Diario de Navarra

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José Mª Aierdi, afirmó este martes, que les “preocupa” la situación de 38 familias residentes en un edificio de viviendas protegidas en Castejón cuyo contrato vence en enero, con lo que podrían ser desalojadas de los pisos. No obstante, añadió que “nos preocupa relativamente menos que en otros casos en cuanto a que Castejón no es una población en la que haya un mercado de vivienda que pueda hacernos pensar que la empresa pueda estar pensando en rescindir los contratos, poner los pisos en el mercado de la compra-venta, y desalojar a esas personas”. “Pero, evidentemente, hasta que no se alcance un acuerdo con ellos vamos a seguir insistiendo en una solución definitiva”, reflejó. En este sentido, explicó que han hecho una oferta a la propietaria del edificio “para que se pueda modificar e iniciar un nuevo proceso de calificación que permita a las personas inquilinas recibir la subvención correspondiente” y, de esa manera, obtener, en función de su renta, ayudas de entre un 25 y un 75% del coste del alquiler. Aierdi realizó este martes estas afirmaciones en la comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Parlamento foral, en respuesta a una pregunta de la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, sobre las alternativas habitacionales ante el posible desalojo de las citadas familias en la villa ferroviaria. El edificio, de Protección Oficial, como apuntó de Simón, fue construido por el Gobierno foral en régimen de alquiler en 1997. “Está dentro del modelo que utilizó UPN durante años, de manera que los contratos tenían una vigencia de 20 años con lo que la empresa inmobiliaria era propietaria de las viviendas una vez pasado esos años”. Tras indicar que el citado modelo de protección de vivienda con caducidad “no era oportuno, porque no se puede dejar la vivienda en alquiler en manos privadas”, añadió que en 2017, cuando se cumplió el plazo, se pactó con la actual propietaria una prórroga de dos años de los contratos de alquiler, que finaliza en enero de 2020. “Es una cuestión grave ya que en Castejón hay personas que no van a poder hacer frente a los alquileres porque me consta que la empresa ya ha subido esos alquileres a algunas de las familias. Y si las familias fueran desahuciadas tampoco hay capacidad de vivienda pública en la localidad para alojarlas”, indicó, al tiempo que añadió que “es evidente que la empresa está en su derecho de hacer lo que quiera con las viviendas”. CONTACTOS Y GESTIÓN Respecto a los pasos dados por el Gobierno foral hasta la fecha en este caso que, según Aierdi, “nos ha ocupado y sigue ocupando hasta que se resuelva de manera satisfactoria para los intereses de los vecinos,”, dijo que están trabajando en el mismo desde hace varios meses “en colaboración con el Ayuntamiento de Castejón y los propios vecinos y vecinas”. De hecho, indicó que han tenido reuniones con consistorio y afectados tanto en Pamplona como en la villa ferroviaria. Coincidió con Simón en que este caso “es consecuencia de una manera y forma de promover la vivienda en alquiler que prácticamente dejaba en aquel tiempo en manos de la promoción privada la gestión de ese suelo”. Dijo que las viviendas de Castejón citadas son propiedad ahora de Global Pantelaria, vinculada a un grupo que encomendó su gestión a otra sociedad “que tiene su razón social en Valencia, con lo cual, la problemática de capacidad de gestión, de comunicación y relación, en este sentido, todavía se dificulta enormemente”. Añadió que han tenido varios contactos telefónicos con esa sociedad y han quedado en varias ocasiones para mantener una reunión en Pamplona, “que no se ha producido después de haber señalado las fechas concretas”. “Hace unos días le enviamos una carta instándole a reunirnos, trasladándonos a Valencia si era necesario”, dijo Aierdi. “La gestión por parte de la entidad ha sido, vamos a decir, que precaria, porque, incluso manteniendo los precios, ha renunciado a las subvenciones que tenía posibilidad de obtener y que garantizaba el pago, en mayor medida, de los inquilinos”, aseguró.

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El Gobierno foral muestra su preocupación por un posible desalojo en Castejón

Está a la espera de una reunión con la propietaria de 38 viviendas protegidas con contrato hasta enero

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