Diario de Navarra

Responsables de la Asociación GuraSOS de Guipúzcoa, denunciante de irregularidades en la incineradora de residuos de Zubieta (Guipúzcoa), comparecieron este viernes 15 de marzo en una sesión de trabajo de la comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra en la que se abordó el envío de lixiviados de Guipúzcoa a la planta Ecofert de Artajona. Recibió, entre los años 2022 y 2023, más de 5.000 toneladas de lixiviados líquidos de la planta de tratamiento de residuos de Guipúzcoa para los que no estaba autorizada, lo que conllevó a que el Ejecutivo foral decretase su cierre, que aún no se ha producido a la espera de que se resuelvan las correspondientes alegaciones. Fue Joseba Belaustegui Cuesta, abogado y portavoz de GuraSOS, el encargado de intervenir. Informó de las incidencias y deficiencias detectadas en la planta de Guipúzcoa y calificó el envío de residuos a Artajona de “sumamente grave” ya que, según dijo, el Gobierno Vasco estaba al tanto. Aseguró también que la asociación remitió varios informes a la Inspección Ambiental del Ejecutivo foral acreditando la toxicidad de los residuos enviados. “A pesar de las directrices de una autoridad ambiental integrada, el Gobierno Vasco no verificó la caracterización del residuo, ni en su origen ni en destino. Esta falta de verificación es una grave omisión que afecta tanto al origen como al destino del residuo, ya que el proyecto ambiental exige una caracterización previa de cualquier residuo, especialmente cuando hay evidencias de contaminación”, dijo Belaustegui, quien indicó que desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023 se enviaron todas las aguas del proceso y lixiviados de la planta sin discriminación alguna. Aludió también a la falta de diligencia en el análisis y seguimiento del Gobierno foral de los residuos recibidos. “A pesar de las alarmas y toxicidad sobre algunos residuos no se realizaron análisis ni tampoco se investigó su origen”, criticó. RESIDUOS "ECOTÓXICOS" En su intervención, el parlamentario de UPN Miguel Bujanda fue muy crítico y explicó que tras pedir al propio departamento del Gobierno de Navarra datos sobre los análisis a los que se sometió a los lixiviados y preguntar sobre su toxicidad se les contestó que no lo eran. “No solo se nos dijo que no, sino que la conclusión es clara ya que los resultados eran diez veces mayor a lo permitido, siendo ecotóxicos con peligrosidad HP-14”, expuso Bujanda que calificó lo sucedido, que ha denunciado ante el Seprona, como un delito muy grave contra la salud pública, la salud de la tierra y el medio ambiente. Carlos Guzman, de Contigo, se refirió a lo sucedido como “un cúmulo de errores y despropósitos que hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir”. Por parte del PSN, Carlos Mena dijo que lo realmente importante es que Ecofert recibía unos residuos para los que no tenía autorización; mientras que Pablo Azcona, de Geroa Bai, aseguró que el departamento de Desarrollo Rural “ha trabajado con diligencia y responsabilidad”. Adolfo Araiz (EH Bildu) afeó la “actitud relajada del Gobierno de Navarra” y Emilio Jiménez, de Vox, aludió a la falta de transparencia. Para Irene Royo (PP), el tema es “muy delicado” y lo tomó con cautela a la espera de que se resuelvan las denuncias e investigaciones.

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Critican que el Gobierno no verificó los residuos que llegaban a Artajona

La asociación GuraSOS indicó que remitió informes a la Inspección Ambiental del Ejecutivo que acreditan la peligrosidad de lo enviado desde Guipúzcoa

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