Diario de Navarra

Más de una década después de que la ampliación de una licencia para explotar la cantera de Bearin enfrentara al Ayuntamiento del valle de Yerri y a la empresa Vresa el litigio llega al Tribunal Supremo, el último paso de un largo recorrido judicial que se inició en 2004. La firma de canteras y hormigones acude ahora en casación ante el alto tribunal contra una sentencia del pasado septiembre por la que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN (Tribunal Superior de Justicia de Navarra) desestimaba íntegramente un recurso que la empresa había presentado ante un fallo anterior. Una decisión en la que los tribunales -en este caso el juzgado contencioso administrativo número 3 de Pamplona- habían descartado la existencia de responsabilidad patrimonial por parte del consistorio, lo que liberaba a Yerri de hacer frente a una indemnización de casi cinco millones de euros. Los últimos pasos judiciales en el proceso se han sucedido a lo largo de 2019. En enero, tuvo entrada en el Ayuntamiento del valle la sentencia en la que el citado juzgado de lo contencioso administrativo de la capital navarra desestimaba la demanda interpuesta por Vresa contra un acuerdo que el pleno municipal había adoptado en octubre de 2017. De esta forma, se rechazaba en su totalidad la reclamación de 4,9 millones que la mercantil le había pedido en concepto de los daños ocasionados al haberle denegado el Ayuntamiento del valle la licencia de actividad para el proyecto de ampliación de la explotación de la cantera denominada Estandeta III. La corporación descartaba así la responsabilidad administrativa del consistorio que Vresa sí consideraba existía con la denegación de la licencia solicitada en el año 2004, el punto de partida de la confrontación que fue objeto a partir de ese momento de diferentes recursos contenciosos hasta que finalmente el ayuntamiento se la otorgó en el año 2016. El acuerdo municipal no convenció a la mercantil, que siguió con la defensa de su reclamación en los tribunales hasta llevar el tema el pasado diciembre al Supremo haciendo uso de la opción de recurrir en casación. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Los últimos argumentos judiciales que han conducido a Vresa a llevar el caso al alto tribunal se emiten en la sentencia del TSJN del 18 de septiembre de 2019. La Sala de lo Contencioso Administrativo expone, entre otros planteamientos, que es sobradamente conocida la doctrina relativa a la responsabilidad patrimonial por el normal o anormal funcionamiento de las administraciones públicas. Conforme a la jurisprudencia analizada, manifiesta que “no cabe interpretar” el precepto que se aborda con “tesis maximalistas de uno y otro sentido, como si dijera que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar responsabilidad patrimonial de la administración, ni tampoco cabe afirmar que siempre se producirá tal responsabilidad”. Estima, en este caso, que la “demandante no tiene derecho a indemnización alguna”. La sentencia considera que tampoco procede estimar el punto sobre el pago de costas esgrimido en el recurso e impone su abono a Vresa como parte demandante. CLAVES 1 La reclamación de la empresa. El Ayuntamiento otorgó finalmente a Vresa la licencia de la cantera en 2016, pero la empresa defendió su derecho a verse compensada económicamente por los perjuicios ocasionados. 2 Los cálculos en los que la basaba. La indemnización de 4,9 millones que ha sido de nuevo desestimada y que queda pendiente del Supremo está basada en los siguientes conceptos: 1,4 millones como “daño emergente” por el transporte de caliza entre la cantera de Murieta y la planta de Bearin, 1,8 millones por los beneficios dejados de percibir, 1,5 millones por el coste para Vresa por reanudar la actividad tras lograr lalicencia y 193.800 € por lo gastado en asesoramiento legal.

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El litigio por la cantera de Bearin vive su último capítulo en el Supremo

El inicio del contencioso entre Vresa y Yerri se inicia con la denegación de una licencia en 2004

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