Los planes para el gaztetxe chocan dentro y fuera del equipo de gobierno estellés

Los planes que baraja Bildu para el gaztetxe que ocupa desde el verano el edificio conocido como Hospital Viejo de Estella chocan con la visión que del uso futuro de ese espacio se tiene tanto dentro como fuera del equipo de gobierno. El aval que el grupo en la alcaldía ha concedido a los jóvenes okupas desde el primer momento se extiende a la nueva etapa de un edificio en el que se construirán viviendas de alquiler social toda vez que, según lo expresado por el alcalde Leoz, se considera que los ocupantes llevan a cabo un proyecto cultural con distintas ideas para desarrollar. Con la defensa de su actividad por delante, Bildu ha negociado durante este tiempo con los okupas para limitar su uso a la capilla, situada en la planta baja del inmueble y de titularidad municipal. Es esa intención -dejar que convivan el gaztetxe con los pisos de alquiler social- reiterada el pasado lunes tras la firma del convenio con el Gobierno de Navarra para la rehabilitación de las viviendas lo que genera ese rechazo por parte de su socio Geroa Bai como de la oposición tanto de UPN como de PSN. QUE SE CUMPLA LA ORDENANZA Los dos concejales de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Estella, Ricardo Gómez de Segura y Pablo Ezcurra, salieron al paso el miércoles ante un planteamiento con el que se declaran en total desacuerdo. “Tienen que cumplir con la ordenanza como el resto de colectivos que utilizan otros espacios municipales cedidos. Y luego, si hay más interesados en ocupar ese en concreto, debe cumplirse con la concurrencia para que todos puedan optar por igual”, señalaron. La futura utilización de la capilla en los términos planteados les genera más dudas, por lo que no apoyarán un acuerdo de esas características. “Es un espacio que puede resultar muy interesante para la utilización municipal o para servir a otros usos vecinales y del barrio. Todo esto hay que discutirlo”, subrayó Ricardo Gómez de Segura. Igualmente desde el PSN los ediles Ignacio Sanz de Galdeano y Jorge Crespo se mostraban el miércoles muy críticos con las intenciones de Bildu. “El propio grupo que ha elaborado una ordenanza para regular las cesiones de locales a colectivos de Estella ahora no la aplica en este caso. La normativa debe cumplirse como con todos los demás porque es una ilegalidad no hacerlo”, sostienen. La regulación a la que se refieren, aprobada el año pasado, tiene como objetivo fijar los criterios y el procedimiento a seguir para ceder el uso de locales de propiedad municipal a asociaciones o colectivos que lo soliciten. Bajo su paraguas deben tener cabida tanto espacios de los que ya se dispone como los de nueva creación concentrados en el piso de la calle San Agustín y en el edificio de la estación de autobuses. La cesión al gaztetxe con la ordenanza en la mano 1 Solo a asociaciones registradas. La ordenanza contempla como condición indispensable para que el Ayuntamiento ceda el uso de uno de sus locales que la asociación interesada no tenga ánimo de lucro y esté inscrita en el correspondiente registro de la Comunidad foral de Navarra y, en su caso, en el registro municipal de asociaciones del Ayuntamiento. Solo en estos caso podrán hacer la solicitud “para realizar actividades propias de su objeto social”. 2 Años de implantación y beneficiarios de la actividad. Entre los criterios de adjudicación para decidir a quienes se ceden los locales entre aquellos que lo hayan solicitado previamente por escrito se tendrán en cuenta aspectos como “la periodicidad del uso solicitado, el número de potenciales entidades beneficiarias de la actividad, los años de implantación en Estella, la participación activa en el municipio y su impacto sobre actividades privadas que se desarrollan en la ciudad”. 3 Gastos. En los locales cedidos para el uso individualizado por parte de una sola asociación, la ordenanza determina que deberá hacerse cargo del abono de los suministros necesarios para su actividad, como agua, luz, gas, calefacción y limpieza. En los de uso compartido, los gastos se repartirán proporcionalmente entre las distintas entidades adjudicatarias en función de la utilización de cada una.

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