Diario de Navarra

Los equipos de servicios sociales de base que operan en siete zonas de Tierra Estella han hecho pública su preocupación por “el retroceso en la accesibilidad y garantía” de los derechos que gestionan. Su inquietud está motivada por dos cuestiones principales. La primera, la desaparición de las Unidades Administrativas de Tramitación que daban salida a los expedientes de Ingreso Mínimo Vital y Renta Garantizada en las zonas rurales. La segunda, el aumento de los retrasos en las valoraciones y resoluciones de diferentes prestaciones públicas. A su juicio, ambas tendencias suponen un “retroceso en la garantía efectiva de derechos sociales y un debilitamiento del modelo público de atención social que Navarra ha construido durante décadas: cercano, descentralizado, garantista y centrado en la persona”. Quienes así lo suscriben en un escrito son representantes de los equipos técnicos de la Mancomunidad de Servicios Sociales de las zonas de Allo, Ancín-Améscoa, Estella, Iranzu, la formada por Lazagurría, Mendavia, Sartaguda y Sesma, la de la zona de Los Arcos y la de Valdizarbe. La situación que describen se agudiza con una decisión que centraliza en Estella esas unidades desplegadas hasta ahora por los pueblos. “Navarra ha sido durante años un referente por su modelo de servicios sociales de base. No se trata de un diseño administrativo cualquiera, sino de una forma de entender la intervención pública: próxima al territorio, accesible para la ciudadanía y orientada a proteger de manera efectiva a quienes más apoyo necesitan. En una comarca como Tierra Estella, con una realidad marcadamente rural y dispersa, con transporte público escaso entre los municipios, la imposibilidad de tramitar prestaciones en nuestros pueblos con la imposición del repliegue de las Unidades Administrativas de Tramitación tiene graves consecuencias en la vida de las personas. Esto no es una incomodidad menor, es una barrera real. Cuando los derechos se alejan físicamente de entorno de la ciudadanía, dejan de ser plenamente accesibles”, sostienen. Su inquietud se extiende al retraso en valoraciones como la discapacidad, la dependencia y la garantía de ingresos. “El incumplimiento de los plazos legalmente establecidos en el decreto foral que regula la cartera de servicios sociales genera desprotección, agrava el malestar y aumenta la desigualdad”, reiteran. Y lo ilustran. “En el ámbito de la discapacidad se retrasa de manera desproporcionada, se bloquea durante más de veinte meses el acceso a otros derechos asociados como apoyos técnicos, beneficios fiscales o prestaciones complementarias como la tarjeta de aparcamiento. Así mismo, una persona susceptible de ser reconocida en situación de dependencia debe tomar decisiones como ingresar en una residencia sin saber si le corresponderá dicha prestación lo que provoca inseguridad, indefensión, sobrecarga familiar y posible perjuicio económico o esperar más de un año para acudir a un centro de día”. Los técnicos de servicios sociales se refieren igualmente a lo que ocurre cuando una familia acredita su derecho a la garantía de ingresos y debe esperar más de seis meses a esta prestación “incumpliéndose el plazo legalmente establecido para su concesión”. Algo -prosiguen- que tiene “dramáticas consecuencias en necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y la salud”. En este contexto, solicitan la vuelta de esas unidades para poder hacer los trámites sin necesidad de desplazarse a Estella. De igual forma, reclaman el cumplimiento de los plazos de valoración y resolución de las prestaciones garantizadas legalmente establecidos. “Estas medidas resultan imprescindibles para promover, proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía, que en estos momentos están siendo gravemente vulnerados".

Diario de Navarra

Preocupación por el "retroceso" de derechos sociales en Tierra Estella

Los equipos técnicos de siete servicios sociales de base de la merindad advierten del efecto de suprimir las unidades de tramitación en los pueblos junto al retraDerecso en la valoración y resolución de diferentes prestaciones públicas

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