Diario de Navarra

El Ayuntamiento de Tafalla, gracias a los ocho votos favorables de los ediles de Bildu y el de la concejala de I-E, aprobó en la sesión plenaria celebrada este martes a última hora de la tarde la modificación de la ordenanza reguladora de los bienes comunales del término municipal tafallés. Ambos grupos consiguieron sacar adelante por fin la modificación de texto que ya se había llevado a pleno con anterioridad pero que, en su día, fue retirado del orden de asuntos a tratar. El resto de grupos de conforman el arco municipal -UPN, IT, PSN y el edil no adscrito Juanjo Martínez-, votaron en contra de la modificación por no compartir la prohibición de usar semillas transgénicas en los cultivos del comunal. El concejal de agricultura, Juan Andrés Ramírez (Bildu) , fue el encargado de explicar los pormenores de la modificación de la ordenanza. Según dijo, se ha buscado introducir una serie de mejoras que el consistorio había ido detectando. Algunas de ellas se concretan en la actualización de medidas -pasando de robadas a hectáreas-, la ampliación del plazo de adjudicación de los lotes sobrantes, la actualización e incremento de las sanciones -leves, graves y muy graves-, o la ampliación del plazo de prescripción de las sanciones; además de la prohibición del uso de semillas transgénicas en los cultivos. Desde IT, José Ignacio Moros, se mostró de acuerdo con todas las modificaciones salvo con la referida alos transgénicos. “No contamos con ningún informe que diga que son malos y estamos creando una situación de agravio comparativo con los agricultores de terrenos particulares que sí podrán usarlas. Pensamos que se trata de algo que debería estar regulado por Europa”, dijo. En la misma línea se manifestó el portavoz de UPN, Pablo Larrasoaña, para quien el consistorio debería aplicar una medida menos drástica como, apuntó, la bonificación de los agricultores que no usasen transgénicos en los cultivos. Ramírez les respondió que sí existe una legislación europea que deja en manos de cada país decidir si los prohibe o no, algo que no hace España. “Pensamos que debe verse como una ventaja competitiva para el comunal de Tafalla, porque será más valioso”, concluyó. Relacionados con el comunal también se dio luz verde a otros dos acuerdos, en este caso por unanimidad. Por un lado, se aprobó la propuesta de incoar el expediente de recuperación de bienes comunales cultivados de forma irregular y también salió adelante la propuesta para llevar a cabo la subasta pública para la adjudicación de lotes comunales cuyos propietarios los han dejado. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Tafallá acordó adoptar “los compromisos necesarios para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energías renovables”. Según explicó el alcalde, Arturo Goldaracena (Bildu), se trata de una serie de compromisos adoptados en el marco del Pacto de Alcaldías al que se adhirió hace un tiempo el consistorio tafallés y que contempla, entre otras cosas, la reducción de emisiones de dióxido de carbono en el municipio en un 40%, como mínimo, hasta el año 2030. Un trabajo, que según añadió Goldaracena, el consistorio tafallés ya está llevando a cabo a través del proyecto Egoki en el que lleva trabajando desde hace unos meses y cuyas acciones van encaminadas a la consecución de prácticamente los mismos objetivos que persigue el Pacto de Alcaldías. “Nos quedaría por adoptar la metodología de Egoki a lo que se pide desde Europa que es lo que rige el pacto”, puntualizó. En el turno de ruegos y preguntas, el alcalde respondió a las tres cuestiones que el portavoz regionalista puso sobre la mesa en la sesión anterior, todas ellas relacionadas con la problemática suscitada en torno a algunos garitos de la localidad. Hace un mes, UPN acusó al alcalde de “inacción” en este tema, una afirmación que negó Goldaracena. El alcalde cifró en cuatro los garitos clausurados y en catorce locales los denunciados. Preguntado por la resolución del TAN que obliga al consistorio a indemnizar a una familia, Goldaracena argumentó que el tribunal consideró que el consistorio actuó tarde pero que la denuncia fue posterior a la clausura del local.

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