia Civil sobre los ejercicios de los años 2023 y 2024, en el que se recogen unas conclusiones contundentes que ponen en entredicho la actuación llevada a cabo desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Corella.

Según este informe, durante esos años 2023 y 2024 “el Ayuntamiento pagó suministros y numerosos servicios a través de contratos de menor cuantía, cuyos importes anuales eran muy superiores a lo establecido por Ley (límite de 15.000 euros)”.

Como apunta la Guardia Civil, “estos suministros no obedecían a necesidades de urgencia o impredecibles, sino a los servicios más básicos y elementales para el funcionamiento de un Ayuntamiento como son el alumbrado público y edificios, suministro de gas, servicios de limpieza de instalaciones públicas, conserjería, atención al ciudadano en instalaciones municipales, etc”.

Otra de las actuaciones irregulares señaladas por la Guardia Civil en su informe es la relativa a la detección de varios fraccionamientos de contrato en ciertos servicios, “dividiendo el pago total en varias facturas”.

“De este modo -señala la Benemérita-, se elude publicitar y tramitar el servicio en cuestión, adjudicando directamente a una empresa la ejecución de la necesidad”.

RESTRICCIÓN DE PARTICIPACIÓN

Como tercer punto de análisis, el informe de la Guardia Civil señala que el Ayuntamiento de Corella “ha incumplido sistemáticamente los principios básicos de la Ley de Contratos Públicos al utilizar contratos de menor cuantía ocultando la licitación y privando a las empresas la posibilidad de conocer la necesidad del Ayuntamiento (principio de publicidad)”.

“De este modo -recoge el informe-, se evita un procedimiento ordinario o abierto que impide al resto de interesados poder presentar una oferta, por lo que se restringe de forma arbitraria la participación (principio de libre concurrencia y competencia)”.

“Con ello, el Ayuntamiento otorga una ventaja exclusiva a las empresas de su elección, discriminando a los licitadores que pudieran estar interesados (principio de igualdad de trato y no discriminación)”, concluye la Guardia Civil.

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La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil también recoge en su informe que tanto la secretaria como la interventora del Ayuntamiento de Corella emitieron “en numerosas ocasiones durante los años investigados -2023 y 2024- informes jurídicos e informes de reparo alertando de irregularidades en los procedimientos de contratación e incumplimiento, no solo de la Ley Foral de Contratos Públicos, sino también de la Ley Foral de Haciendas y Administración Local de Navarra, entre otras”.

Según especifica la Guardia Civil, la mayoría de los informes emitidos por la secretaria “se centran en actuaciones contrarias a derecho como el incumplimiento administrativo a la hora de tramitar los expedientes, la falta de documentación, falta de informes técnicos, o falta de previsión”.

En cuanto a la interventora, esta emitió 29 informes de reparo en 2023 y 19 en 2024. “En ellos se advertía de irregularidades de diversa índole como fraccionamientos en los objetos del contrato; ejecución de obras y servicios sin el crédito suficiente en la partida presupuestaria; entrega de subvenciones incumpliendo la ley que las regula; y pagos de facturas que superaban el umbral establecido para contratos de menor cuantía”.

LAS CORRIDAS DE TOROS

Además de todo ello, y como recoge el informe de la Guardia Civil, en algunos expedientes se detectó que el procedimiento de contratación elegido fue el simplificado y de tramitación ordinaria.

Según explica la Benemérita, “este tipo de procedimientos exige que el órgano de contratación obtenga, al menos, dos ofertas y, en caso contrario, intentar obtener una oferta adicional”. “Si no lo consiguiera o entendiera imposible cursar una nueva invitación o invitaciones, deberá justificar los motivos”, se añade en el informe.

Como relata la Guardia Civil sobre la contratación del servicio para las corridas de toros, “en el acta de la mesa de contratación, secretaria e interventora pusieron de manifiesto este extremo, reseñando que el alcalde (presidente de la mesa) manifestó que resultaba imposible cursar nuevas invitaciones, continuando el procedimiento y adjudicando el contrato a sabiendas de que era contrario a ley”.

Además, según se desprende de algunos de los escritos redactados por la secretaria y la interventora, por parte del alcalde o del equipo de gobierno “se estaban contratando y ejecutando servicios, suministros y obras con diferentes proveedores ocultando esta información a las técnicas del Ayuntamiento”.

“Una vez que se finalizaban los trabajos objetos del contrato -relata la Guardia Civil-, remitían las facturas a Intervención, momento en el que se tenía conocimiento de los trabajos realizados”. “Por parte de la interventora y de la secretaria se emitían los correspondientes informes, pero para entonces el Ayuntamiento ya había asumido una obligación de deuda. Por lo tanto, el proveedor ya había adquirido un derecho de cobro y, si el Ayuntamiento se hubiera negado al pago, conllevaría a enriquecimiento injusto por parte del consistorio, es decir, que no podía quedarse con un beneficio sin pagarlo, aunque el trámite hubiera sido irregular”, explica la Guardia Civil.