La sociedad pública de vivienda Nasuvinsa hizo en sus cuentas de 2022 una provisión de 932.842 euros debido a los problemas en la construcción de cuatro viviendas de protección oficial de alquiler en Garralda (Navarra), que tuvieron un coste de 2,12 millones. Nasuvinsa presentó en 2025 una demanda judicial contra los autores del proyecto por dos errores que supusieron un sobrecoste de 330.000 euros. No obstante, la Intervención Delegada ha alertado de un presunto quebranto económico a la Hacienda foral por estos hechos y por “financiar inversiones por encima del precio de mercado” habida cuenta de que cada vivienda costó de media 532.270 euros, sin contar el precio del suelo.

Nasuvinsa sacó en 2020 a licitación las obras para construir cuatro VPO de alquiler en Garralda por 1,3 millones (IVA incluido). Previamente había hecho un concurso de proyectos (68.970 euros), que ganó un equipo de dos arquitectos. En agosto de 2021, la constructora empezó a colocar la celosía de madera de la cubierta, que tiene gran pendiente. Los operarios descubrieron que los rastreles cedían y forzaban la tornillería. Así se percataron de la existencia de un error en el diseño de la cubierta.

Las obras estuvieron paradas seis meses hasta que la dirección facultativa propuso un nuevo sistema de sujección. Esto supuso un sobrecoste de 273.495 euros. Otro sobrecoste (58.427 euros) vino de la necesidad de hacer un muro de contención que tampoco estaba contemplado en el proyecto. Otras modificaciones, revisiones de precios e indemnizaciones sumaron otros 217.000 euros. Unido a las licencias y otros gastos dan los 2.129.081 euros totales de la promoción. Las obras terminaron en septiembre de 2022. Cada VPO tiene una superficie útil 80 m2 y combina elementos de la arquitectura local y otros modernos. En 2024, el proyecto consiguió dos galardones de distintos colegios de arquitectos.

El contrato para la construcción de las 4 VPO de Garralda fue objeto de un reparo suspensivo en septiembre de 2025, que no ha sido publicado en el Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra. Casi un año después, se ha podido conocer gracias a otro reparo, en este caso no suspensivo, sobre ayudas europeas a viviendas. En su informe, el interventor delegado habla de incumplimientos de la Ley de Contratos Públicos, una “errática gestión de Nasuvinsa” y falta de diligencia de la supervisión de la obra. “Sorprende que durante casi año y medio de ejecución de la obra nadie se diese cuenta de que faltaba el acceso a las viviendas en el proyecto”, pone como ejemplo.

En su informe de fiscalización, el interventor afirma que la desviación de costes fue del 34%, por lo que Nasuvinsa tendría que haber parado las obras y sacar una nueva licitación. También reprocha que Vivienda haya tardado tres años en presentar una demanda judicial contra los autores del proyecto, lo que reduce las probabilidades de obtener una sentencia favorable.

En informe explica que en septiembre de 2024, el interventor descubrió que la promoción de Garralda había provocado un deterioro contable (provisión) en las cuentas de Nasuvinsa de 2022, que asciende a 932.848 euros. “Nasuvinsa reconoce un 44% de deterioro en el coste de la inversión que se quiere financiar con fondos europeos”, afirma el interventor, que explica que solicitó a la empresa pública los criterios para decidir dicho deterioro, “pero no se obtuvo respuesta”.

Las VPO de Garralda tenían una subvención de 200.000 euros de los fondos europeos MRR. A raíz del reparo suspensivo, el Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra escribió al ministerio para consultar si dicha subvención se podía aplicar a otra promoción de VPO de Sangüesa. El ministerio aceptó el cambio, para lo que se firmó un adenda. De esta forma se ha evitado tener que devolver esos fondos.

El reparo suspensivo de las VPO de Garralda se suma a otros que la Intervención Delegada de Vivienda ha hecho sobre distintas promociones de vivienda protegida cuyos costes estaban por encima de los precios de mercado. Uno de los ejemplos que ponía son los 32 apartamentos para mayores construidos en Azpilagaña en 2024 con estructura de madera, que tenían una superficie media de 65 m2 y que costaban unos 348.000 euros. 

Sin embargo, tanto la secretaría general técnica de Vivienda y la Intervención General han discrepado de las conclusiones del interventor delegado. Señalan que no hay limitación en el coste de la VPO, que los sobrecostes se deben a las mejoras de calidad y eficiencia energética y que los contratos que ejecuta Nasuvinsa no están sujetos a la Intervención sino a auditorías externas. En el caso de Garralda, el metro útil construido tuvo un coste 6.456 euros, según el informe del interventor, que destaca que es 4,28 veces el coste del módulo de VPO.