El Juzgado de primera instancia nº 1 de Tafalla ha concluido la instrucción relacionada con un vertido de la macrogranja Valle de Odieta de Caparroso y concluye que puede ser constitutivo de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

La magistrada ya ha trasladado su decisión a la Fiscalía y al resto de partes para que formulen su escrito de acusación o defensa y la apertura de juicio oral. En su auto, que ha sido recurrido por la empresa y está a expensas de resolverse, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones contra Corraliza Tomillar Sociedad Cooperativa y HTN, ya que no aprecia indicios de delito suficientes contra ellas.

La investigación se remonta a enero de 2021, cuando, según el auto del juzgado, personal de la granja, con 7.200 vacas, regó varias parcelas con digestato empleando “medios no autorizados consistentes en aspersores y pívots de riego que repartieron el digestato sin control por toda la superficie de cultivo y pastos arbustivos”. Añade que, según la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del Gobierno foral para esta explotación de ganado vacuno de leche y una planta de biometanización de residuos orgánicos, el uso del digestato tenía que hacerse con cisternas con tubos para un reparto uniforme.

En cuanto a la cantidad de digestato (material que queda después de la digestión anaeróbica de lodos de aguas residuales, desechos de alimentos, desechos animales u otros productos), señala que fue tal que se produjo un encharcado de las parcelas “debido a que la infiltración colapsó la capacidad de absorción del terreno”. “Debido además a las irregularidades del terreno, parte del digestato se acumuló en charcos en las parcelas y otra parte fue evacuada por escorrentías, las cuales llegaron de forma directa al río Luis Alberto, modificando paisajísticamente el entorno al quedar restos de la cascada producida por el digestato en cortados rocosos del entorno”. Otra parte acabó en acequias y en una balsa natural.

La magistrada añade que la forma de repartir el digestato hizo que llegara a terreno catalogado como ‘Pastos arbustivos’, que acabó quemado en parte y cambió su estructura vegetativa apareciendo especies nitrófilas por el exceso de nitrógeno. Concreta que la superficie afectada fue de 16.000 m2 e incide en que llegó hasta la Zona de Especial Conservación (ZEC) Luis Alberto y del Arga, donde viven el visón europeo y el galápago europeo, “claves para la gestión de la zona”. También afectó a una cueva donde hay murciélagos ratoneros grandes y medianos, “de gran importancia”.

"INCOMPATIBLES CON LA VIDA"

La magistrada se basa en varios informes de la Policía Foral y del Equipo de Biodiversidad de Gestión Ambiental de Navarra. Este último fija el impacto en tres aspectos. Uno es la balsa de Germán, “de gran importancia para especies gravemente amenazadas”, destacando que, como consecuencia del vertido, “las condiciones de la balsa pasaron a ser incompatibles con la vida, al menos para la fauna vertebrada”. La segunda cuestión es el impacto en la ZEC Luis Alberto y del Arga con varios puntos de vertido; y la tercera, las consecuencias en áreas próximas y a la ZEC de Bardenas.

Otro informe del Guarderío de Medio Ambiente considera que el vertido supuso varias infracciones administrativas a diferentes leyes en lo relacionado a las afecciones a fauna y flora, especies protegidas, espacios naturales protegidos, etc. Y también habla de la posibilidad de existencia de delito al producirse vertidos que causan daños sustanciales en la calidad del suelo, las aguas, animales o plantas.

ARGUMENTO DE LA EMPRESA

La magistrada refleja que responsables de la macrogranja aportaron informes periciales, pero dice que el momento de valorar esas posibles contradicciones debe ser en el juicio oral. También defendieron que pueden existir dudas sobre si la forma de riego utilizada estaba autorizada por normativa europea, aunque no lo fuera por la AAI; la extensión de los vertidos; y la gravedad del riesgo producido. Algo que, insiste la magistrada, debe dirimirse en el juicio.

Además, acuerda sobreseer las actuaciones contra Corraliza Tomillar Soc. Cooperativa y HTN, al no apreciarse suficientes indicios de delito. Señala que ambas compartían con la granja la AAI, pero que no se ha acreditado que intervinieran en la decisión de regar mediante pívots. De hecho, los informes atribuyen el delito a la macrogranja y no a estas entidades.

Tras la decisión judicial, la Plataforma contra las Macrogranjas -en la que se integran Greenpeace y la Fundación Sustrai y que presentó una denuncia en 2021 por el vertido- reiteró la necesidad de investigar “hasta las últimas consecuencias los posibles delitos ambientales y de depurar responsabilidades”. Reclamó al Gobierno foral que se implique en la defensa de los espacios protegidos y exigió más medios y recursos para revertir la situación de los territorios contaminados por exceso de nitratos asociados. Por último, pidió al Ejecutivo que abandone el modelo de agroganadería industrializada “que está favoreciendo” e impulse un sistema agroecológico local que favorezca el retorno al campo.