Diario de Navarra

La decisión por la que el Ayuntamiento de Estella anuló la pasada legislatura los convenios urbanísticos suscritos en los mandatos precedentes para la construcción de una ciudad deportiva y que dieron lugar al llamado caso Oncineda -en referencia a los terrenos en los que iba a construirse- acaba de recibir un primer respaldo judicial. El Juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona desestimó la semana pasada-en un fallo con fecha 2 de septiembre- el recurso que uno de los propietarios de este suelo había presentado contra el acuerdo adoptado por el pleno municipal en junio de 2018. En aquel momento, tras conocerse el dictamen que se había solicitado sobre el tema al Consejo de Navarra, se determinó la revisión de oficio y la declaración de nulidad de los convenios -también en su caso de los anexos posteriores- suscritos entre los años 2006 y 2008 -bajo la alcaldía de la socialista María José Fernández, primero, y de la regionalista Begoña Ganuza, después- para adquirir las parcelas donde iba a alzarse un complejo deportivo que no llegó a hacerse realidad. El fallo judicial es el primero de los dictados tras los recursos interpuestos por distintos propietarios disconformes con ese acuerdo plenario que dejaba sin efecto los convenios expropiatorios suscritos en su día. La sentencia considera que el Ayuntamiento actuó conforme a derecho cuando acordó anularlos, rechaza los motivos de impugnación planteados y condena a costas a la parte recurrente aunque cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. EL TEMA DE MAYOR CRISPACIÓN El que ahora ha resuelto un nuevo capítulo en los juzgados constituyó, durante el pasado mandato tripartito con EH Bildu en la presidencia de la Corporación, el tema que mayor crispación política generó ante las consecuencias que hacer frente a las indemnizaciones a los propietarios tras el incumplimiento de los convenios urbanísticos hubiera podido suponer para el Ayuntamiento. El dictamen del Consejo de Navarra emitido el 21 de mayo de 2018, aunque no vinculante, sí señaló al Ayuntamiento el camino a seguir. Unas semanas después, el 7 de junio de 2018, se declaraba su nulidad con el asentimiento de los cinco grupos que se sentaban entonces en el salón de plenos: UPN, Bildu, Ahora-Orain, PSN y Geroa Bai. Como recoge la sentencia en su recorrido por los antecedentes del caso, se consideró entonces -fue uno de los argumentos principales para esa revocación- que los convenios y anexos “fueron aprobados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello y por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia”. El juzgado considera que la revisión de oficio y nulidad decidida por el Ayuntamiento de Estella “no sobrepasa los límites de la equidad, de la buena fe y el derecho de los particulares” ya que se ha acreditado que ha habido en la “suscripción de los convenios y anexos, entre ellos los de los recurrentes, una ausencia total de procedimiento”. Expone que se derivó de ellos “un claro perjuicio para el interés público” y alude, en concreto, a la aceptación de un justiprecio de 108 €/m2 para uno de los propietarios tras el incremento de valor de esa parcela de hasta “un 245%” respecto a las restantes, que se había fijado en 43 €/m2. Anulación “para garantizar el interés general” Entre sus argumentos, la sentencia esgrime que esa revisión de oficio para proceder a la nulidad de los convenios tuvo como objeto “garantizar el interés general que no puede quedar vencido por la seguridad de los actos administrativos de unos determinados particulares”. Ahonda en que para los convenios y anexos se prescindió “de los trámites legales previstos” para ser dictados “por órgano no competente”habiéndose acreditado que “su mantenimiento causaría un grave perjuicio al interés público”. Todo ello -añade- “sin perjuicio de que los afectados por la nulidad puedan reclamar los daños y perjuicios que acrediten les ha causado esa actuación administrativa”. En cuanto al papel de la alcaldía en la firma de los convenios urbanísticos de expropiación, se expone que “carecía de competencia para ello” y que no se puede hacer una consideración aislada de cada una de las parcelas, como se ha planteado. En su totalidad -detalla- “el importe a satisfacer por la adquisición de los terrenos alcanzaba los 4,13 millones”. Una cifra “superior al 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto municipal que se establece como límite para esa atribución.

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Aval judicial a la decisión municipal de anular los convenios de Oncineda

Desestimado el recurso que interpuso uno de los propietarios de terrenos contra el acuerdo tomado la pasada legislatura

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